¿Sin novedad en el frente nacional/ista español?, por Jaime Pastor

 

Jueves 17 de julio de 2014

A medida que se acerca la fecha de la consulta no vinculante anunciada por el Parlament catalán para el próximo 9 de noviembre, vemos de nuevo removerse las filas dentro del mundo político y cultural español, dirigidas a emplazar al gobierno de Rajoy a dar una respuesta, ya sea mediante la amenaza del recurso a la fuerza o a través de un diálogo…para impedir la consulta. Dos manifiestos recientes dan testimonio de ambas posturas.

El primero, titulado Libres e Iguales (excluyendo así, ya de entrada, la diversidad y, por tanto, reclamándose de una España uniforme), propone un cierre de filas fuera de toda duda: “Reclamamos al Estado que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada”. Un “consejo” que implicaría, aunque no lo explicitan, la aplicación estricta del artículo 155.1 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Para mayor claridad, piden además a los partidos españoles “rechazar cualquier negociación que con el pretexto de evitar el conflicto que plantea el secesionismo catalán limite la soberanía del conjunto de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos”. En resumen, propugnan un enroque del nacionalismo español y la suspensión de la autonomía catalana en caso de que finalmente se celebre la consulta.

Ese discurso a favor de un “estado de excepción” (¿solo en Catalunya?) va precedido por un diagnóstico catastrofista en el que sostienen, nada más y nada menos, que “el secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española”; ante ese panorama lamentan que España es hoy “un Estado a la defensiva y en sus elites prevalecen el tacticismo y la resignación” frente al “fondo gravemente reaccionario del nacionalismo” (el catalán, por supuesto). Nada de esta descripción insultante y apocalíptica tiene que ver con lo que es el movimiento tan plural y tan transversal como el que está desarrollándose en Catalunya a favor del derecho a decidir su futuro.

Eso sí, al menos al final hablan de la necesidad de “la deslegitimación intelectual y política del nacionalismo”, por lo que esperemos que se apliquen el cuento y rectifiquen porque su propio documento destila nacionalismo (el del Estado nacional español) por todas partes. Con razón, Jordi Gracia escribía recientemente en El País que “el texto introductorio y la motivación misma del manifiesto contienen una insólita dosis de nacionalismo a la defensiva: la defensa de una hegemonía amenazada por otro nacionalismo”. Por eso, en este caso, salvo por el tono más desesperado y por muy ilustres que sean algunas de las personas firmantes, no hay novedad alguna respecto a manifiestos anteriores de quienes lo han promovido.

En cuanto al otro manifiesto, Una España federal en una Europa federal, parecería que el título apuntara alguna novedad teniendo en cuenta que hasta ahora incluso dentro de la izquierda mayoritaria su “patriotismo constitucional” apenas dejaba lugar para una apuesta federalista. En realidad, la Declaración de Granada del PSOE, aprobada el 6 de julio del pasado año, ya se atrevió a dar un paso adelante hacia ese cambio de discurso y ahora las personas firmantes de este manifiesto siguen ese camino pero lo hacen tan moderadamente como aquel documento.

En efecto, después de reconocer que “en algunas nacionalidades de nuestro país, como Euskadi y Cataluña, crece un movimiento independentista que pone en grave riesgo la unidad del Estado con consecuencias que entendemos serían nefastas para todos”, proponen una reforma constitucional que reconozca “las identidades diversas que componen nuestro país hasta el punto en que la evolución histórica ha establecido”. Un modesto paso que recuerda fórmulas anteriores como la de los “hechos diferenciales” y que está lejos, desde luego, de lo que se está reclamando desde las mayorías sociales y políticas presentes en esas áreas territoriales: su reconocimiento como naciones en condiciones de igualdad con la española. Todo lo que no sea eso, o sea, la aceptación por parte de la mayoría de los españoles y españolas de la realidad plurinacional existente bajo el Estado español y, por tanto, de que cualquier paso hacia un Estado federal exige el respeto previo al derecho a decidir –incluida la separación- del conjunto de la ciudadanía residente en sus respectivos ámbitos, no podrá dar credibilidad alguna a un futuro proyecto federal ibérico. No sorprende, por tanto, que “olviden” exigir que la reforma implique modificar artículos “sagrados” como el 2 de la Constitución, que proclama “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”; referencia que, no olvidemos, sirvió de argumento fuerte al Tribunal Constitucional para cuestionar partes fundamentales del nuevo Estatut de Autonomía catalán.

Lo lamentable en ese documento es que, aun recomendando ser “sensatos, a la vez que audaces”, ni siquiera se apoyan en la puerta abierta por la última resolución del citado Tribunal, adoptada el pasado 25 de marzo de este año: en ella, a propósito de la Resolución del Parlament de Catalunya del 23 de enero de 2013, se decía que “cabe una interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya”. Podrían, por tanto, haber sugerido alguna vía legal para que pudiera ejercerse, tendiendo la mano a la Ley de consultas que está discutiendo el Parlament catalán. Sin embargo, ni una sola palabra hay en este documento sobre ese derecho, a sabiendas de que es una demanda mayoritaria dentro de la sociedad catalana.

Solo, por cierto, el candidato de Izquierda Socialista a Secretario General del PSOE en las recientes primarias, José Antonio Pérez Tapias, además de declararse a favor de un federalismo plurinacional, ha tenido la audacia de defender el derecho a esa consulta no vinculante como condición previa para luego, en función del resultado, abordar una reforma constitucional a escala estatal. Sin ese requisito previo, de poco sirven otras sugerencias de ese Manifiesto, como la reforma del senado como cámara territorial, una distribución clara de competencias y una financiación justa y equilibrada; medidas todas ellas que vienen proponiéndose desde hace tiempo pero que no bastan para responder democráticamente al desafío soberanista-independentista catalán.

Quizás vendría bien a quienes han firmado estos Manifiestos recordarles la lección, aunque tardía, que extrajo el padre de la fórmula del “Estado integral” en la Constitución de 1931, Luis Jiménez de Asúa, cuando pocos años después de la derrota en la Guerra Civil, escribía: “Hay que zanjar ese asunto radicalmente previo. El deseo de nacionalidad y estado independiente debe ser esclarecido ante todo, para que sepamos si es realidad o amenaza, porque de ser real, huelgan todas las conversaciones y de no serlo, sobra la intimidación. Hagan ustedes, pues, amigos vascos, catalanes y gallegos, un plebiscito para que sus regiones respondan categóricamente si desean o no l separación/1

Concluyendo ya, pocas novedades se pueden encontrar en el autismo que comparten estos Manifiestos ante la realidad catalana: el uno refleja un ya viejo fundamentalismo constitucional de excepción, mientras que el otro pretende un ilusorio “consenso” federal que no parte de un pacto libre entre iguales y diferentes. No cabe congratularse por esto. Porque, por desgracia, lo que esos documentos expresan cuenta con apoyos mediáticos y sociales muy amplios dentro de la sociedad española. Mucho habrá que esforzarse en los próximos meses, desde movimientos como las Marchas de la Dignidad y fuerzas emergentes como Podemos, junto con otras de izquierda y demócratas en general, para que, al margen de lo que se opine sobre los nacionalismos de uno u otro signo, se vaya extendiendo la convicción de que lo que está en juego el próximo 9 de noviembre es si queremos una democracia real, no solo en Catalunya sino también en todo el Estado, frente a un régimen cada vez más antidemocrático y centralista.

1. Citado por D. Guerra, Socialismo español y federalismo, 1873-1976, Oviedo, Fundación José Barrio-KRK Ediciones, pp. 230-231.

VientoSur

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