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“Los Gobiernos de España y Marruecos son la mayor mafia de traficantes de personas”

Posted in Censura, Corrupción, Estafa, Manipulación, Terrorismo on 13/09/2014 by athelvok

Defensores de los derechos humanos y entidades que trabajan en la Frontera Sur reclaman en Bruselas un cambio urgente en las políticas migratorias de la Unión Europea.

“Soy de Marruecos. Llegué a Melilla cuando era joven, con una licenciatura bajo el brazo que no me sirvió de nada, y viví en persona el racismo. Queremos que nuestra voz llegue al Parlamento Europeo. En Melilla el inmigrante es una fuente para hacer dinero. Aquí quiero denunciar los malos tratos que sufren las personas y los entramados que ganan dinero con las personas migradas. Siempre se habla de los que asaltan la valla. Pero en Melilla entran mafias y drogas que no se denuncian, porque interesa que existan”, afirma Touria El Cadi, responsable del área de inmigración de IU Melilla, en su intervención ante los eurodiputados durante el encuentro La Frontera Sur: ¿hay soluciones?, que se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, impulsado por la red europea Migreurop. Allí, europarlamentarios de Izquierda Unida Europea y de los Verdes, migrantes, defensores de los derechos humanos y distintas entidades reclamaron un cambio urgente en las políticas migratorias de la UE.

Otro migrante, Alejo, no tuvo que hacer frente a las vallas con cuchillas, pero sí se ha enfrentado a otras vallas: las económicas y sociales, las vallas invisibles. Partió desde España rumbo a Francia huyendo del paro. “Uno tarda en convalidar su título y mientras tanto hace prácticas no remuneradas en condiciones de esclavitud. Los españoles que nos vamos, tropezamos con  las fronteras invisibles que agravan la desigualdad social.”

Si las fronteras intangibles suponen una batalla psicológica diaria para Alejo, las fronteras físicas erigidas al sur de la UE resultan letales para miles de personas. La europarlamentaria italiana Barbara Spinelli lo describe como “una situación de guerra”. “Una guerra que no se ha declarado, pero una guerra contra las personas. Y callarse ante esta guerra es incurrir en un crimen, el crimen de la indiferencia.”

Denunciar la impunidad de los crímenes en la frontera

Cruzar la alambrada de Ceuta puede ser sinónimo de perder la vida o la movilidad de las manos. “Estas cuchillas matan. En 2009 un inmigrante falleció desangrando. Muchos se quedan sin poder utilizar las manos”, cuenta a los europarlamentarios Paula Domingo, que trabaja sobre el terreno. Las personas tienen dos opciones: la alambrada o tirarse al mar. “Los intentos de saltar la alambrada son mínimos, la gente entra por mar en grupos de 6 o 7 personas. Llegan en balsas de playa. Sabemos cuántos llegan, pero no sabemos cuántos se han hundido en el mar”. A pesar de que lo ocurrido en Lampedusa, Ceuta o Melilla se cataloga como “catástrofe humanitaria”, las muertes en la frontera son consecuencia directa del cierre de las fronteras de la UE y de sus políticas migratorias, “catástrofes” programadas. Las devoluciones en caliente, donde no se identifica a la persona y se desconoce su situación, tampoco son una práctica nueva, sino que constituyen una ilegalidad normalizada. “En Ceuta se llevan a cabo desde que yo llegue, en 1999. Se devuelve a las personas sin identificarlas” aclara Domingo.

Para los que consiguen entrar, Ceuta se convierte en una especie de cárcel al aire libre. “Los migrantes que llegan se encuentran atrapados porque no pueden viajar a la península”, explica Paula Domingo a Público. Actualmente en el CETI de Ceuta se amontonan 700 personas, cuando la capacidad es de 514. Una parte importante de ellos son sirios, mientras que el resto proceden de Mali y Guinea.

“Son personas que huyen de países en guerra y muchos se resisten a pedir asilo en Ceuta. Desde 2009 existe una normativa que especifica que mientras se tramita el asilo, la persona debe permanecer en Ceuta. Los procedimientos pueden tardar dos años y la solicitud puede ser denegada. Mientras tanto, la vida de la persona queda en manos del Gobierno, y en el CETI o fuera del centro sus vidas se limitan a comer y dormir, no pueden hacer nada más”.

Las denuncias presentadas a los europarlamentarios por José Palazón, de Prodein, dejan constancia de la misma situación de violencia normalizada en Melilla. “La valla de Melilla parece que esté viva, siempre hay alguna nueva maldad. Ahora quieren colocar una malla antitrepa, para que los inmigrantes no puedan meter la mano. En Melilla no se ha creado una frontera, sino una valla para matar a la gente. A pesar de que hubo una gran contestación social, ninguna institución se ha interpuesto de forma decisiva”, ha explicado Palazón. En la otra parte de la valla, en el lado marroquí, las organizaciones denuncian los mismos tipos de control y de violencia: el despliegue de las fuerzas policiales marroquíes, un foso de 4 metros de profundidad y una valla de concertinas en construcción. En el lado español, completa el arsenal fronterizo la Guardia Civil y los mecanismos para detectar a las personas de noche.

“Existe una estructura criminal en la frontera que no se permitiría en la UE ni para cazar animales. La violencia que emplean los policías de España y Marruecos en la frontera es criminal“, denuncia Palazón. Según los testimonios de Prodein, el día 13 de agosto falleció en la valla un chico de Mali. La policía marroquí intervino para externalizar responsabilidades. “Uno de los chicos estaba agarrado a la valla. La Guardia Civil le pegó y, cuando cayó, había fallecido. Entonces llamaron a las fuerzas marroquíes para que se lo llevaran”, explica Palazón. “Cada vez que hay un salto a la valla o redadas, el hospital de Al Hassani de Nador queda colapsado por los golpes que les dan”, sigue.

Las expulsiones colectivas están prohibidas por las normativas europeas, pero “los pequeños grupos que logran entrar en Melilla son deportados acto seguido de forma absoluta ilegal”, denuncia Palazón. “Eso es lo que hace una mafia que trafica con personas. Los Gobiernos de España y Marruecos constituyen la mayor mafia de traficantes de personas que conozco. Están pasando ilegalmente personas por fronteras y lo saben, pero tienen sus acuerdos económicos y políticos y realizan este tráfico con violencia”.

A pesar de que el foco mediático se ha centrado en la valla, según Palazón menos del 20% de las personas que entran a España por Melilla lo hacen a través de la verja. “Más de 80% entra por la frontera oficial, pagando. De eso no se habla. Pero dicen que el problema son ellos, los que se agarran a la valla, y los usan para presionarse unos a otros: España, Marruecos y la UE. Los chavales agarrados a la valla son una mercancía, una más de las tantas que se mueven por la frontera”.

