Archivo para noviembre, 2013

Saboteando las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, por James Petras

Posted in Censura, EEUU, Geopolítica, Irán, Manipulación, Occidente, Opinión, Próximo Oriente, Terrorismo on 30/11/2013 by athelvok

por James Petras

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intervino desde Tel Aviv condenando toda posibilidad de que se llegara a un acuerdo entre el grupo 5+1 e Irán. Empeñado en sabotear las negociaciones de Ginebra sobre el proyecto nuclear iraní, el gobierno de Israel movilizó a sus poderosos representantes en Estados Unidos, quienes movilizaron a su vez a los congresistas y periodistas que tienen en su nómina. El profesor Jaime Petras describe los medios que Israel ha venido utilizando para imponer sus propios objetivos al Congreso y al poder ejecutivo de Estados Unidos desde hace medio siglo.

Red Voltaire | Nueva York (EEUU) | 29 de noviembre de 2013

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Los grupos que desarrollan políticas a favor de Israel, como el AIPAC, trabajan con financiamiento ilimitado para desviar la política de Estados Unidos en la región (del Medior Oriente)“.
Jack Straw, Diputado laborista y ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

Estados Unidos debería lanzar una bomba atómica en Irán para incitar ese país a poner fin a su programa nuclear“.
Sheldon Adelson, principal donante del Partido Republicano y gran recaudador de fondos para los Comités de Acción Política pro Israel, discurso pronunciado en la Universidad Yeshiva, de Nueva York, 22 de octubre de 2013.

La diferencia entre la guerra y la paz con Irán reside en las políticas que adopten la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Las propuestas de paz del recientemente electo presidente de Irán Hassan Rohani fueron acogidas favorablemente en todo el mundo, excepto en Israel y entre sus acólitos sionistas en Estados Unidos y Europa.

La primera sesión de la negociación se desarrolló sin recriminaciones y dio lugar a una evaluación optimista por ambas partes. Precisamente ante esa respuesta inicial favorable, el gobierno israelí intensificó su guerra de propaganda contra Irán. Sus agentes en el Congreso estadounidense, en los medios de comunicación y en el seno del ejecutivo están ahora movilizados en función de socavar el proceso de paz. Lo que está en juego es la capacidad de Israel para emprender guerras a través de las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra cualquier gobierno que desafíe la supremacía militar de Israel en el Medio Oriente o que se oponga a la anexión violenta de los territorios palestinos y sus posibilidades de atacar impunemente a cualquier adversario.

Para entender lo que está en juego en las negociaciones de paz tenemos que tratar imaginar las consecuencias que tendría su fracaso: bajo la presión de Israel, Estados Unidos se declara listo a activar sus fuerzas armadas –concretamente, se trataría de golpes con misiles y de una campaña de bombardeos contra 76 millones de iraníes con vistas a destruir su gobierno y su economía. Teherán podría responder a la agresión con ataques contra las bases militares de Estados Unidos en la región y las instalaciones petrolíferas del Golfo, lo cual desencadenaría una crisis mundial. Eso es lo que quiere Israel.

Comenzaremos analizando el contexto de supremacía militar de Israel en el Medio Oriente. Examinaremos después el increíble poder de influencia de Israel sobre el proceso político estadounidense y cómo logra hoy moldear el proceso de negociación, deteniéndonos para ello especialmente en su poder sobre el Congreso de Estados Unidos.

El contexto de la supremacía militar de Israel en el Medio Oriente

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Israel ha bombardeado, invadido y ocupado más Estados del Medio Oriente y África que cualquier otra potencia colonial anterior, con excepción de Estados Unidos. En su lista de víctimas están Palestina, Siria, Líbano, Egipto, Irak, Jordania, Sudán y Yemen. Si incluimos los países en los que Israel ha cometido ataques y asesinatos terroristas casi clandestinos, la lista se amplía considerablemente hasta llegar a una docena de países de Europa y Asia, incluyendo los propios Estados Unidos.

La proyección de la fuerza militar de Israel y su capacidad para librar a su antojo guerras ofensivas se corresponde con una impunidad casi total. A pesar de sus reiteradas violaciones del derecho internacional, incluidos sus crímenes de guerra, Israel nunca ha sido condenado por ningún tribunal internacional ni ha sido sometido a sanciones económicas porque Washington utiliza [a favor de Tel Aviv] su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU así como la presión de sus aliados de la OTAN y la Unión Europea.

La supremacía militar de Israel no está vinculada a su propio desarrollo técnico e industrial como con las transferencias y el simple robo de la tecnología del armamento nuclear, químico y biológico de Estados Unidos [1]. En Estados Unidos y Francia los sionistas han desempeñado un papel estratégico en el robo y la transferencia ilegal a Israel de tecnología nuclear y componentes de armas, según una investigación realizada por el ex director de la CIA Richard Helms.

Israel mantiene enormes cantidades de armas nucleares, químicas y biológicas cuyo acceso niega a los inspectores internacionales y no se ha visto obligado a cumplir el Tratado de No Proliferación Nuclear porque Estados Unidos se encarga de intervenir a su favor en el plano diplomático. Bajo la presión de la «Configuración de poder sionista» (CPS), el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado toda acción que pudiese limitar la producción de armas de destrucción masiva por parte de Israel. En realidad, Estados Unidos incluso sigue proporcionando a Israel –en violación del derecho internacional– armas estratégicas de destrucción masiva para que Tel Aviv las utilice contra los países vecinos.

La ayuda militar estadounidense y la transferencia de tecnología a Israel superó durante el último medio siglo los 100 000 millones. La intervención diplomática y militar de Estados Unidos en la guerra de 1973 resultó crucial para salvar a Israel de la derrota. La negativa del presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson a defender el USS Liberty en 1967, cuando ese navío de inteligencia –que no portaba armas– fue bombardeado y regado con napalm por buques de guerra y aviones de combate israelíes en aguas internacionales, fue para Israel una tremenda victoria gracias a los consejeros sionistas de Johnson. La impunidad de que goza Israel, incluso cuando mata soldados estadounidenses, ha dejado a Tel Aviv en entera libertad para emprender guerras de agresión y sojuzgar a sus vecinos, cometer actos de terrorismo y asesinar a sus adversarios por todo el mundo sin temor a represalias.

La indiscutible superioridad militar de Israel ha llegado a convertir a varios de sus vecinos en colaboradores y prácticamente clientes: Egipto y Jordania han sido de hecho sus aliados, junto con las monarquías del Golfo, al ayudar Israel a reprimir los movimientos nacionalistas y propalestinos de la región.

El factor más decisivo en el florecimiento y la consolidación del poder de Israel en el Medio Oriente no han sido sus proezas militares sino el alcance y la influencia política que ejerce a través de sus agentes en Estados Unidos. Las guerras de Washington contra Irak y Libia y su actual respaldo a los mercenarios en Siria han destruido los tres principales oponentes nacionalistas laicos que se obstaculizaban las ambiciones hegemónicas Israel.

