“Austeritarismo” de la UE vs. derecho de los pueblos a decidir su presente-futuro, por Jaime Pastor

Jaime Pastor

Lunes 18 de noviembre de 2013

La reciente reprimenda de la Comisión Europea (CE) al gobierno español, en la que exige que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para proceder a un “ajuste adicional” de entre 35.000 y 27.500 millones de euros con el fin de cumplir los objetivos del déficit público y del pago de la deuda, ha venido a recordarnos de nuevo que la situación que estamos viviendo desde la “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución es de creciente excepción y desdemocratización acelerada en el conjunto de la eurozona, aunque se perciba con mayor dramatismo en los países del Sur.

En efecto, aunque el ministro de Economía y exdirectivo de Lehman Brothers, Luis de Guindos, ha querido dar una versión blanda de esa llamada de atención, no cabe engañarse. Detrás de ella está el Pacto Fiscal suscrito por los gobiernos de la eurozona en 2012, el cual obliga, entre otras cosas, a “promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto común” siguiendo estrictamente la llamada “regla de oro” del cumplimiento del tope del déficit y del pago de la deuda como prioridad.

Se trata, por tanto, de adaptarse a un acuerdo suscrito por todos los gobiernos de los Estados que forman parte de la eurozona, asumiendo a su vez que la Troika (FMI, BCE, CE) se encarga de hacerlos cumplir. Con su firma aceptaban el salto adelante hacia un “keynesianismo privado” /1, o sea, a una nueva versión del “ordoliberalismo” germánico, hegemónico dentro de la UE, mediante la cual se consuma el “acomodo” creciente que se ha ido dando durante la larga onda neoliberal entre Estados, mercados y grandes corporaciones transnacionales (con la consiguiente corrupción sistémica que la ha acompañado) en ambos lados del Atlántico y que se quiere reflejar en el nuevo Tratado entre EE UU y la UE, únicamente perturbado por la salida a la luz pública del espionaje del “Gran Hermano” a sus aliados europeos. Ahora, ante la quiebra sufrida por el propio sistema financiero en el que aquellas corporaciones crecieron y de la que están queriendo salir mediante la conversión definitiva de la etapa de los Estados del Bienestar en una “anomalía” en la historia del capitalismo, el objetivo común es, más que nunca, estar en las mejores condiciones posibles para competir por la hegemonía en el marco de una nueva fase de acumulación capitalista y de transición geoeconómica y geopolítica mundial, cada vez más incompatible con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

Se cierra así la relativa asociación que se había dado entre capitalismo y “gobierno representativo” (que no “democracia” en su sentido original y plebeyo) en la parte más rica del planeta para entrar en una nueva época en la que se va configurando un “nuevo orden oligárquico”, apoyado en un autoritarismo tecnocrático y firmemente decidido a descalificar a los adversarios de los partidos sistémicos como “populistas” en su peor sentido peyorativo, buscando así situar en el mismo plano los desafíos que surgen desde abajo y a la izquierda junto con los procedentes de la extrema derecha xenófoba /2. Es, por tanto, a una soberanía compartida por la triada gobiernos-mercados-corporaciones a la que nos estamos confrontando, con mayores dificultades si cabe en las “periferias” (la del Este y la del Sur) de la eurozona a medida que el “sueño europeo” se ha ido convirtiendo en una pesadilla permanente para las mayorías sociales.

En esas condiciones, ¿qué sentido tiene que el mismo gobierno que muestra su estrecha asociación con el poder financiero transnacional en sus políticas cotidianas del “Gran Saqueo”, haga a su vez profesión de fe en el artículo 1, punto 2 de la Constitución española, según el cual “ la soberanía nacional reside en el pueblo español”, y diga que “con la soberanía nacional no se juega”? Simplemente, pretende explotar los sentimientos nacionales españoles no para desafiar a la cleptocracia global sino para negarse a reconocer el derecho a decidir su futuro por una mayoría de la población residente en Catalunya. La hipocresía de un gobierno y un partido que están expropiando hacia arriba esa “soberanía nacional” y, en cambio, se resisten a ceder a una Comunidad Autónoma la competencia para convocar un referéndum sobre la relación que desea mantener con el Estado español, una vez comprobado el rechazo sufrido por la vía de la reforma estatutaria, debería llevar a la ciudadanía del resto del Estado a no engañarse sobre quiénes son los “separadores” y los verdaderos enemigos de la democracia y de la soberanía de los pueblos.

