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“Consentir que encarcelen a Alfon y otros luchadores sociales supondría normalizar la opresión”

Posted in Justicia, Manipulación, Política, Sociedad, Terrorismo on 10/08/2014 by athelvok
8/8/2014  x Canarias Semanal En el siguiente comunicado, que reproducimos íntegramente, su familia apela a esta solidaridad para evitar que Alfon se convierta en un nuevo preso político

El próximo 18 de septiembre se celebrará, en la Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra Alfon. El joven madrileño del barrio de Vallecas que fue detenido durante la huelga general del 14N. Alfon fue detenido aquel día mientras se dirigía a un piquete y fue acusado de “tenencia de explosivos”, lo cual fue denunciado desde el primer momento por su entorno como un montaje policial. Se le aplicó prisión preventiva y a los dias ingresar en prisión el régimen FIES. Su caso desató una auténtica ola de solidaridad que llegó a traspasar las fronteras del Estado español.

La fiscalía pida para el cinco años y medio de prisión. Además Alfon, como otros muchos activistas sociales y políticos, tiene que hacer frente a otra causa en la que le le acusan de “atentado a la autoridad” durante un control policial en Vallecas. Este juicio se celebrará el 8 de julio en el juzgado de lo Penal número 26 y la petición fiscal para este caso es de 15 meses.

Según su abogado, Erlantz Ibarrondo no se ha encontrado ninguna huella de Alfon en las supuestas pruebas presentadas y tampoco se ha encontrado nada que le incrimine durante los registros efectuados en su domicilio. Pese a ello, el recrudecimiento de la represión estatal contra la contestación social podría conducir a su condena, si la movilización y la solidaridad no logran impedirlo.

En el siguiente comunicado, que reproducimos íntegramente, su familia apela a esta solidaridad para evitar que Alfon se convierta en un nuevo preso político del Estado español.


LLAMAMIENTO DE LA FAMILIA DE ALFON A LA SOLIDARIDAD CON SU CAUSA

Escribimos esto con la intención de sensibilizar a la clase obrera con la causa de nuestro hijo, hermano, nieto, primo y sobrino Alfon. Son muchos los argumentos políticos que podemos ofrecer respecto a la causa de nuestro familiar, como hacemos en otros comunicados, pero esta vez queremos darle una perspectiva más cotidiana, expresarnos como familia.

Nosotros como familia nos encontramos ante una situación complicada, comprendemos que son muchos los presos políticos en este Estado y en otros, que son muchas las causas que tenemos pendientes y muchos los frentes en los que luchar, pero en este momento es esta nuestra más importante batalla. La batalla porque no encarcelen a alguien inocente, porque no le sometan a un juicio por el simple hecho de ser una persona concienciada y luchadora, alguien que no tiene miedo a expresar sus ideas y plasmarlas en su día a día, alguien que lucha por sus semejantes, por la liberad de los mismos, por la justicia. No será juzgado por una acción, será juzgado por sus ideales, lo que demuestra que progresivamente estamos siendo más reprimidos.

No luchar contra ello, normalizar cada vez que nos arrebaten la libertad para expresarnos, solo sería cavar nuestra propia tumba, asumir que seremos oprimidos sin poner remedio alguno y que esto no tendrá consecuencia alguna para los opresores. Consentir el encarcelamiento de Alfon, y de otros presos por luchar sería asumir como algo normal las lágrimas diarias de todas esas familias, sería aceptar ver entre cristales semanalmente a nuestro seres queridos, significaría normalizar el hecho de que nos arrebaten la posibilidad de construir nuestra vidas libremente, sin que nadie nos oprima y obligue a seguir un camino justo. No se trata únicamente de Alfon, para algunos es uno entre tantos y es comprensible que para nosotros sea algo más, pero si no hacemos nada al respecto serán muchas abuelas sin nietos, muchos padres sin hijos, muchos hermanos sin hermanos… será una clase obrera sin luchadores.

Comprendemos que será nuestra casa la que quedará vacía, seremos quienes viajen hasta las cárceles, seremos quienes sufriremos su ausencia durante años y quienes vean cómo poco a poco le destruyen, ero, al igual que luchamos y lucharemos por muchas otras causas, hacemos un llamamiento a la solidaridad por ésta en particular, porque solo así existe la posibilidad de ganar su libertad y que sea el comienzo de muchas victorias.

¡Alfon, libertad!

¡Por la libertad y retirada de cargos de todos los represaliados en la lucha social!

lahaine.org

Leído en Insurgente

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Laurent Fabius y la Justicia, por Thierry Meyssan

Posted in África, Censura, Geopolítica, Historia, Justicia, Manipulación, Occidente, Opinión, Próximo Oriente, Thierry Meyssan on 27/05/2014 by athelvok

 

La propuesta de Laurent Fabius de llevar a la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos en Siria fue rechazada en la ONU. El problema es que, tras las apariencias de justicia, la CPI es un instrumento del imperialismo occidental. Sus procedimientos mismos son grotescos ya que ese órgano no vacila en inventar crímenes imaginarios para condenar a los acusados y participa en cuanta operación de intoxicación emprende la OTAN. Sí, queremos justicia. Y habría que comenzar precisamente juzgando al señor Laurent Fabius por los crímenes que ha cometido en contra de Siria.

| 26 de mayo de 2014
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El embajador de China escucha, atónito, la intervención de su homólogo francés mientras este afirma que el presidente sirio Bachar al-Assad debe ser juzgado por la CPI. Francia y el Reino Unido vienen librando una guerra secreta contra Siria desde 2011, guerra que ya ha causado más de 160 000 muertes.