A medida que Israel acumula más poderío en la región, extendiendo su colonización de los territorios palestinos, su mirada se vuelve hacia el este para destruir el último obstáculo que se opone a sus políticas coloniales: Irán.

Desde hace al menos dos décadas, Israel ha solicitado a sus agentes en el extranjero la destrucción del gobierno iraní mediante la desestabilización de su sociedad, el asesinato de sus científicos, bombardeando sus instalaciones militares y laboratorios y estrangulando su economía.

Cuando la CPS logró –en 2003– empujar Estados Unidos a la guerra contra Irak –donde se arrasó literalmente la sociedad secular compleja de ese país y matando más de un millón de iraquíes–, el nuevo objetivo pasó a ser la destrucción del Líbano (el Hezbollah) y del gobierno laico de Siria para aislar Irán y preparar el ataque. Miles de civiles libaneses fueron asesinados en 2006 pero el ataque de Israel al Líbano falló, a pesar del apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la intensísima campaña de propaganda. Histérico por el fracaso y para «compensar» su derrota ante el Hezbollah y «levantar la moral», Israel invadió y destruyó en 2008-2009 gran parte de Gaza, la mayor prisión a cielo abierto del mundo.

Al no disponer de la capacidad militar necesaria para atacar Irán por su cuenta, Israel orientó a sus agentes hacia la manipulación del gobierno de Estados Unidos con vistas a iniciar una guerra contra Teherán. Los líderes militaristas de Tel Aviv movilizaron sus recursos políticos a través de todo el territorio de Estados Unidos para que trabajen a favor de la destrucción de Irán, el último adversario realmente temible para la supremacía israelí en el Medio Oriente.

La estrategia de Israel y el CPS está diseñada para abrir el camino a una confrontación de Estados Unidos mediante el uso de sus agentes en el ejecutivo [estadounidense] y recurriendo también al soborno y al control que ejercen sobre el Congreso de Estados Unidos. El control del CRPS sobre los medios masivos de difusión de comunicación favorece su campaña de propaganda. El New York Times y el Washington Post publican a diario artículos y editoriales que promueven la agenda de guerra de Israel. El CPS utiliza el Departamento de Estado para forzar otros países de la OTAN a que también se enfrenten con Irán.

La guerra a través de intermediarios de Israel contra Irán: presión política estadounidense, sanciones económicas y amenazas militares

Si Israel tuviese que contar únicamente con sus propios medios, la «guerra» israelí contra Irán no iría mucho más allá del sabotaje cibernético, de los asesinatos periódicos de científicos iraníes a través de los agentes a sueldo que tiene Tel Aviv dentro de diversos grupos terroristas y de los incesantes discursos de políticos israelíes y del montón de sumisos que le siguen la corriente. Fuera de Israel, esa campaña ha tenido poco impacto en la opinión pública. La «guerra» de Israel contra contra Irán depende única y exclusivamente de su capacidad para manipular la política estadounidense a través de sus agentes locales, de los grupos que controlan el Congreso y mediante las nominaciones de funcionarios que ocupan puestos fundamentales en los Departamentos del Tesoro, de Comercio y de Justicia y como «consejeros» en asuntos del Medio Oriente. Israel no puede organizar [por sí solo] una campaña de sanciones eficaces contra Irán. Eso sólo puede hacerlo Estados Unidos. El predominio de Israel en el Medio Oriente proviene enteramente de su capacidad para movilizar a sus apoderados en Estados Unidos, individuos que a su vez tienen como misión la de garantizar la sumisión total de los representantes electos a los intereses de Israel –especialmente en todo lo que tenga que ver con los adversarios regionales de Israel.

Colocados en puestos estratégicos, los personajes que tienen la «doble ciudadanía americano-israelí» han utilizado su ciudadanía estadounidense para hacerse de puestos de alta responsabilidad dentro del gobierno, directamente vinculados con las políticas que tienen que ver con Israel. Como israelíes, sus actividades siguen los preceptos de Tel Aviv. En la administración Bush (2001-2008) esos altos funcionarios «ante todo israelíes» controlaron el Pentágono (Paul Wolfowitz y Douglas Feith), la política de seguridad para el Medio Oriente (Martin Indyk y Dennis Ross), la oficina del vicepresidente de Estados Unidos (“Scooter” Libby), el Departamento del Tesoro (Stuart Levey) y el Departamento de Seguridad de la Patria (Michael Chertoff). En la administración Obama los «ante todo israelíes» incluyen a Dennis Ross, Rahm Emanuel, David Cohen, el secretario del Tesoro “Jake la serpiente” Lew, el secretario de Comercio Penny Pritzker y Michael Froman como representante para el comercio, entre otros.

El poder a través de intermediarios que Israel ejerce dentro del poder ejecutivo estadounidense es comparable a su control sobre el Congreso. Contrariamente a lo que afirman algunos críticos, Israel no es ni un «aliado» ni tampoco un «cliente» de Estados Unidos. El último medio siglo está lleno de pruebas sobre la clara asimetría de esa relación. Gracias al poder de sus agentes dentro del Congreso estadounidense, Israel ha recibido de Estados Unidos más de 100 000 millones durante los últimos 30 años, o sea más de 3 000 millones de dólares al año. El Pentágono ha transferido a Israel la tecnología militar más avanzada y se ha implicado en varias guerras por cuenta de Israel. El Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones que bloquean inversiones potencialmente muy lucrativas en el Medio Oriente (en Irán, Irak y Siria) privando así al sector agrícola de Estados Unidos, a su industria y sus compañías de petróleo de ingresos ascendentes a 500 000 millones de dólares. La Casa Blanca sacrificó las vidas de 4 400 soldados estadounidenses en la guerra contra Irak –guerra promovida por los apoderados de Israel a pedido de los dirigentes de Israel. El Departamento de Estado ha rechazado relaciones amistosas y estables con más 1 500 millones de musulmanes para respaldar la colonia ilegal de un poco más de medio millón de colonos judíos que ocupan militarmente la tierra palestina en Cisjordania y Jerusalén.

La cuestión estratégica que se plantea consiste en saber cómo y por qué se mantiene desde hace tanto tiempo esta relación unilateral entre Estados Unidos e Israel a pesar de tratarse de una relación tan evidentemente contraria a tantos intereses estratégicos de Estados Unidos e incluso a su propia élite. La interrogante más urgente e inmediata es ¿cómo influye esta relación históricamente desequilibrada en las sanciones de Estados Unidos contra Irán y las negociaciones nucleares?

Irán y las negociaciones de paz

No cabe duda de que el presidente de Irán recientemente electo y su ministro de Relaciones Exteriores están dispuestos a negociar el fin de las hostilidades con Estados Unidos haciendo importantes concesiones que garanticen el uso pacífico de la energía nuclear. Han declarado que están abiertos a la reducción o incluso a poner fin a la producción de uranio altamente enriquecido, a la reducción del número de centrífugas e incluso a permitir inspecciones intrusivas no anunciadas, entre otras propuestas prometedoras. Como parte de los acuerdos iniciales, el gobierno iraní propone una hoja de ruta con objetivos finales. La Alta Representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, emitió comentarios favorables sobre la reunión inicial.