Las entidades también han denunciado ante el Parlamento Europeo la imposibilidad de pedir asilo en Melilla. “Los que llegan son rechazados. Solo entran los que pagan 1.500 euros por un pasaporte falso. También hay que tener en cuenta que se externalizan las responsabilidades: se encarga a la policía marroquí que no deje entrar a ninguna persona que solicite asilo”, explican desde Prodein. Hasta el mes de agosto llegaron a Melilla 3.500 personas: 1.600 eran sirias; y del resto, casi el 90% era de Mali. “Tuvimos dos solicitudes de asilo por parte de personas de Siria y diez del resto de nacionalidades, ninguna de Mali”. Alrededor de 2.500 personas se han trasladado a la península sin conseguir ningún tipo de documentación.

Cambios urgentes en las políticas migratorias de la UE

Andrés García Berrio, del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos, llama a la desobediencia civil y a la presentación de denuncias por delitos en la frontera. “La policía marroquí tortura delante de las autoridades españolas, y precisamente por eso mismo las autoridades españolas no deberían devolver a la gente”. En la misma línea, desde Prodein se ha reclamado interponer una querella contra el Ministro de Interior.

Por su parte, Barbara Spinelli (IUE/IVN, Comisión LIBE) ha solicitado la constitución de un tribunal que “llame a responder a los organismos gubernamentales que hacen posible un crimen masivo. Se ha convertido en habitual el delito de omisión de socorro en la frontera”.

La eurodiputada Ska Keller, vicepresidenta de los Verdes-EFA, subraya que es necesario luchar contra las causas de la inmigración, muchas vinculadas a las políticas europeas y a las políticas de comercio internacional.

Asimismo, se ha insistido en la necesidad de modificar el Reglamento de Dublín II para que los solicitantes de asilo puedan quedarse en cualquier país de la UE donde residan sus familiares. “Las cosas cambian si existe una presión pública, y eso no lo tenemos en asuntos de asilo o de inmigración”, declara Ska Keller.  En la misma línea, los eurodiputados Ernest Urtasun (Verdes-ALE), Marina Albiol (IUE/IVN) y Jon Juaristi(IUE/IVN) han insistido en la urgencia de una solución política europea para la Frontera Sur de la UE.

Mikel Araguás, de Andalucía Acoge, integrante de Migreurop, ha denunciado las políticas de doble rasero, como condicionar la cooperación al desarrollo en función de la contención de la migración: “Muchas veces, cuando hablamos de cooperación, se trata de hecho de medidas para que la gente no salga del país”. No obstante, detrás de las fronteras se esconde una industria de intereses: “En las fronteras, ¿estamos hablando de inmigración? Sí, pero también de relaciones internacionales y comerciales. Hay que desmontar el entramado que existe detrás de las fronteras”, comenta Gabriela Poblet, de la sectorial de migración de ICV-EUIA. En este sentido, Mohamed Talla acusa a la misma UE que cierra sus fronteras de ser la mayor impulsora de la emigración en los países de origen: “Una de las causas principales de la migración de las personas es la actual UE neoliberal, sus  políticas de intereses económicos y explotación de la mano de obra llevada a cabo por empresas desplazadas en países de África y las guerras en las que se ve involucrada”.

Insurgente

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Crisis en las estructuras de poder: los chanchullos de la oligarquía catalana, al descubierto

Posted in Corrupción, Economía, Estafa on 13/09/2014 by athelvok

Las familias Pujol y Sumarroca, estandartes de la élite local desde hace tres décadas, podrían haber cometido media docena de delitos con sus empresas.

Catalunya está gobernada por 400 personas. Es lo que dejó caer en 2001 el empresario y expresidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet, años antes de ser condenado por el caso Palau. En ese selecto grupo se encuentran los empresarios y políticos contra los que Guanyem Barcelona y Podemos, con el apoyo de otros grupos como ICV, Partido X y movimientos como el Observatori Desc o la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, presentaron el pasado 2 de septiembre una querella. En concreto, se nombra al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, y varios miembros de su familia: su esposa, Marta Ferrusola i Lladós, y los siete hijos de ambos. Además, la denuncia se extiende a Jordi Puig, hermano de Felip Puig, actual conseller d’Empresa i Ocu­pació, y amigo y socio de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresident. También se amplía al cofundador de Convergència De­mo­­crà­tica de Catalunya (CDC), Car­­les Suma­rroca, y sus hijos Carles y Jordi. Entre los delitos de los que se les acusa se encuentran tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos y delitos contra la hacienda pública.

Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, confesó en julio, a través de un comunicado, la existencia de un “dinero ubicado en el extranjero”, cantidad que se reprodujo en varias cuentas a nombre de su familia y que en ningún caso sería inferior a cuatro millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estima ya la fortuna de los Pujol en Andorra en más de 500 millones. Para la acusación popular, el comunicado forma parte de una estrategia puesta en marcha por el equipo legal del clan de cara al comienzo del proceso. Sólo 25 días después del anuncio, el expresident intentó torpedear la acción de la justicia, pidiendo anular el proceso por defectos de instrucción, algo que desde la acusación consideran una estrategia “legítima desde el punto de vista procesal, pero propia de mafiosos”.

El objetivo de la querella es “investigar la connivencia y la confluencia entre el mundo de la política y los partidos políticos con los grupos privados del mundo financiero e inmobiliario, que aparentemente han conseguido neutralizar ciertos controles públicos y sacado adelante determinados proyectos por la cercanía con el poder –explica el abogado Jaume Asens, representante de Guanyem–. Queremos ver si el entramado empresarial del clan Pujol ha tenido un apoyo del partido que gobierna, Convergència i Unió”. Los querellantes apuntan a que las irregularidades existentes eran “consentidas y sabidas, cuando no directamente promovidas” por las élites catalanas.

Comisiones del 3%

“Los intereses privados parece que han tomado control de la gestión pública. Este mecanismo se expresa muy bien con el tema de las comisiones del 3%, que ahora se dice que son del 5%”, afirma Asens. Se trataría de comisiones sobre contratos públicos que fueron a parar al partido fundado por Pujol y a su familia, y cuya existencia insinuó Pasqual Maragall en marzo de 2005 en el Parlament, creando un terremoto político. “Lo que denunció Maragall en su día refuerza la idea de cleptocracia, en la que toda obra o concesión tenía que pasar por ese peaje”. Una falta de diferenciación entre la esfera económica y política semejante a la que se adivina en los distintos casos de corrupción que salpican la geografía estatal, como las tramas Gürtel, Bárcenas o Brugal. “Maragall se quedó solo cuando dijo aquello. Los grandes partidos de Catalunya se callaron. Protegían a un aliado, a un hombre clave en el Régimen del 78”, apunta.