Por iniciativa del ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, Francia presentó al Consejo de Seguridad, en la tarde del viernes 23 de mayo de 2014, un proyecto de resolución destinado a poner los crímenes cometidos en Siria en manos de la Corte Penal Internacional (CPI). El señor Fabius explicó su iniciativa, que contó con respaldo de 64 países aliados, en un artículo de opinión publicado en el diario francés Le Monde [1]. El jefe de la diplomacia francesa explica en ese artículo que su proyecto de resolución no apuntaba específicamente contra el gobierno sirio sino contra «todos los crímenes cometidos en Siria, sean quienes sean los autores».

Así que todos tendríamos que apoyarlo. Pero Rusia y China se opusieron enérgicamente, llegando incluso a recurrir al veto por cuarta vez sobre el tema sirio. ¿Por qué? Porque esos dos países, que no son miembros de la CPI, saben perfectamente que las garantías que Fabius promete no son más que pura propaganda. La CPI practica una justicia de vencedores y está al servicio de los intereses del imperialismo.

Una justicia que funciona
en un solo sentido

Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional –que goza de competencia universal– ha abierto unas 20 causas, pero todas las condenas que ha pronunciado han sido contra ciudadanos de 8 Estados de África (Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenya, Libia y Costa de Marfil). De esos 8 condenados, todos se oponían a las grandes potencias occidentales. Es evidente que este órgano no imparte justicia sino que la utiliza como instrumento.

Es por esa razón que, en octubre de 2013, la Unión Africana decidió no seguir aplicando sus compromisos con la CPI cuando esta persigue a jefes de Estado en funciones.

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En agosto de 2011, el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo aseguraba que Saif al-Islam Kadhafi le había sido entregado y que estaba organizando su traslado a La Haya. En realidad, el hijo de Muammar el Kadhafi estaba dirigiendo la resistencia contra la agresión de la OTAN. Saif al-Islam Kadhafi sólo fue arrestado después de la caída de la Yamahiria, 3 meses más tarde.

La experiencia libia

En lo que a mí concierne, mi experiencia con la Corte Penal Internacional se limita al caso de Libia. A pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, el fiscal de ese órgano había decidido incriminar a Muammar el-Kadhafi, a su hijo Sail al-Islam y a su cuñado Abdullah Senussi acusándolos de haber ordenado la matanza de decenas de miles de opositores, en Bengazi y en otras partes del país. El fiscal, que disponía de medios considerables para hacer su trabajo, decía tener pruebas. En realidad, sus acusaciones se basaban únicamente en… una revista de la prensa occidental. Sin embargo, cualquier persona de buena fe presente en Libia podía comprobar que los supuestos crímenes nunca existieron.

Yo mismo peiné cuidadosamente todo un barrio de Trípoli en busca de las ruinas causadas por los bombardeos de la «aviación del régimen» y nunca encontré ni el menor rastro de destrucción. Pero aquellos bombardeos imaginarios fueron condenados enérgicamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fueron invocados para justificar el mandato otorgado a la OTAN por el Consejo de Seguridad.

El fiscal de la CPI acusó después a Kadhafi de haber distribuido Viagra entre sus soldados para que violaran a las mujeres de sus opositores. El fiscal llegó a publicar cifras sobre la cantidad de pastillas que Kadhafi había comprado, sin tener en cuenta que era un volumen superior a la producción mundial de Viagra. A falta de víctimas identificadas, aquella acusación de violaciones masivas de mujeres acabó siendo anulada [2].

Lo más ridículo fue lo que sucedió durante la toma de Trípoli por la OTAN. El 21 de agosto, el fiscal confirmó a la prensa internacional que Said al-Islam había sido arrestado y que él mismo estaba organizando el traslado del prisionero a La Haya. En Trípoli, mientras yo escuchaba la declaración del fiscal Luis Moreno Ocampo, Saif al-Islam estaba en el hotel Rixos, en una habitación cercana a la mía. El fiscal había inventado aquella historia para desmoralizar al pueblo libio y ayudar a la OTAN en la conquista del país. Finalmente, Saif al-Islam no fue arrestado sino 3 meses después, el 19 de noviembre.

¿Cómo puede alguien tomar en serio un tribunal cuyo fiscal lanza acusaciones basándose únicamente en lo que lee en una revista de la prensa occidental y que no vacila en inventar acusaciones para impresionar a la opinión pública ni en mentir para influir en el desarrollo de una invasión?

Génesis de la CPI

La Corte Penal Internacional tiene sus orígenes en el artículo 227 del Tratado de Versalles (1919), donde se preveía la creación de un tribunal internacional para juzgar al derrotado emperador alemán Guillermo II, y en la Carta de Londres (1945), que instituía el tribunal de Núremberg para juzgar a los dirigentes nazis.

En aquella época, el canciller alemán Ludwig Erhard fue una de las pocas personalidades políticas que criticaron el tribunal de Núremberg. Erhard señalaba que un veredicto de los vencedores contra acusados exclusivamente alemanes carecería de credibilidad. El canciller alemán estimaba que los nazis debían ser juzgados por magistrados de países neutrales (Suiza o Suecia), lo cual de seguro habría modificado profundamente el veredicto, y aconsejaba también la inclusión de varios jueces alemanes.