El gobierno de Estados Unidos emitió señales contradictorias luego de las invitaciones iraníes y la reunión de apertura. Algunos comentarios individuales son prudentemente positivos y otros son menos alentadores y más rígidos. Los sionistas de la administración, como el secretario del Tesoro Jack “Jake” Lew, insisten en que se mantengan las sanciones hasta que Irán cumpla con todas las exigencias estadounidenses (léase israelíes). El Congreso de Estados Unidos, comprado y controlado por la CPS, rechaza las prometedoras y flexibles aperturas iraníes, insistiendo en «opciones» militares o en el total desmantelamiento del programa nuclear legal y pacífico de Irán, pero en realidad se trata de posiciones de la CPS diseñadas para sabotear las negociaciones. Con ese propósito, el Congreso ha adoptado nuevas sanciones económicas aún más fuertes para estrangular la economía petrolera de Irán.

Cómo los Comités de Acción Política de Israel controlan el Congreso de EEUU y preparan la guerra contra Irán

La Configuración del Poder Sionista (CPS) utiliza su poder financiero para dictar la política del Congreso estadounidense sobre el Medio Oriente y para asegurarse de que la Cámara de Representantes y el Senado no se aparten ni un ápice de servir de intereses de Israel. El instrumento sionista que se utiliza para sobornar a los congresistas en Estados Unidos son los Comités de Acción Política (PAC).

Gracias a una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos tomada en 2010, los súper PACs vinculados a Israel dedican grandes sumas de dinero a lograr la elección o la destrucción de candidatos. Los PACs trabajan para Israel. Mientras los fondos no vayan directamente al candidato, estos súper PACs no están obligados a revelar las sumas que gastan ni cómo las gastan.

Los estimados más conservadores de los fondos directos e indirectos que vinculan a la CPS con los parlamentarios estadounidenses se elevan a cerca de 100 millones de dólares en los últimos 30 años. La CPS dirige por lo general esos fondos hacia el poder legislativo y en particular hacia los miembros de los comités del Congreso que tienen que ver con el Medio Oriente. No resulta sorprendente ver que los mayores receptores de dinero del CPS en el Congreso estadounidense sean precisamente los que han promovido activamente las políticas de línea dura de Israel. En otros países del mundo esa compra de votos entre los miembros del poder legislativo sería considerada como un soborno flagrante y los implicados –tanto quienes reciben los pagos como quienes pagan– serían enviados a los tribunales y se expondrían a ir a la cárcel. Pero en Estados Unidos la compra y venta de políticos es llamada «cabildeo» [En inglés «lobbyng»] y es totalmente legal y pública. La rama legislativa del gobierno estadounidense ha llegado a parecerse a un prostíbulo caro o una a subasta de esclavos blancos –con la característica de que en ella se juega con las vidas de miles de ciudadanos.

La CPS ha comprado la sumisión a gran escala de congresistas y senadores: de los 435 miembros de la Cámara de Representantes 219 han recibido pagos de la CPS a cambio de sus votos a favor del Estado de Israel. La corrupción es mucho mayor aún entre los 100 senadores ya que 94 de ellos han aceptado dinero del PAC y del súper PAC como pago por su lealtad a Israel. La CPS distribuye dinero tanto entre los republicanos como entre los demócratas, garantizando así votos increíbles en estos tiempos de bloqueos congresionales, con votaciones casi unánimes (por parte de los parlamentarios de ambos partidos) a favor del «Estado judío», incluso a favor de sus crímenes de guerra, como el bombardeo contra Gaza y el Líbano, sin contar los más de 3 000 millones de dólares provenientes del bolsillo del contribuyente estadounidense que van a parar a los cofres de Tel Aviv. Al menos 50 senadores estadounidenses han cobrado cada uno entre 100 000 dólares y un millón en dinero proveniente del CPS durante las últimas décadas. Y a cambio han votado más de 100 000 millones de dólares en subvenciones destinadas a Israel… además de otros «servicios y pagos». Los miembros de la Cámara de Representantes son más baratos: 25 de ellos han recibido entre 238 000 y 50 000 dólares mientras que el resto se conformaba con migajas. Independientemente del monto percibido, el resultado es siempre el mismo: los miembros del Congreso estadounidense recitan el texto que les entregan sus mentores sionistas de los PACs, los súper PACs y del AIPAC, respaldan todas las guerras de Israel en el Medio Oriente y promueven la agresividad estadounidense en nombre de Israel.

Los legisladores más locuaces e influyentes son los que obtienen la mayor tajada del soborno sionista. El senador Mark Kirk (¡Bombas sobre Teherán!) encabeza la lista de los más golosos con 925 000 dólares en pagos del CPS. Le sigue John McCain (¡Bombas sobre Damasco!) con 771 000 dólares mientras que los senadores Mitch Connell, Carl Levin, Robert Menendez, Richard Durban y otros sionistófilos tampoco se cohíben cuando se trata de pasar el cepillo entre los repartidores de dinero de los PAC proisraelíes. En La Florida, la congresista Ileana Ros-Lehtinen encabeza la lista con 238 000 dólares como pago de sus posiciones 100% proisraelíes y por ser más belicista aún que el propio Netanyahu. Eric Cantor recibió por su parte 209 000 dólares por defender las «guerras de Israel» a costa de vidas estadounidenses al cortar los pagos de la Seguridad Social a los estadounidenses de edad avanzada para aumentar la ayuda militar a Tel Aviv. El representante de las minorías Whip Steny Hoyer consiguió 144 000 dólares por haber encaminado nuevamente hacia Israel a los pocos demócratas que vacilaban en favorecer al Estado hebreo. Y el líder de la mayoría John Boehner recibió 130 000 dólares por hacer lo mismo entre los republicanos.

La CPS ha dedicado también enormes sumas de dinero a castigar y destruir a una docena de legisladores disidentes que se opusieron a las guerras de Israel y a sus violaciones de los derechos humanos. La CPS invirtió millones en campañas individuales, no sólo en financiamiento de candidatos opositores que habían prometido lealtad a Israel sino también en campañas de difamación contra los que critican a Israel. Esas campañas fueron orquestadas en los más oscuros lugares de Estados Unidos, sobre todo en distritos de población afroamericana, donde serian absolutamente nulos los intereses sionistas locales y carecerían de toda influencia.

No existe nada parecido a los PACs, a los súper PACs, a los líderes partidistas o de organizaciones cívicas que sea capaz de contrarrestar el poder de la quinta columna de Israel. Según los documentos que ha recopilado el valiente investigador Grant Smith, del IRMEP, cuando se trata de Israel, el Departamento de Justicia se niega categóricamente –al menos desde 1963– a aplicar las leyes federales que estipulan la apertura de procedimientos penales contra los ciudadanos estadounidenses que trabajen en secreto para un Estado extranjero. Sin embargo, a través de la llamada «Anti-Defamation League», la CPS ha presionado exitosamente al Departamento de Justicia, al FBI y la NSA para que se investigue y se lleve a los tribunales a ciudadanos patriotas y respetuosos de la ley que han criticado el robo de tierras palestinas y denunciado los sobornos sionistas que corrompen el sistema político estadounidense.