El texto del documento cifra en más de 50 las empresas relacionadas con los Pujol, de las que cita a 28. Obra pública, explotación de locales de ocio, compra-venta de inmuebles, estudios de mercado, comercialización de obras de arte –al menos tres empresas del clan– o jardinería son algunos sectores por los que han apostado el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus hijos. Algunas de las empresas, como Inter Rosario Port Services, creada para la explotación de un puerto en Argentina y en la que figura como socio OHL, o Iberoamericana de Business and Marketing SA, fueron ya señaladas en un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como herramientas para la “salida de divisas” en febrero de este año, en el marco de la investigación que el juzgado tiene abierta sobre el primogénito de la familia. Otras son compañías estrella en la contratación pública catalana, como Indra, que desde que estableció relaciones con la familia Pujol al comprar, por 44,4 millones de euros en 2001, la consultora Europraxis Consulting Holding, de Josep Pujol Ferrusola, y al fichar a éste como directivo, comenzó a multiplicar las adjudicaciones recibidas por la Generalitat ­–muy escasas antes de 2001– hasta alcanzar los 190 millones de euros.

Entorn SL Enginyeria i Serveis, de Pere Pujol, el cuarto de los hermanos, ha conseguido más de 966.000 euros en adjudicaciones de la Generalitat entre 2000 y 2007, año en que la empresa fue comprada por Codema, de la familia Sumarroca, con la que hasta la fecha se había repartido los estudios ambientales de los parques eólicos construidos en la región.

“La querella va contra Pujol pero también contra su círculo íntimo, Sumarroca por ejemplo”, con­tinúa Asens. Es un círculo que, en parte, ya ha desfilado por los juzgados, desde el exconseller de Presidencia Lluis Prenafeta, hombre de confianza de Pujol que fue arrestado por orden del juez Baltasar Garzón en 2009 en el marco del caso Pretoria; hasta Macià Alavedra, vinculado también a CDC, o Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramanet por el PSC. Quien tiene un amigo…

El apellido Sumarroca es el más vinculado con los Pujol desde que el patriarca de la familia, Carles Sumarroca i Coixet, fundara con Jordi Pujol CDC. El crecimiento de sus empresas ha ido en paralelo al gobierno pujolista. Teyco, una de las de los Sumarroca, que también aparece en la investigación de la Gürtel, se adjudicó, sólo entre 2012 y 2014, contratos de la Generalitat que sumaron unos 5,4 millones de euros. Emte, otra de sus empresas, ganó 1,7 millones en 2012, aunque su contrato más importante llegó en 2003, poco antes de que CiU perdiera el Gobierno de Catalunya: 150 millones por la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona.

Otros personajes íntimamente relacionados con el expresident presuntamente vinculados a la corrupción fueron Josep Maria Cu­llell, cofundador de Conver­gèn­cia Demo­crà­tica de Catalunya y exdiputado por CiU, que estaría implicado en un caso de tráfico de influencias y corrupción urbanística en el que presuntamente favoreció a su cuñado; o Jaume Roma, íntimo amigo de los hijos de Pujol y su­cesor de Cullell en la conse­lleria de Política Terri­torial y Obras Públi­cas. Este último dimitió tras ser acusado de cometer irregularidades en las concesiones del Insti­tut Català de Salut que dirigía en 1995.

Los informes policiales de la UDEF que están saliendo a la luz apuntan también a hombres clave del Govern actual, como Felip Puig, actual responsable de Empresa y Ocupación, o Ramón Espadaler, conseller de Interior y exresponsable de Medio Ambiente. “Todo apunta a que ha habido una política de rapiña clientelar, de saqueo, que se ha podido abrir camino gracias al gran poder político acumulado, donde puede haber enchufismo, compra de lealtades, tráfico de influencias…”, concluye Asens.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/23871-chanchullos-la-oligarquia-catalana-al-descubierto.html

Insurgente

Un delincuente menos. Todo sigue igual

Posted in Corrupción, Estafa, Opinión on 10/09/2014 by athelvok

Muere impune Emilio Botín. Banquero y estafador, responsable de las muchas familias desahuciadas y de la inestabilidad económica de la nación. Así como muchos otros personajes de la historia negra española, engorda la lista de los delincuentes que nunca llegaron a pagar por sus crímenes. Que cada uno llore a sus muertos…

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PD: ¡Lucifer, no descuides tus ahorros!

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) desmontan el triunfalismo de Montoro sobre el fraude fiscal

Posted in Corrupción, Estafa on 03/09/2014 by athelvok

La lucha contra el fraude en España sigue cifrándose en números rojos. Más de 250.000 millones de euros anuales que escapan al control del fisco alcanzando un nivel récord del 24,6 por ciento del PIB.

| 02 Septiembre 2014 – 17:12 h.
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Los resultados en la lucha contra el fraude cosechados por la Agencia Tributaria (AEAT) desde que comenzó la crisis no han logrado evitar un aumento de la economía sumergida en España de 60.000 millones de euros, según señalaron hoy los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) en reacción a la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.

Por este motivo, Gestha considera que “algo está fallando” en la lucha contra el fraude cuando la economía sumergida sigue creciendo año tras año, alcanzando un nivel récord del 24,6% del PIB, lo que supone más de 250.000 millones de euros anuales que escapan al control del fisco. De hecho, el ejercicio 2013 fue el peor en resultados en los 23 años de historia de la AEAT, ya que la lucha contra el fraude apenas logró 10.950 millones de euros, con un descenso de 567 millones respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 1. Caída de los resultados de la AEAT en la lucha contra el fraude

Fuente: Gestha

Los Técnicos también apuntan que el mínimo repunte de la recaudación en la lucha contra el fraude no compensa el aumento de 15.000 millones de euros anuales de la economía sumergida. Además, los 5.508 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2014, un dato considerado “récord” por el propio ministro de Hacienda, son similares a los alcanzados en el mismo periodo de 2013 y 2012, cuando se ingresaron 5.034 y 5.042 millones de euros, respectivamente, por lo que los Técnicos no prevén para este año una mejora sustancial que permita hablar de un punto de inflexión en los resultados de la Agencia.

Por otro lado, los Técnicos lamentan también la autocomplacencia del ministro al referirse al tipo medio efectivo que pagan las grandes empresas a Hacienda, que actualmente se sitúa en el 5,3% y que espera que cierren el ejercicio en el 9%. Pese a la mejora, la cifra está a años luz del tipo del 30% nominal por el que deben tributar este tipo de compañías, que son las que concentran el 72% del fraude junto con las grandes fortunas, ocasionando unas pérdidas a Hacienda superiores a los 40.000 millones de euros anuales.