El jurista francés Casamayor denunciaba, por su parte, una justicia de vencedores: se podía castigar los crímenes de los nazis, pero no los de los Aliados. «A partir de ahora, hay dos tipos de derecho internacional: uno para los alemanes, otro para el resto del mundo», escribió Casamayor.

«Si los bombardeos indiscriminados contra Londres y el uso de armas de represalia, como los cohetes V1 y V2, no figuran entre los cargos es sin dudas para no incluir los bombardeos indiscriminados de la R.A.F. [3] contra poblaciones civiles, que alcanzaron su paroxismo con el bombardeo con fósforo contra Dresde.»

En los casos de los crímenes cometidos en la región de los Grandes Lagos, es cierto que fueron cometidos por líderes africanos. Pero la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados como resultado de órdenes de las grandes potencias occidentales, o sea el Reino Unido, Israel, Estados Unidos o Francia.

En el caso de Libia, es cierto que en 42 años en el poder Muammar el-Kadhafi recurrió al asesinato político –como el del imam Mussa Sadr– pero nunca cometió los crímenes que la CPI le imputó con tal de juzgarlo. Aquellos crímenes eran puras invenciones de la propaganda occidental para justificar la campaña de conquista de Libia. Por cierto, hoy podemos comprobar que 2 años después del linchamiento de Kadhafi por los occidentales ya nadie habla de aquellos crímenes imaginarios.

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Laurent Fabius tendría que ser juzgado él mismo por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en Siria.

El caso de Laurent Fabius

En 1999, el actual ministro francés de Relaciones Exteriores Laurent Fabius fue juzgado por la Corte de Justicia de la República bajo el cargo de homicidio involuntario. Se le acusaba del hecho que, siendo primer ministro, había favorecido los intereses industriales de un laboratorio farmacéutico al retrasar la necesaria decisión de retirar del mercado lotes enteros de sangre contaminada con el virus del VIH. El procedimiento que aplicó el tribunal a cargo del caso fue concebido especialmente para juzgar a Fabius y hoy en día aún subsisten dudas sobre el sobreseimiento del caso, que favoreció al hoy jefe de la diplomacia francesa [4]. El señor Fabius fue finalmente declarado culpable de haber cometido un error político pero al mismo tiempo se le declaró no culpable en el aspecto penal. O sea, el señor Fabius reconoció no haber realizado correctamente su trabajo como primer ministro al permitir que sus consejeros tomaran solos las malas decisiones a él imputadas. En otra época, ese tipo de confesión habría significado el fin de su carrera política.

Pero no fue eso lo que sucedió. Se consideró que el ex primer ministro no había sido culpable sino… irresponsable. El señor Fabius había sido electo presidente de la Asamblea Nacional, puesto que ocupó durante el juicio al que fue sometido y que siguió ocupando después (desde 1988 hasta 1992), a pesar de que había sido juzgado por otros parlamentarios [5]. Fabius presidió nuevamente la Asamblea Nacional en momentos en que Jacques Chirac era presidente de la República Francesa (desde 1997 hasta 2000). Luego fue ministro de Economía (desde 2000 hasta 2002) y es actualmente ministro de Relaciones Exteriores (desde 2012).

Como jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius reactivó la guerra contra Siria, por cuenta de Israel y de un grupo estadounidense en el que se contaban la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, los generales David Petraeus (CIA) y Patrick O’Reilly (a cargo del escudo antimisiles estadounidense), así como el almirante James Stavridis (OTAN). Fabius organizó en París la conferencia de los «Amigos de Siria», durante la cual sentó en la presidencia al criminal de guerra Abu Saleh precisamente al lado del presidente Francois Hollande mientras este último pronunciaba su discurso.

El señor Fabius aprobó después la organización del atentado perpetrado en Damasco el 18 de julio de 2012, que decapitó el Consejo de Seguridad Nacional sirio, atentado que Fabius se negó a condenar. Aquel atentado costó la vida a los generales Daud Rajha (ministro de Defensa y de confesión cristiano-ortodoxa), Assef Chawkat (ministro adjunto, de confesión alauita) y Hassan Turkmani (consejero de seguridad nacional, de confesión sunnita). Semanas después, el 17 de agosto de 2012, el señor Fabius declaró en Turquía: «Estoy consciente de la fuerza de lo que estoy diciendo. El señor Bachar al-Assad no merece estar sobre la tierra…».

Aquella declaración del señor Fabius fue un claro llamado a asesinar al presidente de la República Árabe Siria. Cualquiera de los hechos anteriormente citados, y muchos más que no hay tiempo de mencionar aquí, teóricamente ameritan la apertura de un juicio en la CPI, que no podría entonces dejar de condenar al señor Fabius… si ese órgano se dedicara realmente a impartir justicia.

Al menos 160 000 personas han muerto ya en Siria por causa de la guerra.

¡Exigimos justicia!

Sí, es cierto que los autores de los crímenes perpetrados en Siria deben ser juzgados. Pero no podrá hacerlo una Corte que ha demostrado hallarse al servicio de quienes atacan a ese país y martirizan a su pueblo. Los primeros que deben ser juzgados son quienes financian la guerra, personajes que se encuentran en lugares tan accesibles como Washington, Londres y Paris, así como Ankara, Doha y Riad. Algunos incluso financian… la CPI.