La «prensa respetable», igualmente parcializada y corrupta, hace posible la corrupción y la degradación de la democracia en Estados Unidos. El crítico de los medios de difusión Steve Lendman subrayó en su investigación para el New York Times el vínculo directo que existe entre Israel y los medios de comunicación. Los principales periodistas [presentados como] «justos y equilibrados» que informan sobre Israel tienen fuertes lazos familiares y políticos con ese país y sus artículos no son otra cosa que propaganda. El reportero del Times Ethan Bronner, cuyo hijo sirvió en las fuerzas armadas de Israel, es desde hace tiempo un apologista del Estado sionista. Isabel Kershner, también reportera del Times, cuyos «escritos» parecen venir directamente del ministerio israelí de Relaciones Exteriores de Israel, está casada con Hirsh Goodman, asesor del régimen de Netanyahu sobre «asuntos de seguridad». El jefe de la corresponsalía del Times en Jerusalén, Jodi Rudoren, vive cómodamente en el hogar ancestral de una familia palestina desposeída de esa antigua ciudad.

La inquebrantable postura proisraelí del Times garantiza una cobertura política y la necesaria justificación a los políticos corruptos de Estados Unidos cuando estos hacen sonar los tambores de guerra en nombre de Israel. No es de extrañar que el New York Times, al igual que el Washington Post, esté profundamente comprometido en denigrar y denunciar las actuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Ambos diarios dedican amplios espacios a la retórica unilateral de los políticos israelíes y de sus repetidores estadounidenses, mientras excluyen sistemáticamente las opiniones más racionales de experimentados ex diplomáticos estadounidenses, de jefes militares cansados de la guerra y de representantes del mundo de los negocios y de los sectores universitarios estadounidenses.

Para entender la hostilidad del Congreso hacia las negociaciones nucleares con Irán y sus esfuerzos tendientes a hacerlas fracasar a través de la imposición de nuevas sanciones ridículas, es importante ir a la fuente misma del problema, o sea las declaraciones de los principales políticos israelíes, quienes marcan a sus acólitos estadounidenses el camino a seguir.

A finales de octubre de 2013, el ex jefe de de la inteligencia militar israelí Amos Yadlin declaró que había que elegir entre «La bomba o el bombardeo», mensaje que de inmediato repitieron los 52 presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses [2]. El 22 de octubre de 2013, el ministro de Inteligencia de Israel Yuval Steinitz llamó a la adopción de nuevas sanciones contra Irán e insistió en que Estados Unidos debe utilizarlas como instrumento de presión para que Irán acepte renunciar por completo a la energía nuclear con fines pacíficos y a su programa de enriquecimiento de uranio. El ministro de Defensa Moshe Yaalon afirmó que «Israel no aceptará ningún acuerdo que permita a Irán enriquecer uranio». La posición de Israel consiste en amenazar con la guerra –a través de Estados Unidos– si Irán no pone fin de inmediato a su programa nuclear. Esto es lo que define la posición de todos los grandes PACs, de los súper PACs y del AIPAC, que a su vez dictan los discursos que pronuncian sus asalariados en el Congreso estadounidense. Por lo tanto, el Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones económicas aún más extremas contra Irán para sabotear las actuales negociaciones.

Los que más vociferan son los que se han beneficiado con los mayores sobornos: el senador Mark Kirk (925 379 dólares), autor de un proyecto de ley anterior sobre las sanciones, exige que Irán abandone la totalidad de su programa nuclear y balístico (sic) y declaró que el Senado estadounidense «debe avanzar de inmediato con una nueva serie de sanciones económicas contra todos los ingresos y reservas que aún le quedan a Irán» [3]. La Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley que limita drásticamente a Irán la posibilidad de vender su principal producto de exportación, el petróleo. ¡Y nuevamente la CPS de Israel es el eje de un Congreso que trata de imponer al pueblo estadounidense la agenda guerrerista de Israel! A finales de octubre de 2013, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu «cocinó» durante 7 horas al secretario de Estado John Kerry hasta que este último le prometió cobardemente que promovería la agenda de Israel a favor del desmantelamiento del programa de enriquecimiento nuclear de Irán.

Para contrarrestar la campaña promovida por los lacayos de Israel en el Congreso estadounidense en contra de la economía petrolera de Irán, Teherán ha ofrecido generosos contratos a las compañías petroleras de la Unión Europea [4] y de Estados Unidos. Incluso se está procediendo al levantamiento de medidas proteccionistas. Bajo las nuevas condiciones, las compañías extranjeras tienen derecho a escoger las zonas que desean explotar o pueden participar en proyectos iraníes. Irán espera atraer como mínimo 100 000 millones de dólares en inversiones en los próximos 3 años. Ese estable país cuenta con las mayores reservas de gas del mundo y sus reservas de petróleo ocupan el 4º lugar a nivel mundial. Debido a las actuales sanciones estadounidenses –dictadas por Israel– la producción cayó de 3,5 millones de barriles diarios en 2011 a 2,58 millones de barriles diarios en 2013. Está por ver si las transnacionales estadounidenses y europeas serán capaces de desafiar el control de la CPS sobre la política de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta el momento, la CPS ha predominado en ese sentido y ha marginado a las compañías petroleras recurriendo para ello al chantaje, a la amenaza y las presiones contra quienes trazan las políticas estadounidenses, alejando así eficazmente a las empresas estadounidenses del lucrativo mercado iraní.

Conclusión

Mientras tratan de negociar con Irán, Estados Unidos y los otros 5 países enfrentan enormes obstáculos ante el poder de Israel en el Congreso estadounidense. Durante las últimas décadas, los agentes de Israel han comprado la lealtad de la mayoría de los congresistas, amaestrándolos para que obedezcan con la mayor sumisión a la menor señal de los guerreristas de Tel Aviv.

Ese «eje de la guerra» ha perjudicado gravemente al mundo entero, causando la muerte de millones de víctimas de las guerras estadounidenses en el Medio Oriente, en el sudoeste de Asia y el norte de África. La evidente corrupción y la ampliamente reconocida quiebra del sistema legislativo estadounidense son resultado de su sometimiento a una potencia extranjera. Lo que queda de Washington es un Estado vasallo y degradado que se ha ganado el desprecio de sus propios ciudadanos. Si el Congreso controlado por la CPS nuevamente impone su voluntad y logra destruir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con nuevas disposiciones belicistas, nosotros –el pueblo estadounidense– tendremos que pagar un altísimo precio en vidas y dinero.

Es este el momento de actuar. Es hora de levantarse y de denunciar el papel de los PACs israelíes, de los súper PACs y de las 52 principales organizaciones judías estadounidenses cuya misión consiste en sobornar al Congreso y convertir a «nuestros» representantes electos en lacayos al servicio de las guerras de Israel.