Más reclamaciones a Hacienda y menos denuncias por delito fiscal

Gestha también ha pedido cautela a la hora de hablar de las reclamaciones realizadas por los contribuyentes a Hacienda en los Tribunales Económicos Administrativos (TEA) y en los Tribunales de Justicia, ya que la falta de técnicos e inspectores para resolverlas ha provocado que la Agencia Tributaria pierda la mitad de los litigios, lo que ha afectado de forma negativa a los resultados de la lucha contra el fraude al recaudar 1.038 millones de euros menos en 2013.

Cuadro 2. Tasa de estimación de reclamaciones tributarias

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Además, los Técnicos muestran claras reservas sobre los datos facilitados por Montoro sobre las condenas por delito contra la Administración y Hacienda, ya que pese a que el número de condenas aumentó en los últimos dos años y medio, la propia Memoria de la AEAT reconoce que se han desplomado las denuncias al Ministerio Fiscal por este tipo de delitos, bajando a 652 en 2012 desde las más de un millar registradas un año antes.

Este desplome se debe, según Gestha, a la resolución interna de la AEAT sobre las competencias y funciones en el área de Inspección, que impide a los Técnicos de Hacienda ultimar expedientes en “los supuestos de especial dificultad sobrevenida”, es decir, simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal. Esto provoca que las denuncias no siempre acaben en condenas penales y que parte de los condenados sean finalmente indultados por el Ejecutivo.

Por tanto, Gestha considera “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado (IGAE) a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude fiscal y blanqueo de capitales, así como el control del gasto público y las subvenciones, a través de la autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su efectiva aplicación.

Además, son necesarios más recursos en la persecución del fraude. De hecho, según los datos de la OCDE, para equiparar la Administración tributaria española con la media europea, se necesitaría 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo. Por tanto, según Gestha, esta carencia no se suple con 490 técnicos de Hacienda, 54 inspectores y 321 agentes nuevos en la lucha contra el fraude aprobada recientemente en la Oferta de Empleo Público extraordinaria.

NuevaTribuna

“Mercadona está en los papeles de Bárcenas como donante por un compromiso futuro”

Posted in Corrupción, Estafa on 03/09/2014 by athelvok

El presidente de Mercadona declara como testigo por el caso Bárcenas. (EFE)

El presidente de Mercadona declara como testigo por el caso Bárcenas. (EFE)

03/09/2014 (05:00)

La causa conocida como ‘papeles de Bárcenas’ en la que se investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular está llegando a su recta final. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está recibiendo los últimos informes que quedan pendientes. Uno de los últimos en llegar ha sido el elaborado por la Policía sobre la empresa de alimentación Mercadona.

Según los agentes, las donaciones que figuran en la contabilidad paralela elaboradora por el extesorero del PP de 90.000 euros en 2004 y 150.000 euros en 2008 no tienen como destino pagar una dádiva por un acto concreto, sino buscar una recompensa futura.

“Mercadona figura como donante en los papeles de Bárcenas con el único objetivo de facilitar la consumación de una expectativa de futuro todavía no surgida con la creación de un compromiso a quienes pueden satisfacerla”, recoge el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Según explican los expertos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), el modus operandi de los donantes del PP es otro. Para los investigadores, las entregas que figuran en la contabilidad B del partido que ostenta el gobierno y elaborada durante años por Luis Bárcenas, actualmente en prisión por el caso Gürtel, y realizadas por sociedades constructoras en su mayoría, no se realizan para la obtención de una obra o concesión pública en concreto. “Se trata de entregas contributivas con el fin de crear un compromiso que a corto, medio o largo plazo, el donante sabe que va a ser satisfecho”, afirma.

A pesar de esta aseveración, el presidente de la compañía, Juan Roig, no está imputado en la causa, al contrario que los demás altos cargos de empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes. El juez le citó a declarar el pasado mes de febrero, pero en calidad de testigo. En su interrogatorio, negó los pagos que constan en esa contabilidad, afirmación que no comparte la Policía. “Como resultado de lo instruido hasta la fecha en base a testimonios prestados en sede judicial, al resultado de requerimientos judiciales, y al análisis de documentación bancaria se ha podido establecer una presunción de veracidad de los registros anotados en dicho documentos, entre los que se encuentran las dos anotaciones vinculadas a la entidad Mercadona registradas en los años 2004 y 2008”, recoge el informe.

Fotografía de archivo del extesorero del PP Luis Bárcenas. (EFE)

The Fucking Master of the Universe

Con estas últimas informaciones, la Policía descarta que Mercadona pagara esas donaciones para arreglar un problema concreto de licencias en la localidad valenciana de Paterna, tal y como denunció un testigo, cuyas acusaciones no pueden quedar acreditadas por la Policía por varias razones. La primera, porque ha quedado demostrado que las entregas de dinero a Bárcenas no eran para el pago de dádivas por obras concretas sino para garantizarse un buen trato en el futuro. Además, porque el propio extesorero de la formación política aseguró en un interrogatorio que todas las sedes tenían su caja B y, por tanto, “lo lógico sería pensar que la supuesta dádiva se hubiera realizado a la caja B del Partido Popular de Valencia o de la Comunidad Valenciana”, recoge el documento.

Las donaciones tendrían que ir al alcalde

Asimismo, otra de las afirmaciones que no le cuadra a la Policía de la versión del denunciante, Jorge Cubells, es si fue el alcalde de Paterna quien favoreció a Mercadona en sus licencias para que la donación fuera a la sede nacional del partido en vez de a él. “En el curso de las investigaciones de corrupción pública se observa como en la mayoría de las ocasiones en las que se ha producido un impedimento u obstáculo a la obtención de licencias, o la necesidad de obtener una acto administrativo favorable a los intereses del administrado, éste se subsana mediante la entrega de dádivas, regalos o favores a los funcionarios o autoridades que finalmente son los encargados de agilizar o promover el procedimiento administrativo respectivo con su firma. Al fin y al cabo la responsabilidad de la actuación recae sobre su persona. De hecho, dentro de las diligencias previas 275/08 (caso Gürtel), la organización de Francisco Correa hacía entrega de regalos, dádivas o dinero a las personas de las que directamente dependía el acto administrativo que beneficiaba sus intereses”, afirma.

En este caso, la Policía considera que no es posible sacar una relación entre los pagos de Mercadona recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ con la supuesta actuación fraudulenta que implicaría a funcionarios del Ayuntamiento de Paterna.

ElConfidencial

PD:

‘Caso Pujol,’ ¿Y cómo empezó todo?