Thierry Meyssan

Fuente
Al-Watan (Siria)

[1] «Qui est contre la justice en Syrie?», por Laurent Fabius, Le Monde, 22 de mayo de 2014.

[2] «Propaganda de guerra: violaciones massivas en Libia», Red Voltaire, 17 de junio de 2011.

[3] La Royal Air Force británica. NdlR.

[4] Ley orgánica n° 93-1252 del 23 de noviembre de 1993.

[5] La Corte de Justicia de la República se compone de 15 jueces: 6 diputados elegidos por la Asamblea Nacional, 6 senadores elegidos por el Senado y 3 magistrados de la Corte de Casación. La presiden 3 jueces profesionales.

Red Voltaire

La tortura en la España de Juan Carlos I, por Rafael Narbona

Posted in Historia, Justicia, Opinión, Terrorismo on 13/04/2014 by athelvok

REY FRANCO

Vivimos en un país que aún conserva calles, plazas y avenidas dedicadas a Francisco Franco, responsable de un pavoroso genocidio, pero que obstaculiza la exhumación de sus víctimas. Los restos de 113.000 personas aún permanecen en fosas clandestinas. La justicia no pone ninguna objeción a los homenajes o a las fundaciones que exaltan la figura del general Franco, pero envía a prisión, con durísimas condenas, a los que se atreven a manifestar su apoyo a los presos políticos vascos. Indudablemente, es una buena noticia que la jueza argentina María Servini de Cubría haya solicitado a la Interpol la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y los policías Celso Galván Abascal (ya fallecido), José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. Se les acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en la mayor parte de las ocasiones en la antigua Dirección General de Seguridad, que funcionó como un centro de tortura y detención ilegal en Madrid hasta 1978. Espero que la orden de extradición prospere, pero me gustaría que se extendiera a los actuales torturadores, como los agentes que en marzo de 2011 violaron anal y vaginalmente a Beatriz Extebarria en la Dirección General de la Guardia Civil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró que el relato de Beatriz Etxebarria, denunciando los hechos, era “creíble y consistente”. ¿Necesitaremos otras cuatro décadas para que los torturadores de nuestros días -encubiertos por políticos, jueces, fiscales y forenses- sean reclamados por algún magistrado extranjero comprometido con la defensa de los derechos humanos?

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No puedo reprimir los sentimientos de indignación y repugnancia al escuchar al ex juez Baltasar Garzón celebrando la iniciativa de la jueza argentina. Durante su paso por la Audiencia Nacional, Garzón promovió y amparó la tortura, ordenando en centenares de casos el régimen de incomunicación, que contempla hasta 13 días de aislamiento durante los cuales no es posible hablar con un abogado o un médico de confianza. Ni siquiera existe la obligación de comunicar a la familia el paradero del detenido. Se trata de un secuestro legal concebido para torturar y maltratar con impunidad, forzando inculpaciones sin la necesidad de pruebas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación en diferentes ocasiones, afirmando que el período de aislamiento “facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos”. Martxelo Otamendi, director del periódico Euskaldunon Egunkaria hasta su cierre por orden de la Audiencia Nacional en 2003, conoció en sus propias carnes el infierno del régimen de incomunicación. Acusado de pertenecer a ETA, la Guardia Civil puso en práctica su modus operandi: “Estuve tres días sin dormir. Tenía que estar de pie mirando a una pared y sólo me dejaban sentarme 20 minutos cada cinco horas. Me sometieron a la técnica de la bolsa en la cabeza, tuve que hacer ejercicios físicos y sufrí vejaciones sexuales. Me pusieron un hierro en la cabeza que hizo click y luego me hicieron tocar la pistola”. En 2010, la Audiencia Nacional le absolvió, con el resto de los acusados del sumario, otros cuatro periodistas que pasaron por la misma experiencia, algunos con edades avanzadas y una salud precaria. En octubre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español a pagar 24.000 euros de indemnización a Martxelo Otamendi por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. “La tortura es estructural y es un método de trabajo –afirma Otamendi-. Cuando te están torturando y te dicen esto es la Guardia Civil y olvídate de todos los derechos, como me dijeron a mí, eso es estructura, eso no son excesos puntuales. La tortura es eficaz para los magistrados, que la toleran y porque de cada 100 casos que abren un gran número acaba en la cárcel. Es eficaz para la Policía, porque demuestra que hace bien su trabajo. Y es eficaz para el Ministerio de Interior porque pone detenidos sobre la mesa. Una justicia que investigue es más lenta y más cara”. En relación a los presuntos manuales de ETA para denunciar falsas torturas, Otamendi puntualiza: “Se habla de un manual que dice eso, pero nadie lo ha visto nunca. Estamos hablando de más de 7.000 torturados vascos desde la aprobación de la Constitución por cuestiones políticas. […] La tortura es estructural, porque se indulta. Es una manera de trabajar y si luego a última hora te pillan pues te indultan. Es el caso de Galindo, que tenía 75 años de cárcel y sólo cumplió cuatro. A Rafael Vera (condenado por financiar los GAL) lo pusieron en la calle porque estaba deprimido. Por lo visto era el único español deprimido en la cárcel. El Estado no abandona a sus esbirros. Si no tiene otro remedio los juzga y los condena, pero luego siempre les puede dar un indulto”.