Es significativo el silencio de nuestros críticos más reconocidos –sólo unos pocos medios alternativos han denunciado el control que Israel ejerce sobre el Congreso estadounidense. La evidencia está a la vista y al alcance de todos. Los crímenes son irrefutables. El pueblo estadounidense necesita verdaderos líderes políticos con el coraje suficiente para arrancar de raíz la corrupción, acabar con los corruptores y obligar a quienes fueron electos para representarnos en la Cámara de Representantes y en el Senado a que defiendan los intereses del pueblo de Estados Unidos.

James Petras

[1] Grant Smith, “Ten Explosive US Government Secrets of Israel”, (Diez secretos explosivos del gobierno de Estados Unidos que posee Israel), IRMEP.

[2] Daily Alert, 24 de octubre de 2013.

[3] Financial Times, 10/10/13, p.6

[4] Financial Times, 29/10/2013, p.1.

VoltaireNet

Anticatalanismo en Valencia. Una aproximación histórica

Posted in Historia, Manipulación, Opinión, Política on 29/11/2013 by athelvok
Artículos de Opinión | Borja Ribera | 27-09-2013 |

El movimiento articulado en torno al secesionismo lingüístico en el País Valenciano, el llamado blaverismo, es, sin lugar a dudas, una de las expresiones sociopolíticas más singulares de la España reciente. Sus orígenes los encontramos en un regionalismo valenciano, el de las décadas de los cincuenta y sesenta, fuertemente instrumentalizado por la dictadura franquista y capitalizado por la burguesía. Regionalismo y burguesía que en la década de los sesenta empezaron a dar las primeras muestras vigorosas de anticatalanismo, sobre todo a raíz de la publicación de Nosaltres els valencians (Joan Fuster, 1962), obra que sienta las bases teóricas del nacionalismo valenciano que se desarrollará a partir de entonces y que irá calando, en mayor o menor media, en gran parte de la oposición antifranquista.

El eje central del blaverismo es la contraposición de un supuesto valencianismo de carácter regionalista frente al “catalanismo”, que es como denominan al valencianismo estrictamente nacionalista. Otro de sus rasgos característicos es la confusión, intencional o no, de la identidad de los valencianos como pueblo con las señas de identidad propias de la ciudad de Valencia. Esto explica que apenas haya tenido trascendencia fuera del área de influencia de la capital, con la posible excepción de las comarcas del sur de la provincia de Alicante. Allí fue impulsado por Vicente Ramos, personaje vinculado a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia que promovía la artificial región Sureste; una región integrada por las provincias de Murcia, Almería y Alicante con la que aspiraba a distanciar al máximo Alicante de Valencia, tanto cultural como económicamente. Un valencianista de lo más insólito que, por cierto, resultó elegido diputado por Unión Valenciana-Coalición Popular en las elecciones generales de 1982 y que fue uno de los miembros más destacados de la secesionista Academia de Cultura Valenciana hasta su muerte en 2011.

No es posible hablar de blaverismo sin referirse a la fuerza de choque del movimiento y primera organización genuinamente blavera, el Grup d’Accio Valencianista (GAV), fundado en 1977 y que sostuvo una intensa actividad violenta desde 1978, generalmente en colaboración con grupos fascistas. De hecho, la línea divisoria entre el blaverismo y la ultraderecha clásica ha sido siempre, sobre todo a efectos prácticos, extremadamente difusa. Por otra parte, se ha especulado mucho sobre el papel de UCD en la consolidación del movimiento blavero, y lo cierto es que destacados militantes anticatalanistas han reconocido que UCD financió al GAV y se vanaglorian de haber sido un instrumento de éstos. Además, Rafael Orellano, primer presidente del GAV, fue concejal electo de UCD en el Ayuntamiento de Valencia en 1979.

Las elecciones de 1977 fueron ganadas ampliamente por la izquierda en el País Valenciano en claro contraste con la tendencia mayoritaria en el resto de España. En ellas los partidos genuinamente nacionalistas obtuvieron unos resultados bastante discretos, sin obtener ningún representante, pero lo cierto es que más allá del apoyo electoral explícito, la cuestión nacional había calado en un espectro social considerable, especialmente entre el electorado de izquierdas. Tras la derrota electoral es cuando UCD empieza seriamente a replantear su estrategia en tierras valencianas y a tender puentes hacia una maniobra anticatalanista ya iniciada por los sectores más nítidamente franquistas. Tampoco hay que olvidar lo que podía suponer para el establishment madrileño tener abiertos y fuera de control sendos procesos autonómicos en Cataluña y en el País Valenciano, máxime cuando en el caso valenciano empezaba a tomar fuerza una conciencia tendente a estrechar vínculos con sus vecinos del norte. Es significativo que en las elecciones de marzo de 1979, con el proceso de crispación anticatalanista ya plenamente consolidado, la ventaja de los partidos de izquierda en la ciudad de Valencia se redujera del 12,93% al 0,44% respecto a junio de 1977, es decir, en un espacio de tiempo de apenas veinte meses. Este desgaste también es perceptible en localidades de los alrededores de la capital, especialmente en las zonas sur y oeste, mientras que en el resto del País Valenciano el apoyo a la izquierda se mantuvo e incluso aumentó, como en el caso de la provincia de Castellón.

La expansión y consolidación del blaverismo en la segunda mitad de la década de 1970 no se entiende sin la amplia cobertura institucional, económica y mediática que recibió. Hoy resulta difícil concebir la absoluta impunidad con que llevaban a cabo amenazas constantes, boicots contra autoridades democráticas y todo tipo acciones violentas. Es muy dudoso que haya habido en la moderna democracia española algún fenómeno de estas características que no haya derivado en contundentes consecuencias judiciales. Tampoco hay que dejar de lado la actitud de partidos como UCD o Alianza Popular, por no mencionar otros como Fuerza Nueva o Unión Regional Valencianista, que se mostraron reacios a condenar dichas acciones cuando no fueron directamente cómplices de ellas.

Normalmente se observa una tendencia a desdramatizar, cuando no a obviar, los acontecimientos ocurridos en Valencia en aquellos años. Pero si atendemos únicamente a los atentados con bomba dirigidos contra el nacionalismo y la izquierda nos encontramos con una cifra que ronda la docena; y esto en un lapso temporal de unos tres años (1978-1981). La conclusión inevitable es que sólo una inmensa fortuna fue la responsable de que estos atentados no dejaran víctimas mortales. Es habitual oír que estas acciones fueron de poca entidad, que los artefactos eran bombas caseras. La prueba más evidente de que no fue así es el segundo atentado contra Joan Fuster (1981), que fue de una potencia y sofisticación muy notables y del que salvó la vida de puro milagro. También la bomba que explotó una semana después en el rectorado de la Universidad de Valencia fue bastante potente, como también lo fue la que estalló en el XIX Aplec del País Valencià (1978) dejando los servicios de la plaza de toros de Valencia completamente destrozados y que sin duda hubiera provocado daños fatales a cualquiera que pasara allí. Y esto por poner algunos ejemplos. Formalmente no se puede acusar a nadie de estos atentados, dado que las investigaciones, suponiendo que las hubiera, no prosperaron en ningún caso. No obstante, la entidad de los objetivos hace que las sospechas apunten automáticamente en la dirección de sus adversarios políticos. En todo caso, se observa una capacidad logística y operativa que hace difícil creer que éstos los cometieran incontrolados blaveros y/o fascistas de manera autónoma.