Posted in Corrupción, Estafa, Historia, Opinión, Política on 24/08/2014 by athelvok

El exlíder de CiU pasa de “español del año” a independentista proscrito

Lunes, 18 de agosto del 2014 – 18.17 h

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, está en el ojo del huracán. La explosión del caso Pujol se mira y remira por unos y por otros solo en relación con el independentismo catalán. Pero tiene mucho que ver también, o sobre todo, con la corrupción y la revuelta popular contra la casta de la transición. El notario López Burniol cita a menudo una frase atribuida a Azaña en la que identificaba todos los males de España con un puñado de familias cuyos negocios acampan en las laderas del Boletín Oficial del Estado. Según el republicano, llevan siglos siendo las mismas. Su penúltima operación de surfismo político aconteció durante la transición. Bancos, compañías energéticas, constructoras de obra civil, un par de editores de prensa y unos pocos más sobrevivieron a la dictadura en el campo empresarial y aún hoy –impulsados por las privatizaciones del último Felipe González y las liberalizaciones del primer Aznar– copan las juntas de accionistas y los consejos de administración de una serie de empresas convertidas en multinacionales que han sufrido la crisis con mucha menor intensidad que las pequeñas y medianas empresas gracias al control que ejercen sobre el BOE, también en democracia. Lo explica magníficamente César Molinas en su último libro.

Para entender las relaciones de estas familias con el poder franquista es muy recomendable ver la película La escopeta nacional, donde un genial Saza interpreta a un industrial –catalán, por supuesto- que pretende conseguir que un ministro publique un decreto obligando a implantar el portero electrónico en todos los edificios de viviendas en España y aspira a que los únicos homologados por el Gobierno sean los de su fábrica. El hombre se gasta una fortuna en sufragar una cacería en honor del ministro que, finalmente, le pide un porcentaje en la nueva empresa además de beneficiarse a su secretaria.

La transición fue tan modélica que la sobrevivieron casi todos los políticos franquistas –excepto los más significados- y la totalidad de los jueces, los fiscales, los policías y… los empresarios como el de La escopeta nacional. Cuando pasan cosas como las de Pujol, o como Gürtel o como Pretoria o como Filesa o como Pallerols, siempre me viene este asunto a la memoria. Jamás critico a quienes hicieron la transición. Saldarla sin tiros merece el silencio sobre todo lo demás. Pero los actos –todos- tienen consecuencias aunque respondan a nobles propósitos. Del franquismo, la transición se quedó con el jefe del Estado pero también con las élites de funcionarios y de empresarios que garantizaron la continuidad de una determinada manera de hacer las cosas a favor de unos determinados intereses.

Los mismos que iban a las cacerías pronto aprendieron el carácter lampedusiano de la transición. Para ello contaron con la ingenuidad de la nueva clase política. Atemorizados por el poso franquista de la sociedad española, el consenso de la transición partió de tres premisas fundamentales: no había que pasar cuentas con el pasado, los partidos democráticos debían ser pocos y fuertes como lo había sido la Falange y la democracia no podía costar un duro a los ciudadanos, en apariencia. La crisis ha puesto en evidencia esas tres claudicaciones que las nuevas generaciones ya no toleran, sobretodo cuando toman formas hipertróficas en asuntos como el rescate de Bankia y las autopistas radiales de Madrid, el sobrecoste del AVE, el fraude de los ERE en Andalucía, las comisiones de Bárcenas y la trama de los hijos de Pujol.

La casta y el consenso constitucional

Los trapos sucios de la transición se escondieron tras el eufemismo de los pactos de Estado, el consenso constitucional. Fernando Abril Martorell en nombre de Suárez, Alfonso Guerra en el de Felipe González y Miquel Roca en el de Pujol amañaron lo fundamental: evitar la restauración de la legalidad de la Segunda República –y por lo tanto no juzgar ni a quienes la subvirtieron ni a quienes titularizaron el botín-; garantizar un sistema nuevo de partidos sin la Falange, pero también con el PCE y Esquerra Republicana marginalizados para reforzar la operación de amnesia; y, en tercer lugar, crear un método de financiación de los partidos políticos que evitara la sensación que la democracia era más cara que la dictadura. Así es como se crearon las condiciones para lo que después aflora. Los mismos que pagaban mordidas a la dictadura pasaron a sacar a los nuevos partidos de sus apuros financieros derivados de un deficitario sistema de financiación pública. Que la UCD se acomodara a este pacto resulta del todo previsible. El partido de Suárez representaba a los funcionarios, empresarios y ciudadanos españoles que no querían demoler al franquismo sino sobrevivirlo. ¿Cuándo sucumbieron al trato partidos de tradición democrática con dirigentes encarcelados o exiliados por el franquismo? No fue cosa de un día sino un proceso lento e imperceptible.

Pujol obtuvo en 1980 una victoria inesperada en las elecciones catalanas. Comunistas y socialistas habían arrasado en las elecciones de 1977 y 1979. Los mismos que hoy se movilizan por tierra, mar y aire para frenar al independentismo vieron en Pujol el muro de contención contra un gobierno de socialistas y comunistas en la Catalunya autonómica. De manera que el exdirigente de Banca Catalana –persona de fiar para las elites madrileñas y barcelonesas susceptible de ser domesticado- recibió todo tipo de ayudas, lícitas e ilícitas. La más llamativa –vista con la perspectiva del tiempo- fue el manguerazo que recibió de la patronal catalana la Esquerra Republicana de Heribert Barrera, furibundo anticomunista al que por ello perdonaron su independentismo que meses antes le había dejado fuera de la legalidad constitucional. Esos hijos de exbancarios catalanes que ahora se rasgan las vestiduras escribiendo un día sí y otro también que el independentismo lo inventó Pujol en TV3 y en la escuela deberían preguntar en su casa quién y por qué pagó a Barrera la campaña electoral de 1980. Tras ese primer escarceo, Pujol ya formaba parte del sistema y, por lo tanto, cuando un par de años después algunos damnificados de aquella derrota le buscaron con malas artes las cosquillas por su vida anterior de banquero recibió la preceptiva protección. Esos experiodistas que ahora escriben día sí y día también que los hijos de Pujol robaban a manos llenas ante el silencio de la prensa que se atreven a llamar subvencionada deberían explicar cómo y por qué dejaron de investigar el caso cinco minutos antes de pasar a dirigir la televisión de Pujol para luego arruinar el diario de Prenafeta. En esa operación estaba ya metido el hombre que le ha hecho la declaración de la renta a Pujol mientras ha defraudado: Joan Antoni Sánchez Carreté, entre muchas otras cosas dirigente del Partido del Trabajo que amparó a ERC en sus listas en las elecciones generales de 1977. Félix Martínez ha explicado que ha sido uno de los cerebros de la confesión del expresident.