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El prestigioso forense Francisco Etxeberria ha repetido en muchas ocasiones que la tortura está profundamente enraizada en el Estado español: “Cuando empecé en los años ochenta, el 100% de los detenidos eran maltratados por la Policía, aunque vinieran de la delincuencia común. […] En aquel tiempo y se puede decir que también en todo el periodo posterior, los médicos forenses que estaban en la Audiencia Nacional no ejercían ni ética ni deontológicamente el mínimo esfuerzo que les correspondía. Son y han sido siempre encubridores. Y yo, que les he conocido personalmente, se lo puedo decir a la cara tranquilamente”. Sin embargo, “el reproche, sobre todo, habría que hacérselo al juez. Y por eso llega un momento en que te preguntas: ¿Cuándo se acabarán las torturas? Está claro, el día en que se les puedan imputar estos hechos a los propios jueces. Así de claro. El juez tiene que hacer lo que sea para que esto no pase y, además, tiene todos los mecanismos para que no vuelva a pasar. Así que si no lo hace, es un encubridor”.

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Baltasar Garzón es uno de esos jueces y por eso sufrió recientemente un escrache en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El colectivo Euskal Herriaren Lagunak (EHL), grupo de simpatizantes del pueblo vasco en Argentina, boicoteó el acto con ikurriñas y pancartas a favor de los presos políticos, pidiendo el fin de la dispersión penitenciaria. Después, hizo público un comunicado, acusando a Garzón de utilizar los testimonios obtenidos mediante torturas para dictar sentencias de hasta 30 años contra independentistas vascos, catalanes, gallegos y presuntos yihadistas. Garzón nunca investigó las denuncias de torturas presentadas por los detenidos y prolongó el régimen de incomunicación para asegurarse las inculpaciones. En su intento de criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale, con la consiga “Todo es ETA”, ilegalizó Batasuna y ordenó el cierre de la editorial Ardi Bertzale, la emisora radiofónica Egin Irratia y los periódicos Egin, La Voz de Euskadi y Euskaldunon Egunkaria. En 2003, once detenidos presentaron en su juzgado una denuncia por torturas físicas y psicológicas. Uno de los denunciantes tenía muy mal aspecto y casi no podía hablar a causa de una crisis de ansiedad. Garzón les envío a todos a prisión, sin ninguna clase de contemplaciones. El supuesto paladín de la lucha judicial antifranquista invalidó desde su cargo el sumario de 152.237 víctimas identificadas por diferentes organismos de derechos humanos. No está de más recordar que Garzón ha colaborado con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, acusado reiteradamente de complicidad con el narcotráfico y con los grupos paramilitares que han sembrado el terror en las comunidades campesinas. También ha trabajado para Henrique Capriles en su campaña contra Hugo Chávez. Saber que Gaspar Llamazares propuso a Baltasar Garzón como candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas de 2014 sólo confirma la crisis de identidad de una coalición con planteamientos cada vez más conservadores.

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Algunos medios de comunicación han sacado a la luz el historial de los cuatro torturadores franquistas reclamados por la justicia argentina. Jesús Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, participó en el 23-F y fue expulsado del cuerpo. Jon Arrizabalada presentó una querella contra él en Argentina por las torturas infligidas a su hermano Andoni: “Le ataron por el pie al hueco de una escalera desde un tercer piso, le hacían creer que le iban a ahogar… Cuando mi padre y mi hermano fueron a verle, el capitán Muñecas lo sacó para que lo vieran bien. Les dijo, sonriendo: Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar. Estaba tan desfigurado por las palizas que mi padre y mi hermano no le reconocieron. Tenía 29 años. Después de aquello le soltaron. Volvió a ser detenido, pasó ocho años en prisión por ser militante de ETA y salió con la amnistía de 1977”. Celso Galván, inspector de la Brigada Político-Social, escolta personal de Franco y, más tarde, del propio rey Juan Carlos I, fue el probable autor del disparo que acabó el 20 de enero de 1969 con la vida del Enrique Ruano, estudiante de Derecho y militante de izquierdas en la clandestinidad. Se fingió un suicidio con la complicidad del ABC, pero años más tarde Torcuato Luca de Tena, director del periódico, admitió que se limitó a cumplir las instrucciones de Manuel Fraga, sin ignorar que se trataba de una farsa. Acacio Puig, torturado en mayo de 1973 en los sótanos de la DGS, afirma que “Celso Galván no pegaba. Era un torturador de guante blanco. Les gritaba a los demás: ¡Baldar a este hijo de puta! ¡Leña hasta que hable en inglés!”. José Ignacio Giralte González también pertenecía a la Brigada Político-Social y participó activamente en represión de los movimientos estudiantiles opuestos a la dictadura. Alfredo Rodríguez Bonilla aún recuerda las torturas que sufrió en la DGS: “Me decían que bajara la cara. Cada vez que lo hacía, me golpeaban. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: Di que tu madre es una puta y tu padre es maricón…”. Giralte era uno de los que le golpeaba y humillaba. José Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, es el más conocido de los cuatro torturadores franquistas. Felisa Echegoyen lo describe con una precisión sobrecogedora: “Olía mucho a alcohol. Era bajito, feo, con los ojos saltones. Tenía 28 años, solo dos más que yo. Y disfrutaba torturando. Se le notaba porque en medio de la furia, al pegarte bofetadas y patadas, tenía un gesto de placer, de satisfacción”. José María Galante, otra de sus víctimas, afirma: “No era un funcionario que torturaba. Era un torturador compulsivo. […] Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño. Era muy peligroso porque no tenía muchas luces y sí una impunidad absoluta”. Nunca se han despejado las sospechas sobre su implicación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977.