Mención especial merecen los hechos que rodearon la muerte del filólogo Manuel Sanchis Guarner. El lunes 4 de diciembre de 1979 sufre un intento de atentado con bomba; el artefacto era un paquete con medio kilo de pólvora prensada con metralla y envuelto en dos papeles de una marca de turrones que fue entregado a su esposa. El paquete levantó las sospechas del filólogo quien llamó a la Policía que procedió, según algunas versiones, a detonarlo de manera controlada. Días después aparecía publicada en el diario Las Provincias una carta del entonces presidente del GAV, Pascual Martín Villalba, en la que sugería, ante las sospechas sobre su posible implicación, que el incidente podía haber sido autoprovocado por el propio Sanchis Guarner. El 9 de junio de 1980 da comienzo el juicio contra Martín Villalba por presuntos delitos de injurias y calumnias; la acusación ganó este juicio, pero en un nuevo hecho insólito el Tribunal Supremo dictó finalmente sentencia, el 23 de noviembre de 1981, a favor de la defensa. Tres semanas después un infarto acababa con la vida de un Sanchis Guarner profundamente afectado por la sentencia.

Otra de las fórmulas habituales del activismo blavero fue el sabotaje de actos institucionales y el acoso a intelectuales y representantes electos de los partidos de izquierda. Algunos de estos episodios no pasaron de ser alborotos sin demasiada trascendencia, sin embargo hubo otros extraordinariamente graves. En no pocas ocasiones grupos de exaltados trataron de asaltar edificios oficiales armados con palos y cuchillos, también se consumaron numerosas agresiones físicas. En este sentido destacan los acontecimientos ocurridos el 9 de octubre de 1979, cuando estuvo a punto de producirse una verdadera tragedia ante la pasividad de los agentes de la Policía Nacional. Un episodio particularmente revelador es el que tuvo lugar el 14 de julio de 1980 en la sede de la Diputación Provincial de Valencia; entonces la Policía detuvo a cuatro personas aparentemente involucradas en una agresión al presidente de la Diputación que fueron puestas en libertad sin ni siquiera prestar declaración. Ésta fue la única ocasión en que hubo detenciones relacionadas con este tipo de hechos. En definitiva, la connivencia entre los violentos y las instituciones del Estado parece clara en este punto. Si a esto le sumamos que muchos alborotadores quedaron claramente identificados en un reportaje de la revista Valencia Semanal de finales de 1979, la conclusión es todavía más evidente.

Un último aspecto del blaverismo que cabe apuntar es el de su dimensión cultural. Desde mediados de los setenta fue conformando, fundamentalmente en Valencia, un denso tejido asociativo. En diciembre de 1976 se funda Promoción de la Cultura Valenciana S.A. (PROCUVASA), entidad de la que eran fundadores y accionistas figuras destacadas del empresariado valenciano. La dirección de la sede de PROCUVASA, en el número 9 de la calle Cronista Carreres de Valencia, pronto se convertiría en un punto de referencia para el blaverismo. Allí se instalaron el Consell Valencià -una réplica fantasma del Consell oficial-, la revista blavera Murta, el GAV, y, además, en los bajos de esta dirección se ubicaba la sede provincial de UCD. Por su parte, la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia (FCECRV), fundada en 1978, sería el paraguas que daría cobijo a organizaciones como GAV, el carlista Círculo Aparisi Guijarro, Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat y otros grupúsculos del blaverismo más radical.

En un plano más anecdótico, hay un episodio absolutamente delirante que da buena cuenta la enfermiza obsesión del blaverismo por desvincular la lengua catalana de su variante valenciana. A principios de los años ochenta circulaba por los ambientes secesionistas un tal profesor Bernard Weis del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Múnich. Este señor enviaba ponencias a conferencias, escribía artículos e incluso concedía entrevistas, siempre sustentando las tesis del secesionismo. Pues bien, en abril 1985 se reveló que en la Universidad de Múnich no conocían a nadie con ese nombre, en pocas palabras, que la existencia de la supuesta eminencia era pura fantasía. Por si esto fuera poco, el profesor Weis asistió, según Las Provincias, al I Congrés de Llengua Valenciana celebrado en Elche entre los días 17 y 19 de mayo del mismo año. Después nunca más se volvió a saber de él.

A partir de la década de 1980 el blaverismo, aunque persistió en sus actividades violentas, se canalizó políticamente a través de Unión Valenciana, partido fundado en 1982 entre otros por Miguel Ramón Izquierdo, último alcalde de Valencia durante la dictadura. Este partido se presentó en las elecciones de 1982 en coalición con Alianza Popular, y sería quien acabaría entregando al Partido Popular la alcaldía de Valencia (1991) y la Generalitat Valenciana (1995). En la actualidad, aunque formalmente no está disuelto, el partido ha terminado virtualmente fagocitado por un PP que acabó por integrar a muchos de sus dirigentes y asumiendo su discurso en una versión más ambivalente. El discurso secesionista también ha recibido el apoyo entusiasta de voceros del establishment madrileño como Federico Jiménez Losantos o César Vidal; asimismo, la Monarquía se ha empeñado en legitimarlo en contra de la opinión de la práctica totalidad de la comunidad científica especializada, así el Rey concedió a la secesionista Academia de Cultura Valenciana el título de Real en 1991.

En conclusión, es difícil ver en el blaverismo otra cosa que un instrumento de los sectores tradicionalmente hegemónicos de la burguesía valenciana que, estrechamente vinculados a Madrid, aspiraban y aspiran a preservar su hegemonía a cualquier precio.

Extractado y adaptado por el autor de su trabajo más extenso sobre el mismo tema:

RECUPERANDO LA MEMORIA. La violencia política en Valencia en los años de la Transición, 1977-1982

TerceraInformación

PúblicoTV, nuevo cuartel general de ‘La Tuerka’

Posted in Sociedad on 29/11/2013 by athelvok

El programa se emitirá de lunes a jueves con un nuevo formato. ¿Quién acompañará a Pablo Iglesias a los mandos del espacio?

PÚBLICO Madrid 29/11/2013 07:00 Actualizado: 29/11/2013 09:46

El exitoso programa de televisión La Tuerka regresará a las pantallas el próximo jueves 5 de diciembre. La Tuerka, la tertulia política presentada por Pablo Iglesias, comenzó sus andadas en la televisión comunitaria Tele-K para posteriormente emitirse desde Canal 33. Poco a poco han ido creciendo hasta convertirse en una referencia televisiva en las redes sociales, superando en seguidores a muchos otros programas de debate político de las televisiones generalistas. A partir de este curso, el programa se emitirá desde el plató de la redacción de Público.

