Crisis en las estructuras de poder: los chanchullos de la oligarquía catalana, al descubierto

Las familias Pujol y Sumarroca, estandartes de la élite local desde hace tres décadas, podrían haber cometido media docena de delitos con sus empresas.

Catalunya está gobernada por 400 personas. Es lo que dejó caer en 2001 el empresario y expresidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet, años antes de ser condenado por el caso Palau. En ese selecto grupo se encuentran los empresarios y políticos contra los que Guanyem Barcelona y Podemos, con el apoyo de otros grupos como ICV, Partido X y movimientos como el Observatori Desc o la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, presentaron el pasado 2 de septiembre una querella. En concreto, se nombra al expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, y varios miembros de su familia: su esposa, Marta Ferrusola i Lladós, y los siete hijos de ambos. Además, la denuncia se extiende a Jordi Puig, hermano de Felip Puig, actual conseller d’Empresa i Ocu­pació, y amigo y socio de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresident. También se amplía al cofundador de Convergència De­mo­­crà­tica de Catalunya (CDC), Car­­les Suma­rroca, y sus hijos Carles y Jordi. Entre los delitos de los que se les acusa se encuentran tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos y delitos contra la hacienda pública.

Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, confesó en julio, a través de un comunicado, la existencia de un “dinero ubicado en el extranjero”, cantidad que se reprodujo en varias cuentas a nombre de su familia y que en ningún caso sería inferior a cuatro millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estima ya la fortuna de los Pujol en Andorra en más de 500 millones. Para la acusación popular, el comunicado forma parte de una estrategia puesta en marcha por el equipo legal del clan de cara al comienzo del proceso. Sólo 25 días después del anuncio, el expresident intentó torpedear la acción de la justicia, pidiendo anular el proceso por defectos de instrucción, algo que desde la acusación consideran una estrategia “legítima desde el punto de vista procesal, pero propia de mafiosos”.

El objetivo de la querella es “investigar la connivencia y la confluencia entre el mundo de la política y los partidos políticos con los grupos privados del mundo financiero e inmobiliario, que aparentemente han conseguido neutralizar ciertos controles públicos y sacado adelante determinados proyectos por la cercanía con el poder –explica el abogado Jaume Asens, representante de Guanyem–. Queremos ver si el entramado empresarial del clan Pujol ha tenido un apoyo del partido que gobierna, Convergència i Unió”. Los querellantes apuntan a que las irregularidades existentes eran “consentidas y sabidas, cuando no directamente promovidas” por las élites catalanas.

Comisiones del 3%

“Los intereses privados parece que han tomado control de la gestión pública. Este mecanismo se expresa muy bien con el tema de las comisiones del 3%, que ahora se dice que son del 5%”, afirma Asens. Se trataría de comisiones sobre contratos públicos que fueron a parar al partido fundado por Pujol y a su familia, y cuya existencia insinuó Pasqual Maragall en marzo de 2005 en el Parlament, creando un terremoto político. “Lo que denunció Maragall en su día refuerza la idea de cleptocracia, en la que toda obra o concesión tenía que pasar por ese peaje”. Una falta de diferenciación entre la esfera económica y política semejante a la que se adivina en los distintos casos de corrupción que salpican la geografía estatal, como las tramas Gürtel, Bárcenas o Brugal. “Maragall se quedó solo cuando dijo aquello. Los grandes partidos de Catalunya se callaron. Protegían a un aliado, a un hombre clave en el Régimen del 78”, apunta.

El texto del documento cifra en más de 50 las empresas relacionadas con los Pujol, de las que cita a 28. Obra pública, explotación de locales de ocio, compra-venta de inmuebles, estudios de mercado, comercialización de obras de arte –al menos tres empresas del clan– o jardinería son algunos sectores por los que han apostado el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus hijos. Algunas de las empresas, como Inter Rosario Port Services, creada para la explotación de un puerto en Argentina y en la que figura como socio OHL, o Iberoamericana de Business and Marketing SA, fueron ya señaladas en un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como herramientas para la “salida de divisas” en febrero de este año, en el marco de la investigación que el juzgado tiene abierta sobre el primogénito de la familia. Otras son compañías estrella en la contratación pública catalana, como Indra, que desde que estableció relaciones con la familia Pujol al comprar, por 44,4 millones de euros en 2001, la consultora Europraxis Consulting Holding, de Josep Pujol Ferrusola, y al fichar a éste como directivo, comenzó a multiplicar las adjudicaciones recibidas por la Generalitat ­–muy escasas antes de 2001– hasta alcanzar los 190 millones de euros.

Entorn SL Enginyeria i Serveis, de Pere Pujol, el cuarto de los hermanos, ha conseguido más de 966.000 euros en adjudicaciones de la Generalitat entre 2000 y 2007, año en que la empresa fue comprada por Codema, de la familia Sumarroca, con la que hasta la fecha se había repartido los estudios ambientales de los parques eólicos construidos en la región.

“La querella va contra Pujol pero también contra su círculo íntimo, Sumarroca por ejemplo”, con­tinúa Asens. Es un círculo que, en parte, ya ha desfilado por los juzgados, desde el exconseller de Presidencia Lluis Prenafeta, hombre de confianza de Pujol que fue arrestado por orden del juez Baltasar Garzón en 2009 en el marco del caso Pretoria; hasta Macià Alavedra, vinculado también a CDC, o Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramanet por el PSC. Quien tiene un amigo…

El apellido Sumarroca es el más vinculado con los Pujol desde que el patriarca de la familia, Carles Sumarroca i Coixet, fundara con Jordi Pujol CDC. El crecimiento de sus empresas ha ido en paralelo al gobierno pujolista. Teyco, una de las de los Sumarroca, que también aparece en la investigación de la Gürtel, se adjudicó, sólo entre 2012 y 2014, contratos de la Generalitat que sumaron unos 5,4 millones de euros. Emte, otra de sus empresas, ganó 1,7 millones en 2012, aunque su contrato más importante llegó en 2003, poco antes de que CiU perdiera el Gobierno de Catalunya: 150 millones por la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona.

Otros personajes íntimamente relacionados con el expresident presuntamente vinculados a la corrupción fueron Josep Maria Cu­llell, cofundador de Conver­gèn­cia Demo­crà­tica de Catalunya y exdiputado por CiU, que estaría implicado en un caso de tráfico de influencias y corrupción urbanística en el que presuntamente favoreció a su cuñado; o Jaume Roma, íntimo amigo de los hijos de Pujol y su­cesor de Cullell en la conse­lleria de Política Terri­torial y Obras Públi­cas. Este último dimitió tras ser acusado de cometer irregularidades en las concesiones del Insti­tut Català de Salut que dirigía en 1995.

Los informes policiales de la UDEF que están saliendo a la luz apuntan también a hombres clave del Govern actual, como Felip Puig, actual responsable de Empresa y Ocupación, o Ramón Espadaler, conseller de Interior y exresponsable de Medio Ambiente. “Todo apunta a que ha habido una política de rapiña clientelar, de saqueo, que se ha podido abrir camino gracias al gran poder político acumulado, donde puede haber enchufismo, compra de lealtades, tráfico de influencias…”, concluye Asens.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/23871-chanchullos-la-oligarquia-catalana-al-descubierto.html

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