atocha abogados

No sé qué sucederá con estos criminales, pero me pregunto qué clase de relación mantenía Celso Galván con el rey, cuando se encargaba de su escolta. ¿Bromeaban como antiguos camaradas? ¿Evocaban los viejos tiempos al lado del general Franco? ¿Hablaban de la Transición, que garantizó la impunidad de los crímenes de la dictadura y mantuvo en sus puestos a los funcionarios implicados en la represión? Celso Galván falleció sin responder por el asesinato de Enrique Ruano y nunca manifestó ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. ¿Conocía su hoja de servicios Juan Carlos I, “campeón de la democracia”, según el risueño y reaccionario Ronald Reagan? ¿Se trata sólo de una casualidad, como en el caso de Emilio Hellín, el ultraderechista que asesinó en 1980 a la estudiante Yolanda González, de 19 años, y que ha trabajado para el Ministerio del Interior entre 2006 y 2011, cobrando 140.000 euros por sus servicios? La antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires fue convertida en 2004 por Néstor Kirchner en Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Se escogió el 24 de marzo por ser el aniversario del golpe de Videla y sus compinches. Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por “la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. ¿Qué pasó con la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol? Actualmente, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Simple casualidad? Durante años, Esperanza Aguirre tuvo su despacho en uno de los más siniestros centros de tortura de la dictadura franquista. No creo que le molestara y  dudo que haya dedicado a las víctimas ni un minuto de su pensamiento. España es así.

Juan-carlos pinochet

http://rafaelnarbona.es/?p=5248

Contra la doctrina Parot, por Ignacio Escolar

Posted in Justicia, Opinión, Política, Sociedad on 21/10/2013 by athelvok

Ignacio Escolar

21/10/2013 – 12:32h

Los derechos humanos son para todos, también para quienes los pisotean: para los asesinos más terribles, para los etarras o los violadores. La sentencia europea contra la doctrina Parot así lo deja claro a partir de uno de los principios básicos del derecho: la no retroactividad de las condenas. No se puede endurecer una pena de cárcel a posteriori y, cuando estos presos cometieron sus horribles crímenes, el Código Penal español era el que era. Lo máximo que podías estar en la cárcel eran 30 años y sobre ese plazo se aplicaban los beneficios penitenciarios.

Así fue durante décadas, hasta el año 2006, cuando el Tribunal Supremo cambió las reglas para evitar que algunos de los terroristas más sangrientos salieran de la cárcel. Lo hizo a la medida de un preso: Henri Parot. Que la doctrina lleve un apellido da el tamaño del disparate: derecho a medida. El Supremo cambió la forma de interpretar los beneficios penitenciarios y, en la práctica, alargó retroactivamente las condenas.

El Tribunal de Estrasburgo ha tumbado este parche, pero eso no significa –como están vendiendo algunos irresponsables– que los etarras saldrán de la cárcel tras pasar poco más que dos días a la sombra. Los terroristas que ahora serán excarcelados no entraron antes de ayer: la mayoría lleva 25 años entre rejas y ninguno de ellos ha cumplido menos de 20 años de prisión. Es discutible si esta pena es o no suficiente para pagar por sus crímenes (es discutible incluso si pagarán por ellos algún día). De hecho, en 1996 el Gobierno cambió el Código Penal y hoy las condenas son mucho más largas. Pero lo que no merece discusión alguna es que la gran diferencia entre un Estado democrático y una banda terrorista es que nosotros sí cumplimos con la ley y los derechos humanos.

Fuente: http://www.eldiario.es/escolar/doctrina-Parot_6_188341175.html

El tribunal de Estrasburgo exige la liberación de la terrorista Inés del Río

Posted in Justicia, Política, Sociedad on 21/10/2013 by athelvok

Publicado: 21 oct 2013 | 9:47 GMT Última actualización: 21 oct 2013 | 11:15 GMT

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció liberar a la etarra Inés del Rio Prada, condenada por la justicia española a 3.828 años de prisión por 24 asesinatos y ha puesto el punto final a la Doctrina Parot.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó este lunes que la aplicación de la Doctrina Parot en el caso del miembro de ETA Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, viola los derechos de la presa.  El Tribunal de Estrasburgo exigió la excarcelación de terrorista y el pago de una indemnización de 30.000 euros.

La legislación española establecía que la reducción de la condena por beneficios penitenciarios como estudios, trabajo, etc., se realiza sucesivamente respecto de cada uno de los periodos de encarcelamiento y no en todo su conjunto. Esta doctrina fue aplicada en casos de terroristas, numerosos asesinos, y en otros crímenes graves.

En 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la Doctrina Parot viola los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debería ser modificada, a pesar de tener el aval del Tribunal Superior y del Tribunal Constitucional de España.

No obstante, Madrid considera que la anulación de la Doctrina Parot es contraria a los intereses nacionales. La medida penitenciaria es “justa, correcta y necesaria y ha sido muy útil para luchar contra ETA”, recalcó Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Pese a que el portavoz del Tribunal ha precisado que la resolución no se extiende a otros casos, las autoridades perciben que el dictamen va dirigido en contra de España por crear el precedente que permite a entre 140 y 600 presos etarras salir en libertad en un periodo relativamente corto.