Anuncian su regreso con un teaser en el que, referenciando a la aclamada serie The Newsroom, parecen insinuar que Iglesias no será el único presentador del programa. En el vídeo se deja en suspense la identidad de la persona que compartirá con Pablo la corbata roja, característica del presentador de La Tuerka. Ante nuestra insistencia en conocer el nombre del nuevo presentador del programa, Iglesias no suelta prenda y nos dice: “Tenemos preparadas muchas otras novedades para la audiencia, pero el nuevo presentador es algo que se desvelará a su debido tiempo”.

Y vaya si tienen novedades: el programa, que hasta ahora ha sido semanal, pasará a ser diario de lunes a jueves. “Tendrá dos formatos” dice Iglesias. “De lunes a miércoles el programa abordará las diferentes noticias del día dedicando al menos uno de los temas a asuntos de relevancia internacional; por otro lado, el jueves mantendremos el formato habitual de ahondar en un solo tema en lo que llamaremos En Clave Tuerka”.

Otra de las grandes novedades guarda relación con la emisión por Internet. A partir del jueves, La Tuerka emitirá a través del servicio de streaming de PúblicoTV. “Desde que empezamos en Tele-K siempre hemos recibido quejas sobre lo difícil que resulta ver en directo un programa entero por Internet. La mala calidad del servicio de streaming usado hasta ahora hizo que la mayor parte de nuestra audiencia esperase a verlo en YouTube. Pero ahora, siendo diario, entendemos imprescindible que la gente lo pueda ver al momento sin problemas, porque los programas perderán actualidad muy rápidamente” comenta Iglesias.

Pablo Iglesias, acostumbrado ya a los platós de televisión, se ríe cuando le preguntamos por el posible miedo escénico del estreno: “Mucho tiempo ha pasado ya desde la primera vez que nos pusimos ante los focos; el nerviosismo es algo que no nos podemos permitir ya”.

Público

¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?

Posted in Política, Sociedad, Terrorismo on 29/11/2013 by athelvok

La ley mordaza aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros

LAURA CAMACHO / PACO PARDO (EFE) Madrid 29/11/2013 15:58 Actualizado: 29/11/2013 16:03

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.

También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como ‘ley Corcuera’ o ‘de la patada en la puerta’:

INFRACCIONES MUY GRAVES (multa de 30.001 a 600.000 euros):

-Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.

-Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.

-Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):

-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.

-Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

-Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

-Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

-Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

-Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

-Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

-Perturbación del orden en campaña electoral.

-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.

-Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

-Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.

-La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

-Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

-Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.

-Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

-Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.

-Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

-Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.

-El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

-Las “cundas” o taxis de la droga.

-El cultivo de drogas.

-Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.

-Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

-Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

-Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.

INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):

-Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

-Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

-Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

-Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

-Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

-Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

-Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

-Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

-Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

-Entorpecer la circulación peatonal.

-Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

-Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Público

La economía destruida del alumno más aventajado de la troika

Posted in Economía, Estafa on 28/11/2013 by athelvok

Un empleado del Banco Popular (Laiki) intenta calmar a un grupo de ahorradores en marzo (Reuters).
Un empleado del Banco Popular (Laiki) intenta calmar a un grupo de ahorradores en marzo (Reuters).

27/11/2013 (06:00)

Chipre era una semidesconocida en las páginas de los medios económicos hasta hace apenas ocho meses. El país tenía problemas e iba a ser objeto de un rescate, pero pocos podían prever entonces la magnitud de la catástrofe isleña. Todo cambió el pasado 15 de marzo tras una reunión en una habitación de Bruselas. La troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, FMI) y Chipre gestaron allí el primer corralito de la historia de la Eurozona. Habían condicionado el rescate de 10.000 millones de euros acordado para el país a la ejecución de un bail-in en los depósitos no asegurados (superiores a 100.000 euros) de los bancos más importantes de la isla.

Los más perjudicados fueron los usuarios del Banco Popular (Laiki) y el Banco de Chipre (BdC), las dos mayores entidades del país sometidas a una severa reestructuración. El Laiki fue desmantelado, sus depósitos, asegurados, y sus activos saludables pasaron al BdC. En julio se decidió que la quita a las cuentas no aseguradas de esa última entidad fueran del 47,5%. El dinero ha sido convertido en acciones de escaso valor, dejando a miles de familias y empresas al borde de la quiebra ocho meses después del Día D.

“Es el primer país que cumple al 100%”

Chipre ha pasado con nota todas las evaluaciones de sus acreedores desde el rescate. De hecho, es el alumno más aplicado de la troika. “Es la primera vez que hemos visto a un país cumplirlo todo al 100%”, admitió recientemente una fuente de la Comisión Europea.

La gente no quiere gastar ni un euro y eso está lastrando la economía. No sabemos cómo puede evolucionar todo esto. Además, ahora las compañías extranjeras no aceptan vender a crédito, quieren todo el dinero ya y eso es muy difícil para nosotros Esas alabanzas no le han salido gratis al país: se han dado después de la aprobación de duras medidas de austeridad. El gasto estatal ha sufrido un recorte medio del 10%. Eso incluye la reducción por escalas del salario de los funcionarios en un 15% de media (sus sueldos estaban anteriormente entre los más altos de Europa) y el cierre de la contratación pública hasta 2016 para disminuir la carga del aparato estatal en los presupuestos.

No se han escapado partidas sensibles, como la de la sanidad. Se ha introducido un copago por acudir a hospitales de tres euros, o diez si es por urgencias, con muy pocas excepciones; se salvan de pagar los beneficiarios de pensionas públicas. “Antes todo el mundo iba gratis al médico, aunque tuvieran millones, pero ahora van a pagar progresivamente”, explicó el presidente conservador, Nikos Anastasiadis, durante una reciente reunión con la prensa internacional.

El Gobierno ha llegado a felicitarse por haber aprobado más medidas que las requeridas por sus acreedores: “Hemos visto esta crisis como una oportunidad para reestructurar completamente nuestro sector público”, admitió el ministro de Economía, Haris Yeoryiadis. “El memorando (con la troika) nos pidió un déficit del 4,5%, pero en nuestro presupuesto (para 2014) está fijado el 3%”, añadió el joven funcionario. Admitió, aun así, que el próximo año será incluso más difícil para los chipriotas.

Tanto él como el resto del Ejecutivo consideran un éxito la recapitalización bancaria del país. Hasta 5.000 millones de euros procedentes del rescate están todavía a disposición de Nicosia. Eso permite a Chipre descartar la petición de más ayuda en los próximos meses y le proporciona un colchón considerable ante posibles nuevas exigencias de sus acreedores.

Un grupo de manifestantes en contra de la 'troika' protestan en Nicosia (Reuters).

Un grupo de manifestantes en contra de la ‘troika’ protestan en Nicosia (Reuters).

