La política después del 25M, por José Errejón

 

Lunes 16 de junio de 2014

Tras el terremoto del 25M todas las fuerzas políticas intentan recomponerse con la vista puesta en las elecciones municipales, autonómicas y generales del 2015…si el Gobierno aguanta hasta entonces, que hay motivos serios para dudarlo.

Del lado del régimen y empezando por el PP, el intento de disimular el tremendo batacazo de la noche electoral con el del PSOE no puede ocultar la realidad, por mucho que paseen a los Borbones o que aireen las buenas noticias de la prima de riesgo o la recuperación de la actividad bursátil. Los casos de corrupción, los conocidos y los nuevos que brotan como hongos a lo largo de la geografía del poder territorial de la derecha, hacen imposible la digestión que el cachazudo Rajoy precisaría para rentabilizar en términos electorales esas “buenas noticias”. Una parte muy sustancial del electorado que confió en el PP para volver a los buenos tiempos de la prosperidad ya ha comprobado que faltan muchos años aún para recuperar esos tiempos… si es que llegan alguna vez, sobre lo que hay dudas más que razonables. La base de clases medias sobre la que descansaba el proyecto en realidad oligárquico y posdemocrático del PP (y del que el del PSOE era solo el envés, un proyecto estratégico basado asimismo en las clases medias) podría así estar entrando en una fase de fisuras crecientes, en la medida que las políticas gubernamentales son incapaces de asegurar los niveles de seguridad en el disfrute de os bienes que acolchan la existencia de ese estrato social. (Todo lo anterior, obvio es decirlo, se multiplica para aquellos sectores de la clase trabajadora no propietaria que en algún momento han votado al PP, convencidos de que si a los ricos les va bien, “algo caerá para los de abajo”, que la igualdad, la redistribución y la justicia no se comen ni se pueden “llevar al mercado”).

En CiU el vendaval 25M y la posición ante la operación sucesoria también han dejado sentir sus efectos. Rebasado por ERC y temeroso de que el mantenimiento de su tradicional actitud de partido de Estado le hiciera perder definitivamente la hegemonía entre el electorado nacionalista, su dirección ha optado por abstenerse en la votación para la promulgación de la ley orgánica prevista en el art 57.5 de la Constitución. Aun cuando los medios palaciegos hayan tratado de minimizar el alcance de este voto con sus loas al 85% del apoyo recibido por la ley sucesoria, las consecuencias no dejarán de sentirse en la gobernación del Reino de España. De entrada es un síntoma del cálculo que el partido representante de una parte de la burguesía catalana hace de la fuerza relativa del régimen del 78. La situación del mismo y la disponibilidad de recursos del Estado no permiten pensar, no ya en un incremento sustancioso de las transferencias financieras a la Generalitat, sino ni tan siquiera en el mantenimiento de su nivel actual. De tal manera que su apoyo y la legitimación que del mismo se desprende para el régimen se queda sin una contrapartida o retribución suficiente como para hacer olvidar las aspiraciones soberanistas de la mayoría del pueblo catalán.

También el PNV se ha abstenido, aunque eso seguramente entraba en los cálculos del Gobierno, habida cuenta la tradicional posición abstencionista en estas lides en un partido con relaciones muy orgánicas con su electorado y cuyas bases sociales conservan con claridad la memoria de su pertenencia al bando republicano. El caso es que también resta y lo hace en terrenos muy sensibles para la estabilidad del régimen y que desbordan con mucho el alcance de la aritmética parlamentaria.

El proceso de descomposición/1 del PSOE se ha acelerado mucho tras el fracaso de la apuesta de diferenciación ideológica intentada en la pasada campaña. Es ciertamente difícil creer a Elena Valenciano cuando, mirando al candidato del PP, pedía a los electores advertir las enormes diferencias. Es verdad que los electores veían al impresentable Cañete como representante de la derecha castiza y cazurra de toda la vida, pero no lo es menos que en Valenciano veían la representación del partido causante de las principales frustraciones históricas para la gente trabajadora en los últimos tres decenios. Así que, como dice el refrán “a buenas horas mangas verdes”, las “diferenciaciones ideológicas” suenan a música celestial a sus votantes, cansados de esperar el milagro de un PSOE haciendo política socialdemócrata.