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/109125-estrasburgo-rechazar-espana-doctrina-parot

El TSJCV exculpa a Barberá y Camps del ‘caso Nóos’

Posted in Corrupción, Justicia, Manipulación on 24/09/2013 by athelvok

Aprecia claros indicios delictivos en convenios de la Comunidad valenciana con Urdangarin, pero no la “intervención personal y directa” de los dos políticos. Devuelve el caso al juez Castro

ANDRÉS MUÑIZ/AGENCIAS Valencia 24/09/2013 13:20 Actualizado: 24/09/2013 15:58

Los mendas

Los mendas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià (TSJCV) no imputará al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos, al considerar que en su actuación no hay indicios suficientes de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad que sí apreció el juez José Castro.

Por ello, el alto tribunal valenciano ha acordado devolver el caso al juzgado de Palma de Mallorca, que seguirá con la instrucción de la causa. En su auto, los jueces del TSJPV admiten que en varios convenios firmados por organismos de la Comunidad valenciana con el instituto de Urdangarin, por el que Nóos se embolsó más de 3 millones de euros,  hay indicios claramente delictivos, pero no aprecian pruebas de que Camps y Barberá tuviesen una intervención “personal, directa y voluntaria” en ello.

En referencia a los Juegos Europeos que la Comunidad valenciana acordó que organizase Nóos, con un presupuesto de 6 millones de euros (aunque se desembolsaron de forma efectiva un total de 380.000 euros de ellos, ya que no llegaron a celebrarse), el TSJCV dice que puede que la idea naciese de Camps, y que la iniciativa fuese “quizá criticable”, pero entiende que, “al menos en este momento”, no es penalmente reprobable.

“Menos aún –añade el tribunal–, podremos afirmar que existiera algún tipo de pacto o acuerdo, o siquiera propósito deliberado, de enriquecer de forma totalmente injustificada al señor Urdangarin y sus socios a través de este mecanismo”.

El TSJCV dice que Camps y Barberá se reunieron con Urdangarin por su ‘gran predicamento social’

El tribunal valenciano corrobora que Camps y Barberá se reunieron con Urdangarin y Torres –en el Palacio de la Zarzuela o en otro lugar– antes de la celebración del Valencia Summit, pero consideran que “no es raro” ya que los dos primeros eran máximas autoridades en Valencia y el duque de Palma, “al menos en esos momentos, gozaba de un gran predicamento social, por su relación con la Familia Real y el mundo del deporte”.

Pero los jueces señalan que, aunque esa reunión “abriera alguna puerta” a los socios de Nóos, o permitiera que fueran recibidos por determinadas autoridades, no está demostrado que Camps y Barberá intervinieran en los convenios con apariencia delictiva que entidades públicas de la Comunidad alcanzaron con Nóos para organizar tres Valencia Summit por más de tres millones de euros. Ni tampoco que presionaran para que se cerrarán los acuerdos.

El ‘caso Nóos’  investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar tres cumbres Valencia Summit de 2004 a 2006, que sí se llevaron a cabo, y elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que nunca se celebraron.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, pidió en junio que el TSJCV asumiera la competencia de la instrucción del caso Nóos sobre los hechos referidos a Camps y Barberá, al apreciar indicios racionales de la posible participación de ambos en delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al TSJCV que imputara a ambos dirigentes ante posibles indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit, y consideró que si el TSJCV decidía imputarles debía asumir la totalidad del caso Nóos, que instruye desde 2009 el juez Castro. En su auto de este martes, el TSJCV señala que la Fiscalía también proponía, de forma alternativa, que se devolviese el caso a Valencia si no se apreciaban indicios contra los aforados, como así ha sido.

El TSJCV nombró al magistrado Antonio Ferrer ponente encargado de elaborar la propuesta de resolución sobre si el tribunal valenciano debía asumir esa instrucción, quien propuso a la sala no asumir la causa en lo que afecta a Camps y Barberá y devolver todo el caso a Palma, como finalmente se ha acordado y hecho público hoy.

Camps vuelve así a esquivar un caso de corrupción meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la absolución por el caso de los trajes de la Gürtel. En agosto de 2008, precisamente el TSJCV archivó la causa contra el expresidente de la Generalitat al considerar que no existía cohecho pasivo en el hecho de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagara los trajes a Camps. Posteriormente, el Supremo le ordenó reabrir el caso, y un jurado popular absolvió a Camps.

En su auto de hoy, de 21 folios, el TSJCV recoge los claros indicios delictivos que existen, por ejemplo, en la contratación de Nóos para organizar las tres ediciones del Valencia Summit (2004-2006) por la entidad Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la Comunidad valenciana, y la Fundación Turismo Valenciana Convention Bureau (del Ayuntamiento de la capital valenciana).

El listado de irregularidades, citado por el TSJCV, incluye que el expediente de contratación “se limitó a transcribir el borrador de convenio facilitado por el Instituto Nóos a papel con membrete de CACSA, sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascendencia y valor”, salvo “ambiguos, vagos e impreciosos informes jurídicos”, cuyas fechas es discutible que coincidan con un estudio previo. Más bien da la impresión, según coinciden los jueces valencianos con el instructor Castro, que se elaboraron “con el fin de vestir a posteriori el expediente”.

La conclusión es que “instituciones públicas” efectuaron un importante desembolso económico, de más de 3 millones de euros, en pago de un servicio cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible”. Pero el tribunal insiste en que no está probada la participación personal y directa de Camps y Barberá, que estiman necesaria para imputarles, ya que las personas que cerraron los acuerdos aseguran que no fueron presionados por ellos para firmarlos.