La definitiva incorporación de Pujol al sistema de trabajo de las elites postfranquistas –catalanas y españolas- llegó tras la operación Roca. Un asunto del que el expresident destronado se mantuvo aparentemente distante pero que no dejaba de ser un intento de reproducir a escala española la alianza de intereses que él había liderado en Catalunya. El preámbulo de la operación Roca fue nombrar a Pujolespañol del año” en 1985 por el diario ABC (título que aún no le ha retirado) como único bastión frente a la hegemonía de los socialistas aún no plenamente domesticados. El asunto salió mal y la manera de tapar el agujero no es ajena a lo que ahora se destapa: el secretario general del Partido Reformista Democrático –hoy presidente del Real Madrid– había comprado a precio de saldo una empresa llamada Construcciones Padrós, radicada en Badalona y en la órbita de Banca Catalana, y que en pocos años pasó a ser una de las principales contratistas de la obra pública licitada por la Generalitat. Así el exsecretario general amasó suficiente fortuna para recuperar los avales personales con que se financió la campaña del PRD. Y se abrió la veda en una administración de nuevo cuño como era aquella Generalitat de Catalunya que pasó a ser una copia a escala local de aquella administración y aquellos empresarios que sobrevivieron al franquismo, fueran catalanes o españoles. Poco después, Pujol entendió que el control de la caja podía conllevar el control del partido. Cuando Miquel Roca, envalentonado, alzó el partido contra el fundador para forzar su entrada en el Gobierno español, Pujol decidió cortarle las alas y montar un sistema alternativo. Para ello se sirvió de dos alfiles: Josep Antoni Duran i Lleida a cuya sombra se montó la trama de Pallerols (ya juzgada) y Lluís Prenafeta al frente del clan Pujol, capitaneado por la esposa y el primogénito. Ahí empezó todo, no por ninguna herencia.

La ingenuidad del PSOE y la OTAN

Fue también por esas fechas cuando el PSOE perdió la ingenuidad. Las primeras campañas las financió con fondos procedentes del SPD (“Ni flick ni flock”, ¿recuerdan?) y con los fondos públicos previstos para los partidos con representación. Pero en 1986 llegó el referéndum de la OTAN. Y la ley no tenía previsto sufragar el gasto. Fue en ese momento cuando se montó la trama Filesa (ya juzgada). Las empresas “del sistema” querían ayudar a Felipe González a ganar el referéndum e idearon la manera de financiar la campaña con la facturación de estudios inexistentes, todo legal en la cuenta de resultados de las compañías e ilegal en la contabilidad de los partidos. La historia se repite una y otra vez, formalmente son los políticos los que cometen ilegalidades pero son las empresas las que se llevan los beneficios.

Faltaba un tercero en discordia para asegurarse la plena impunidad. El PP de Aznar, ausente como ERC del consenso constitucional, entró en esta dinámica cuando el nuevo líder de la derecha decidió poner al frente de las finanzas a su mentor político, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso Bárcenas y heredero de la saga Naseiro-Sanchis, exculpados en un caso de financiación ilegal por el mismo sistema que ahora pretende librarse Pujol querellándose contra la banca andorrana: la eliminación de las pruebas por estar contaminadas en su origen. Con Lapuerta, Aznar logró que el PP dejase de ser la sectorial política de la CEOE que quitaba y ponía candidatos como explica en su primer volumen de memorias. Por eso el editor de Logroño siguió al frente de la financiación del PP hasta pasar el bastón de mando a su número 2: Luis Bárcenas. El resto ya está explicado.

Así las cosas, a principios de los años 90 del siglo pasado en España los pactos de Estado que garantizaron una transición pacífica ya tenían a todos los partidos con posibilidades de gobernar –y los únicos que han gobernado de hecho- conchabados en un sistema amparado por la jefatura del Estado, con partidos fuertes pero mal financiados y con una omertá basada en el chiste del dentista. Cuando aparecía un escándalo vinculado a la financiación de los partidos, se decían unos a otros: “¿Verdad que no nos haremos daño? En esas condiciones, España –incluida Catalunya- vivieron dos épocas doradas de inversión pública –con sus correspondientes comisiones-: los fastos de 1992 y la burbuja inmobiliaria a partir del 2000. Se hicieron autovías, edificios públicos, autopistas, carreteras, escuelas, universidades, miles de kilómetros de Alta Velocidad, aeropuertos, puertos… Todos construidos por las mismas empresas que hicieron los pantanos de Franco y alguna reciente incorporación. Y todos sobrefinanciados por la Unión Europea y por los pelotazos inmobiliarios. La mejor manera de entenderlo es revisitar la serie de televisión Crematorio.

La crisis se llevó el agua del dinero fácil y apareció el lodo de la corrupción. Noos, Gürtel, ERE, Palau, Pretoria, Mercuri, Pujol… Siempre la misma historia: manejos en el BOE (concursos, recalificaciones, concesiones, reglamentos, homologaciones) pagados a través de empresas fantasmas dirigidas por los menos escrupulosos que se llevan un porcentaje de la mordida y con el resto pagan los festejos electorales. La primera reacción para surfear esta nueva contrariedad fue generar en el mapa político alternativas a los partidos de la transición pero low cost, gracias a las redes sociales: así Unión Progreso y Democracia (fundada por una exdirigente socialista) y Ciutadans (fundado por el hijo de un expresidente de la Caixa y primo del penúltimo presidente de Catalunya Banc) se dedicaron durante la crisis a expandir la idea que la corrupción era cosa de los políticos mientras que los empresarios eran como las esposas de Urdangarín y Torres: firmaban pero no sabían nada. En su discurso entretienen al personal con los excesos en las dietas –que existen-, con los excesos en los cuadros de los exministros –que existen-, con los excesos en los coches oficiales -que existen-, con los excesos de cargos de confianza –que existen-, pero los picos de oro de la antipolítica nunca hablan de los excesos de obra pública, de gasto farmacéutico o de los seguros de vida de las concesionarias de las autopistas. Esa labor ha quedado para Podemos, y en menor medida IU y Esquerra.

Finalmente, la bomba ha estallado por el lado de Pujol. Su apoyo al desafío independentista le ha expulsado del pacto de Estado –ya no sirve como muro de contención de ERC ni asegura la unidad de mercado- y una vez proscrito todos se han acordado de los pagos que hicieron a su entorno, antes roja que rota. La memoria es selectiva. Pero todo no empezó en el 2012, sino en 1976.

elperiodico.com

La política después del 25M, por José Errejón

Posted in Corrupción, Estafa, Opinión, Política, Sociedad, UE on 20/06/2014 by athelvok

 

Lunes 16 de junio de 2014

Tras el terremoto del 25M todas las fuerzas políticas intentan recomponerse con la vista puesta en las elecciones municipales, autonómicas y generales del 2015…si el Gobierno aguanta hasta entonces, que hay motivos serios para dudarlo.