Y el vaso ha rebosado también para sus afilados cuando el dimitido Rubalcaba ha comprometido la palabra del viejo partido de Pablo Iglesias (el fundador del PSOE, no el de Podemos) en la defensa de la monarquía y la herencia borbónica. Cuando el 11 de junio sus parlamentarios, en tanto que representantes de la soberanía popular, han primado la defensa de los consensos del 78 frente al ejercicio de esa soberanía popular por su titular, se han pasado del lado histórico de los grupos sociales que la niegan de forma cotidiana y permanente. Han demostrado, en efecto, tener “sentido de Estado”, ese sentido de Estado que en los momentos actuales, como tantas veces en nuestra historia, es antes que nada negación y expropiación de los derechos del pueblo. Será difícil que las mujeres y los hombres que quieren ser libres e iguales olviden esta elección o apuesta. Podrá permanecer usurpando unas siglas que durante décadas representaron la identidad y la esperanza para muchos trabajadores españoles; pero lo hará como un aparato más de los que operan al servicio de la subordinación y la opresión de la mayoría, de los que trabajan como funcionarios del capital.

Las últimas dimisiones de sus barones regionales y la proliferación de candidatos potenciales para sustituir a Rubalcaba dan idea de la profunda crisis que le afecta. No parece muy posible que entre las mismas haya alguna dispuesta a recorrer la senda de la recuperación de un proyecto socialdemócrata y con posibilidades de desatarse de sus ataduras con el régimen/2.

No por ya comentado deja de ser llamativo el silencio de las direcciones sindicales en esta coyuntura. También su situación financiera es todo menos boyante, como lo demuestran las cadenas de EREs en tramitación para reducir empleo en sus oficinas. Pero además parece que sus burocratizadas estructuras se adaptan mal a tiempos de cambios como los actuales, viven mejor en situaciones de estabilidad de los negocios y la evolución antropológica de su personal de dirección y cuadros se compadece mal con situaciones como la presente en la que sus interlocutores de la patronal y las administraciones públicas no tienen necesidad de su concurso.

Lo más interesante de la escena política actual está ocurriendo fuera de los límites del régimen. La aparición de Podemos, cuyo análisis merece una atención destacada, ha alterado sustancialmente equilibrios políticos que parecían sumamente estables al interior de los partidos del régimen pero también entre los que se posicionan enfrente. Izquierda Unida, que ha vivido una dulce etapa en la que se veía como heredera natural del PSOE en la parte izquierda del régimen, se ve obligada a recomponerse a toda prisa alertada por la presión de Podemos, que la ha superado en varias regiones y la supera con una enorme distancia en intención de voto en las encuestas publicadas/3.

Las izquierdas nacionalistas, beneficiarias también de la crisis del régimen, no pueden volver la cara a los distintos escenarios para la resolución/superación de esta crisis. De una u otra manera, más temprano o más tarde tendrán que adoptar una posición en relación con las fuerzas que a escala de Estado pero también de los distintos ámbitos territoriales se han situado en la perspectiva de la ruptura democrática. Esta es una tarea que ya está en la agenda pero ninguna parte debiera precipitarse en abordarla antes de que cuajen determinados procesos que están en marcha. La iniciativa adoptada en Barcelona por una amplia confluencia de actores políticos, sociales y profesionales para presentar una candidatura al ayuntamiento encabezada por Ada Colau corresponde a uno de estos procesos en los que pudiera estarse fraguando un nuevo y potente actor político de perspectiva asimismo constituyente.

No es arbitrario el uso del término. Con él se pretende designar procesos que suponen la apertura de un nuevo tiempo histórico, sea en el ámbito que sea, por tanto no circunscrito al ámbito de la Constitución del Estado. Los municipios son ámbitos especialmente adecuados que además se enfrentan a la ofensiva directa del PP para expropiarles sus competencias en materias relacionadas con las prestaciones sociales, en favor del negocio privado, consumando así la desamortización del siglo XXI con la que pretenden cambiar la fisonomía del Estado y la sociedad civil en dirección a su colonización absoluta por el capital financiero e inmobiliario.

Es esta circunstancia la que otorga a las iniciativas en curso una potencialidad anticapitalista, por democrática. En el debate sobre la abdicación, PP y PSOE han querido presentar la operación sucesoria como la única actitud posible en defensa de la Constitución. Pretenden asociar la forma monárquica del Estado con el mantenimiento de los derechos y las libertades, como si la primera fuera la condición de existencia de los segundos, tras haber machacado con todos sus medios para presentar al heredero de Franco como el que trajo la democracia a España, en la mejor de las versiones asistido por los partidos “sensatos” de izquierda.

Pues bien, estos partidos están deslegitimados para hablar de la defensa de la Constitución porque han sido los primeros en violarla de forma flagrante y continuada, no solo por la reforma exprés del art 135 sino por la consolidación de un principio, el de estabilidad presupuestaria que, al decir de varios profesores de Derecho Constitucional y administrativo, es difícilmente compatible con el Estado social y autonómico/4. Pero además y como dice uno de los participantes/5 en el seminario que se cita a pie de página, la reforma constitucional ha sido una reforma “derivada”, tiene su origen en una decisión tomada por otro sujeto que ocupa materialmente el lugar de un poder constituyente sin estar sancionado para ello en la propia Constitución .