Fuente: http://www.publico.es/470183/el-tsjcv-exculpa-a-barbera-y-camps-del-caso-noos

¡Justicia para todos!

Posted in Justicia, Manipulación, Sociedad on 12/08/2013 by athelvok

Un jefe de la Policía que mató borracho a un ciclista y huyó vuelve a su puesto de mando apenas un año después

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  • Lunes, 12 Agosto 2013 10:18

El inspector, jefe del Grupo de Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía de Balears, Carlos José G. C., que huyó ebrio tras el atropello mortal de Cap Blanc ha sido readmitido en su puesto de mando.

Al parecer, transcurridos unos meses desde que fue suspendido de empleo y sueldo, el inspector solicitó a la comisión de personal de la comisaría general del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid su reincorporación hasta que exista una decisión judicial, petición que fue aceptada.

Valoraciones

«Nosotros no valoramos las órdenes o decisiones que nos llegan desde Madrid. Las asumimos y las aplicamos», apuntaban algunos mandos, en la mañana de ayer, al ser preguntados por el tema.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo de 2012, cuando la Guardia Civil procedía a la detención de un inspector de la Policía Nacional y a un agente del mismo Cuerpo por circular borrachos, arrollar mortalmente a una ciclista alemana en la carretera de es Cap Blanc y darse a la fuga en un coche camuflado del Grupo de Crimen Organizado.

El caso supuso un auténtico terremoto en la Jefatura de la Policía de Palma, donde la incredulidad al conocer la noticia fue total. Por su parte, desde un primer momento, la dirección policial de Palma, con su jefe superior al frente, tomaron las medidas disciplinarias pertinentes y realizaron un ejercicio de transparencia facilitando la correspondiente información sobre la detención.

Finalmente, el caso fue elevado a la comisión de personal de Madrid y, concluido el plazo establecido, se ha decidido que lo más conveniente era reincorporar al inspector a su puesto de mando.

Por otra parte, el otro agente implicado que, supuestamente era el que conducía, no se encuentra en la Isla y sigue suspendido.

Fuente: http://www.insurgente.org/index.php/template/tribunales/item/6766-un-jefe-de-la-polic%C3%ADa-que-mat%C3%B3-borracho-a-un-ciclista-y-huy%C3%B3-vuelve-a-su-puesto-de-mando-apenas-un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s

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Año y medio de prisión y multa por participar en un piquete en la última huelga general

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  • Lunes, 12 Agosto 2013 10:31

Cuatro de los cinco jóvenes que fueron imputados por participar en un piquete durante una huelga general en Iruñea han sido condenados la semana pasada a un año y medio de prisión y al pago de 570 € en concepto de daños. Los hechos por los que han sido condenados, se remontan a la Huelga General del 29 de marzo del año 2012. Un mes más tarde, el 19 de abril fueron detenidas 14 personas, bajo la acusación de desórdenes, daños y delito por atentar contra el derechos de las y las trabajadoras. Transcurrido casi un año, cinco de los entonces detenidos se sentaron en el banquillo de los acusados. La petición fiscal era de cuatro años y medio de cárcel y casi 6.000 € de multa por persona, pero el primer día del juicio se les ofreció llegar a un acuerdo por el cual se deberían reconocer culpables de los hechos acontecidos en el Bar Chez Belagua de la calle Estafeta y la condena pasaría a ser de un año de cárcel a cada uno de ellos.

“Por supuesto nos negamos ante el escándalo que suscitó esta situación y durante el juicio se demostró, desmontando totalmente la acusación fiscal, que no tenía ni pies ni cabeza la acusación en nuestra contra y por ello tuvo que rebajar dicha acusación”, afirman las personas condenadas. “Finalmente hemos sido condenados con una sentencia escandalosa que no es más que una copia del auto policial, intentando justificar el mismo mediante indicios y datos subjetivos”, han denunciado. Según las personas condenadas, “únicamente toma como verdad absoluta el testimonio de un agente de Policía Foral, pese a que el mismo entra en diversas contradicciones, tanto con la fiscalía, como con el gerente del Chez Belagua. Incluso han llegado inventar pruebas falsas, tanto en el auto policial, como en la propia sentencia por parte de l jueza en nuestra contra”, denuncian. Así mismo, los acusados dicen que el juez “ha desvirtuado totalmente todas las pruebas de la defensa, las nuestras y las de nuestros testigos”. Las personas ahora condenadas dicen no aceptar la sentencia y denuncian a la jueza por “inventar pruebas falsas en la misma”.

“La sociedad navarra ya nos ha absuelto mediante diversas muestras de apoyo, como las casi 1.000 autoinculpaciones y las multitudinarias protestas realizadas, para mostrarnos su apoyo. Nos ha quedado claro que en esta tierra la “justicia” castiga a quien protesta contra la injusticia y ampara a Yolanda Barcina, junto al resto élites que se enriquecen a costa nuestra pobreza”, finalizan.

Fuente: http://www.insurgente.org/index.php/template/tribunales/item/6767-a%C3%B1o-y-medio-de-prisi%C3%B3n-y-multa-por-participar-en-un-piquete-en-la-%C3%BAltima-huelga-general

Vasos Comunicantes

De cómo unas cosas tienen relación con otras.