Del lado del régimen y empezando por el PP, el intento de disimular el tremendo batacazo de la noche electoral con el del PSOE no puede ocultar la realidad, por mucho que paseen a los Borbones o que aireen las buenas noticias de la prima de riesgo o la recuperación de la actividad bursátil. Los casos de corrupción, los conocidos y los nuevos que brotan como hongos a lo largo de la geografía del poder territorial de la derecha, hacen imposible la digestión que el cachazudo Rajoy precisaría para rentabilizar en términos electorales esas “buenas noticias”. Una parte muy sustancial del electorado que confió en el PP para volver a los buenos tiempos de la prosperidad ya ha comprobado que faltan muchos años aún para recuperar esos tiempos… si es que llegan alguna vez, sobre lo que hay dudas más que razonables. La base de clases medias sobre la que descansaba el proyecto en realidad oligárquico y posdemocrático del PP (y del que el del PSOE era solo el envés, un proyecto estratégico basado asimismo en las clases medias) podría así estar entrando en una fase de fisuras crecientes, en la medida que las políticas gubernamentales son incapaces de asegurar los niveles de seguridad en el disfrute de os bienes que acolchan la existencia de ese estrato social. (Todo lo anterior, obvio es decirlo, se multiplica para aquellos sectores de la clase trabajadora no propietaria que en algún momento han votado al PP, convencidos de que si a los ricos les va bien, “algo caerá para los de abajo”, que la igualdad, la redistribución y la justicia no se comen ni se pueden “llevar al mercado”).

En CiU el vendaval 25M y la posición ante la operación sucesoria también han dejado sentir sus efectos. Rebasado por ERC y temeroso de que el mantenimiento de su tradicional actitud de partido de Estado le hiciera perder definitivamente la hegemonía entre el electorado nacionalista, su dirección ha optado por abstenerse en la votación para la promulgación de la ley orgánica prevista en el art 57.5 de la Constitución. Aun cuando los medios palaciegos hayan tratado de minimizar el alcance de este voto con sus loas al 85% del apoyo recibido por la ley sucesoria, las consecuencias no dejarán de sentirse en la gobernación del Reino de España. De entrada es un síntoma del cálculo que el partido representante de una parte de la burguesía catalana hace de la fuerza relativa del régimen del 78. La situación del mismo y la disponibilidad de recursos del Estado no permiten pensar, no ya en un incremento sustancioso de las transferencias financieras a la Generalitat, sino ni tan siquiera en el mantenimiento de su nivel actual. De tal manera que su apoyo y la legitimación que del mismo se desprende para el régimen se queda sin una contrapartida o retribución suficiente como para hacer olvidar las aspiraciones soberanistas de la mayoría del pueblo catalán.

También el PNV se ha abstenido, aunque eso seguramente entraba en los cálculos del Gobierno, habida cuenta la tradicional posición abstencionista en estas lides en un partido con relaciones muy orgánicas con su electorado y cuyas bases sociales conservan con claridad la memoria de su pertenencia al bando republicano. El caso es que también resta y lo hace en terrenos muy sensibles para la estabilidad del régimen y que desbordan con mucho el alcance de la aritmética parlamentaria.

El proceso de descomposición/1 del PSOE se ha acelerado mucho tras el fracaso de la apuesta de diferenciación ideológica intentada en la pasada campaña. Es ciertamente difícil creer a Elena Valenciano cuando, mirando al candidato del PP, pedía a los electores advertir las enormes diferencias. Es verdad que los electores veían al impresentable Cañete como representante de la derecha castiza y cazurra de toda la vida, pero no lo es menos que en Valenciano veían la representación del partido causante de las principales frustraciones históricas para la gente trabajadora en los últimos tres decenios. Así que, como dice el refrán “a buenas horas mangas verdes”, las “diferenciaciones ideológicas” suenan a música celestial a sus votantes, cansados de esperar el milagro de un PSOE haciendo política socialdemócrata.

Y el vaso ha rebosado también para sus afilados cuando el dimitido Rubalcaba ha comprometido la palabra del viejo partido de Pablo Iglesias (el fundador del PSOE, no el de Podemos) en la defensa de la monarquía y la herencia borbónica. Cuando el 11 de junio sus parlamentarios, en tanto que representantes de la soberanía popular, han primado la defensa de los consensos del 78 frente al ejercicio de esa soberanía popular por su titular, se han pasado del lado histórico de los grupos sociales que la niegan de forma cotidiana y permanente. Han demostrado, en efecto, tener “sentido de Estado”, ese sentido de Estado que en los momentos actuales, como tantas veces en nuestra historia, es antes que nada negación y expropiación de los derechos del pueblo. Será difícil que las mujeres y los hombres que quieren ser libres e iguales olviden esta elección o apuesta. Podrá permanecer usurpando unas siglas que durante décadas representaron la identidad y la esperanza para muchos trabajadores españoles; pero lo hará como un aparato más de los que operan al servicio de la subordinación y la opresión de la mayoría, de los que trabajan como funcionarios del capital.

Las últimas dimisiones de sus barones regionales y la proliferación de candidatos potenciales para sustituir a Rubalcaba dan idea de la profunda crisis que le afecta. No parece muy posible que entre las mismas haya alguna dispuesta a recorrer la senda de la recuperación de un proyecto socialdemócrata y con posibilidades de desatarse de sus ataduras con el régimen/2.

No por ya comentado deja de ser llamativo el silencio de las direcciones sindicales en esta coyuntura. También su situación financiera es todo menos boyante, como lo demuestran las cadenas de EREs en tramitación para reducir empleo en sus oficinas. Pero además parece que sus burocratizadas estructuras se adaptan mal a tiempos de cambios como los actuales, viven mejor en situaciones de estabilidad de los negocios y la evolución antropológica de su personal de dirección y cuadros se compadece mal con situaciones como la presente en la que sus interlocutores de la patronal y las administraciones públicas no tienen necesidad de su concurso.

Lo más interesante de la escena política actual está ocurriendo fuera de los límites del régimen. La aparición de Podemos, cuyo análisis merece una atención destacada, ha alterado sustancialmente equilibrios políticos que parecían sumamente estables al interior de los partidos del régimen pero también entre los que se posicionan enfrente. Izquierda Unida, que ha vivido una dulce etapa en la que se veía como heredera natural del PSOE en la parte izquierda del régimen, se ve obligada a recomponerse a toda prisa alertada por la presión de Podemos, que la ha superado en varias regiones y la supera con una enorme distancia en intención de voto en las encuestas publicadas/3.