Por eso mismo, un apoyo solidario al reconocimiento de una vía posible para el ejercicio del derecho a decidir en Catalunya no debería ser visto como algo ajeno a nuestra propia lucha contra esos mismos poderes y a favor de otra democracia y una soberanía compartida de los pueblos. Es cierto que entre quienes demandan ese derecho desde Catalunya se encuentran fuerzas políticas también sumisas a esos poderes transnacionales, pero esto no debería ser una excusa para cerrar filas junto con fuerzas como el PP y el PSOE, ambos intransigentes frente a ese derecho en nombre de un nacionalismo constitucional esencialista y excluyente. Al contrario, la irrupción pública de una corriente de opinión en el Estado español favorable a esa reivindicación y a la vez abiertamente contraria al “austeritarismo” ayudaría sin duda a ir forjando una nueva confluencia con quienes en Catalunya desconfían de la voluntad de fuerzas como CiU –ya dividida y en declive electoral- de llevar a cabo esa consulta y se enfrentan a su vez a sus brutales políticas de recortes de derechos y libertades.

Un dato relevante en este sentido es el que se desprende de un sondeo recientemente realizado en Catalunya según el cual el principal argumento de las personas que dicen estar dispuestas a votar a favor de la independencia “ no es el identitario ni el económico –como a menudo se presenta- sino el político: hasta un 45 por ciento de los partidarios del sí escogen como principal motivación para votar a favor de la independencia el hecho de que los catalanes puedan decidir sobre el mayor número de temas posibles /3. A la luz de datos como éste cabe prever que el precedente que sentaría una consulta sobre la independencia en esa Comunidad podría servir para estimular una dinámica redemocratizadora que abriría una grieta muy difícil de cerrar en un régimen como el actual. Debería ser, por tanto, apoyada y aprovechada desde los distintos pueblos del Estado español para avanzar en la lucha común por liberarse juntos no sólo de este gobierno y del nacionalismo español dominante sino también de la dictadura de la deuda y de la oligarquía transnacional que la sustenta.

Por el contrario, la reciente resolución del Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de la cual se deduce que ni siquiera está dispuesto a reclamar ante el Parlamento español la posibilidad de apoyarse en el artículo 150.2 /4 de la Constitución española para convocar la consulta, supone otro obstáculo en ese camino y refleja la única victoria alcanzada por la fallida Conferencia Política del PSOE frente al tímido apoyo que al derecho a decidir habían dado hasta ahora los socialistas catalanes. No hay más que ver las reacciones a esa decisión, no sólo de dirigentes del PSOE sino también del PP y de toda la derecha mediática española (incluido El País), para comprobar su satisfacción por el éxito alcanzado, al que seguirá la criminalización de los disidentes si no se prestan a obedecer la disciplina de partido en la votación del próximo 4 de diciembre. Con todo, es el propio PSC el que pagará un alto precio –social y electoral- por ese retroceso, ya que no parece haber espacio para “terceras vías” entre los dos principales polos que se están conformando en el electorado catalán. Empero, con el previsible desgaste electoral de la, ahora sí, sucursal catalana, es la perspectiva de volver a ser “alternancia” en el gobierno la que se aleja para un PSOE que sigue a la deriva y bajo la tutela del viejo “felipismo”.

Jaime Pastor forma parte del Secretariado de Redacción de VIENTO SUR

Notas

1/ Fórmula popularizada por Colin Crouch en The strange non-death of neoliberalism (Polity Press, 2011)

2/ Para una denuncia de esa estrategia discursiva: Marco d’Eramo, “Populism and the new oligarchy”, New Left Review, 82, julio-agosto, 2013, pp. 5-28 (disponible en http://newleftreview.org/II/82/marco-d-eramo-populism-and-the-new-oligarchy ).

3/ Roberto Liñeira, “Cataluña ante la consulta sobre la independencia. Participación, voto y motivaciones”, Quaderns de l’ICPS, 04, octubre 2013, p. 9 (disponible en http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q04_cast.pdf ).

4/El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado ”. La utilización de esa vía permitiría transferir a la Generalitat catalana la competencia para convocar la consulta. Se trata de una propuesta en la que coinciden también desde el campo jurídico personas ajenas y críticas del soberanismo y al independentismo catalanes como Francisco Rubio Llorente y Francesc de Carreras.

VientoSur

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