En su virtud, buena parte -la más sustancial- de la potestad de dirección de la política económica, atribuida al Estado por el art 149.1.13/6, se ha ido a Bruselas vaciando de contenido efectivo tan pomposo título constitucional. Vaciamiento constitucional que arrastra cuanto encuentra a su paso: junto a dejar en papel mojado el Título VII de la Constitución, se carga asimismo el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones proclamado en el artículo 2 y consagrado para las administraciones territoriales en el 137.

No, no pueden hablar de la defensa de una Constitución que están desmontando en forma acelerada para sustituirla por otra que nunca someterán a referéndum pero que ya rige de forma efectiva la vida de las ciudadanas y ciudadanos de este país.

En esa constitución material la totalidad de las instituciones y magistraturas del Estado son poderes vicarios y la fuente de los mismos no es el pueblo, como proclama el art 1.2 de la del 78 sino el conjunto de perfiles inciertos que agrupamos bajo el apelativo de “mercados financieros”, en realidad, las grandes corporaciones que invierten o desinvierten a velocidades supersónicas en este o aquel país, en este o aquel sector de actividad, imponiendo normas y políticas o desautorizándolas, esclavizando con sus imposiciones o condenando al hambre y la pobreza a millones de seres humanos.

Actuando como vicarios de estos poderes efectivos, los partidos del régimen han acometido un proceso destituyente que ha modificado unilateralmente lo más sustancial del pacto del 78. Ahora quieren mantener los beneficios de ese pacto, básicamente la sumisión de la población a los designios de la oligarquía reinante y dominante. Se trata de reducir la democracia a sus aspectos litúrgicos, reservando la mayor parte de las decisiones sobre los asuntos públicos (qué derechos sociales y a cuánta gente llegan, qué servicios públicos para garantizar el ejercicio de tales derechos, qué sistema tributario y de financiación del gasto público, qué relación debe existir entre el “libre mercado” y los derechos sociales, etc.) al funcionamiento “objetivo” de los mercados sin interferir en el “complejo trabajo” de los operadores de los mismos con pretensiones igualitarias y de transparencia que solo “aumentarían la entropía” en el funcionamiento del sistema.

La mayoría del personal dirigente de la clase política del régimen/7 parece haberse instalado en la convicción de que la complejidad de los sistemas contemporáneos no permite una intervención de las poblaciones que vaya más allá de la designación electoral de las élites gobernantes y las opositoras y de un control delegado y ritualizado de su actividad. En la etapa actual el capitalismo realmente existente, el capital financiero, se entrega al delirante sueño del “sujeto autómata” que le permitiría ahorrarse la molesta presencia de los trabajadores, la no menos molesta presencia de los ciudadanos.

Fábricas sin obreros, democracias sin ciudadanos. Pero sin obreros no hay valor ni plusvalor y el funcionamiento de la máquina de acumular capital se para. Y sin ciudadanos no hay ciudad, solo queda el amontonamiento de poblaciones sumisas y sedientas de un consumo cada vez más imposible y ecocida. Y el gobierno de la ciudad ya es solo compactación, policía de esta aglomeración, y su forma misma se asemeja cada vez más al diseño de los campos de concentración.

16/06/2014

Notas

1/ Durante mucho tiempo, a pesar de las señales cada vez más claras, he dudado en utilizar este término ó el de pasokización, pero ahora los síntomas indican un proceso muy avanzado

2/Que tienen texturas no solo ideológicas o culturales sino también alguna otras muy materiales como los créditos pendientes de renegociación, cuyo coste podría encarecerse sustancialmente ante un gesto de recuperación socialdemócrata

3/ Destacando entre todas la de El Periódico, que le asignaba 56-58 escaños en unas hipotéticas elecciones generales

4/ Ver Seminario “Los efectos de la crisis económica sobre las instituciones públicas” dirigido por el prof Santiago Muñoz Machado

5/ Ver Javier Gª Roca en la misma referencia anterior

6/ Por cierto, permanentemente invocado para invadir y vulnerar las competencias autonómicas con este pretexto

7/ A pesar de la fortuna mediática conseguida en tan poco tiempo por PODEMOS, me resisto a utilizar el término “casta”; me parece que es más lo que confunde que lo que describe, aunque no dejo de reconocer su éxito en identificar campos políticos opuestos, condición de existencia de una identidad política

José Errejón es militante de Izquierda Anticapitalista

VientoSur

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