Las izquierdas nacionalistas, beneficiarias también de la crisis del régimen, no pueden volver la cara a los distintos escenarios para la resolución/superación de esta crisis. De una u otra manera, más temprano o más tarde tendrán que adoptar una posición en relación con las fuerzas que a escala de Estado pero también de los distintos ámbitos territoriales se han situado en la perspectiva de la ruptura democrática. Esta es una tarea que ya está en la agenda pero ninguna parte debiera precipitarse en abordarla antes de que cuajen determinados procesos que están en marcha. La iniciativa adoptada en Barcelona por una amplia confluencia de actores políticos, sociales y profesionales para presentar una candidatura al ayuntamiento encabezada por Ada Colau corresponde a uno de estos procesos en los que pudiera estarse fraguando un nuevo y potente actor político de perspectiva asimismo constituyente.

No es arbitrario el uso del término. Con él se pretende designar procesos que suponen la apertura de un nuevo tiempo histórico, sea en el ámbito que sea, por tanto no circunscrito al ámbito de la Constitución del Estado. Los municipios son ámbitos especialmente adecuados que además se enfrentan a la ofensiva directa del PP para expropiarles sus competencias en materias relacionadas con las prestaciones sociales, en favor del negocio privado, consumando así la desamortización del siglo XXI con la que pretenden cambiar la fisonomía del Estado y la sociedad civil en dirección a su colonización absoluta por el capital financiero e inmobiliario.

Es esta circunstancia la que otorga a las iniciativas en curso una potencialidad anticapitalista, por democrática. En el debate sobre la abdicación, PP y PSOE han querido presentar la operación sucesoria como la única actitud posible en defensa de la Constitución. Pretenden asociar la forma monárquica del Estado con el mantenimiento de los derechos y las libertades, como si la primera fuera la condición de existencia de los segundos, tras haber machacado con todos sus medios para presentar al heredero de Franco como el que trajo la democracia a España, en la mejor de las versiones asistido por los partidos “sensatos” de izquierda.

Pues bien, estos partidos están deslegitimados para hablar de la defensa de la Constitución porque han sido los primeros en violarla de forma flagrante y continuada, no solo por la reforma exprés del art 135 sino por la consolidación de un principio, el de estabilidad presupuestaria que, al decir de varios profesores de Derecho Constitucional y administrativo, es difícilmente compatible con el Estado social y autonómico/4. Pero además y como dice uno de los participantes/5 en el seminario que se cita a pie de página, la reforma constitucional ha sido una reforma “derivada”, tiene su origen en una decisión tomada por otro sujeto que ocupa materialmente el lugar de un poder constituyente sin estar sancionado para ello en la propia Constitución .

En su virtud, buena parte -la más sustancial- de la potestad de dirección de la política económica, atribuida al Estado por el art 149.1.13/6, se ha ido a Bruselas vaciando de contenido efectivo tan pomposo título constitucional. Vaciamiento constitucional que arrastra cuanto encuentra a su paso: junto a dejar en papel mojado el Título VII de la Constitución, se carga asimismo el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones proclamado en el artículo 2 y consagrado para las administraciones territoriales en el 137.

No, no pueden hablar de la defensa de una Constitución que están desmontando en forma acelerada para sustituirla por otra que nunca someterán a referéndum pero que ya rige de forma efectiva la vida de las ciudadanas y ciudadanos de este país.

En esa constitución material la totalidad de las instituciones y magistraturas del Estado son poderes vicarios y la fuente de los mismos no es el pueblo, como proclama el art 1.2 de la del 78 sino el conjunto de perfiles inciertos que agrupamos bajo el apelativo de “mercados financieros”, en realidad, las grandes corporaciones que invierten o desinvierten a velocidades supersónicas en este o aquel país, en este o aquel sector de actividad, imponiendo normas y políticas o desautorizándolas, esclavizando con sus imposiciones o condenando al hambre y la pobreza a millones de seres humanos.

Actuando como vicarios de estos poderes efectivos, los partidos del régimen han acometido un proceso destituyente que ha modificado unilateralmente lo más sustancial del pacto del 78. Ahora quieren mantener los beneficios de ese pacto, básicamente la sumisión de la población a los designios de la oligarquía reinante y dominante. Se trata de reducir la democracia a sus aspectos litúrgicos, reservando la mayor parte de las decisiones sobre los asuntos públicos (qué derechos sociales y a cuánta gente llegan, qué servicios públicos para garantizar el ejercicio de tales derechos, qué sistema tributario y de financiación del gasto público, qué relación debe existir entre el “libre mercado” y los derechos sociales, etc.) al funcionamiento “objetivo” de los mercados sin interferir en el “complejo trabajo” de los operadores de los mismos con pretensiones igualitarias y de transparencia que solo “aumentarían la entropía” en el funcionamiento del sistema.

La mayoría del personal dirigente de la clase política del régimen/7 parece haberse instalado en la convicción de que la complejidad de los sistemas contemporáneos no permite una intervención de las poblaciones que vaya más allá de la designación electoral de las élites gobernantes y las opositoras y de un control delegado y ritualizado de su actividad. En la etapa actual el capitalismo realmente existente, el capital financiero, se entrega al delirante sueño del “sujeto autómata” que le permitiría ahorrarse la molesta presencia de los trabajadores, la no menos molesta presencia de los ciudadanos.

Fábricas sin obreros, democracias sin ciudadanos. Pero sin obreros no hay valor ni plusvalor y el funcionamiento de la máquina de acumular capital se para. Y sin ciudadanos no hay ciudad, solo queda el amontonamiento de poblaciones sumisas y sedientas de un consumo cada vez más imposible y ecocida. Y el gobierno de la ciudad ya es solo compactación, policía de esta aglomeración, y su forma misma se asemeja cada vez más al diseño de los campos de concentración.

16/06/2014

Notas

1/ Durante mucho tiempo, a pesar de las señales cada vez más claras, he dudado en utilizar este término ó el de pasokización, pero ahora los síntomas indican un proceso muy avanzado

2/Que tienen texturas no solo ideológicas o culturales sino también alguna otras muy materiales como los créditos pendientes de renegociación, cuyo coste podría encarecerse sustancialmente ante un gesto de recuperación socialdemócrata

3/ Destacando entre todas la de El Periódico, que le asignaba 56-58 escaños en unas hipotéticas elecciones generales

4/ Ver Seminario “Los efectos de la crisis económica sobre las instituciones públicas” dirigido por el prof Santiago Muñoz Machado

5/ Ver Javier Gª Roca en la misma referencia anterior

6/ Por cierto, permanentemente invocado para invadir y vulnerar las competencias autonómicas con este pretexto

7/ A pesar de la fortuna mediática conseguida en tan poco tiempo por PODEMOS, me resisto a utilizar el término “casta”; me parece que es más lo que confunde que lo que describe, aunque no dejo de reconocer su éxito en identificar campos políticos opuestos, condición de existencia de una identidad política

José Errejón es militante de Izquierda Anticapitalista

VientoSur

Vasos Comunicantes

De cómo unas cosas tienen relación con otras.