Una economía destruida

Las condiciones del bail-in han afectado seriamente a la economía chipriota, aunque en las últimas semanas ha empezado a verse el vaso sólo medio vacío. La troika cree que el PIB se contraerá un 7,7% este año y un 4,8% el próximo, antes de comenzar a recuperarse en 2015. Esos datos mejoran las anteriores previsiones: los acreedores de Chipre habían pronosticado una caída de 8,7 puntos en el PIB para 2013 y del 3,9% el año próximo. Nicosia es incluso más optimista: cree que el PIB no caerá más de un 6% este año.

Ese positivismo no es compartido por todos. “El ministro de Economía está desesperado por mostrar estabilidad, pero parece que vamos a tener una recesión duradera en vez de una rápida que se recupere de manera veloz”, explica a El Confidencial el periodista Grigoris Persianis, editor del semanario chipriota Kathimerini.

El cierre del grifo del crédito ha afectado sobre todo al sector privado, influyendo decisivamente en la supervivencia de las empresas. A los expertos les preocupa el surgimiento de una gran brecha entre el sector público, donde el empleo y los sueldos siguen siendo más o menos estables, y el privadoLos expertos señalan el creciente paro como uno de los obstáculos para el crecimiento: el desempleo afecta ya al 17,1% de la población. Esa tasa ha crecido tres décimas desde el inicio del rescate, algo inaudito en una isla acostumbrada en las últimas décadas a tasas de desempleo inferiores al 6%. El problema se deriva del bail in. “Estamos destruyendo muchas empresas sanas porque perdieron su dinero cuando utilizaron sus depósitos para recapitalizar los bancos”, lamenta Marios Tsiakkis, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria chipriota.

Muchos temen también que el espectacular incremento de la deuda pública (equivaldrá al 127% del PIB en 2015 cuando en 2012 suponía el 86,6% del PIB) pueda frenar las provisiones destinadas a la recuperación.

Escaparates vacíos

Ese retroceso económico ha comenzado a notarse en las calles del país. Muchos comercios han bajado la persiana de manera temporal o definitiva. En las zonas comerciales, sobre todo en los suburbios, cada día hay más escaparates vacíos. Quienes mantienen su negocio abierto han visto cómo la clientela ha descendido de forma alarmante. “La gente no quiere gastar ni un euro y eso está lastrando la economía”, explica a El Confidencial Mikele Athanasopoulos, un farmacéutico de la capital, Nicosia. Sus ingresos han descendido entre un 20% y un 30% desde el corralito.

“Siguen gastando más o menos lo mismo en medicinas, pero el material de herbolario, las cremas y el resto de productos accesorios ya no se venden. Ni siquiera las solares. No sabemos cómo puede evolucionar todo esto”, comenta, destacando la incertidumbre sufrida por los empresarios isleños. Se queja, además, de las dificultades impuestas por las compañías extranjeras y locales: “Ahora las farmacéuticas no aceptan vender a crédito, quieren todo el dinero ya y eso es muy difícil para nosotros”, destaca Mikele.

“Las líneas de crédito se han roto”

El Gobierno tiene sobre la mesa la dura labor de encontrar soluciones al sufrimiento de esos pequeños empresarios. Muchos son los problemas a resolver. Uno de los más importantes es la reactivación del crédito bancario tras la recapitalización de las entidades del país, un punto especialmente relevante tras la incertidumbre creada por el recorte en el gasto público: “Las líneas de crédito se han roto y las compañías que dependen de ese dinero están en problemas. Tenemos empresas que no pueden cubrir su demanda por la falta de crédito”, admite el ministro Yeoryiadis.

“Los problemas son muchos. No hay dinero en el mercado ni liquidez. El interés de los préstamos es todavía alto y eso crea un problema de competitividad”, aclara Tsiakkis, secretario general de la Cámara de Comercio e Industria.

El cierre del grifo de los préstamos ha afectado sobre todo al sector privado, influyendo decisivamente en la supervivencia de las empresas. Eso crea otro rompecabezas. A los expertos les preocupa el surgimiento de una gran brecha entre el sector público, donde el empleo y los sueldos siguen siendo, a pesar de los recortes, más o menos estables, y el privado. “En este país hay 70.000 empleados del sector público y 70.000 parados. Los salarios del sector público son 1,5 veces mayores que los del privado”, comenta Persianis. Esa diferencia está incrementándose aún más con los problemas derivados del corralito.

Ciudadanos chipriotas hacen cola ante un cajero automático en Nicosia (Reuters).

Ciudadanos chipriotas hacen cola ante un cajero automático en Nicosia (Reuters).

Los sucesos del pasado marzo han tenido, además, incidencia en el turismo: el Gobierno estima que el número de llegadas al país descenderá un 5% en 2013, con las consiguientes pérdidas para un sector privado ya al borde del precipicio.

Todos esos problemas han contribuido a aumentar el número de personas necesitadas de ayuda social. Por primera vez desde 1974 se han visto colas en los comedores de la beneficencia, como explica la periodista Dorita Yiannakou, quien califica de nociva la falta de confianza en las soluciones dadas hasta ahora por los políticos. “Todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo y muchos graduados no dudan en salir del país”, explica.

No ayuda la crisis política surgida por el desencuentro entre el presidente Anastasiadis y el gobernador del Banco Central, Panikos Demetriadis. El Gobierno le acusa abierta y veladamente de ser uno de los causantes del desastre del país al no haber evaluado correctamente la situación desesperada del Laiki Bank antes del corralito.

El gas, la gran esperanza

Solucionar esos problemas requiere nuevos planes económicos. El Ejecutivo no oculta su intención de darle la vuelta al modelo de la isla en los próximos años. Las finanzas chipriotas están profundamente centradas en los servicios. El sector terciario, con una gran prevalencia en el comercio al por mayor, los servicios financieros y el mercado inmobiliario, contabiliza el 82,6% de la producción.

Los geólogos creen que en las aguas de la zona podrían esconderse hasta 200.000 millones de metros cúbicos de gas. La compañía Noble Inc ya ha confirmado la existencia de un depósito que puede independizar energéticamente a la isla durante los próximos 250 años y suponer ingresos anuales cercanos a los 1.000 millonesEl Consejo de Ministros confía en poder dar una mayor importancia al sector energético (hasta ahora superaba por poco el 2% del PIB) para cambiar el rumbo de la isla. “Podemos ser los campeones comunitarios en energías renovables. Cada vez que salgo de la capital, veo a más personas invirtiendo en energía solar”, desvela el ministro Yeoryiadis.

La gran esperanza del país, sin embargo, es el gas. Los geólogos creen que en las aguas de la zona exclusiva económica chipriota podrían esconderse hasta 200.000 millones de metros cúbicos de gas. La compañía norteamericana Noble Inc. ya ha confirmado la existencia de un depósito que puede independizar energéticamente a la isla durante los próximos 250 años y suponer un ingreso anual cercano a los 1.000 millones de euros durante 14 años. Chipre se convertiría así en la nueva Noruega europea. Los prestamistas del país han optado, aun así, por no contar con esas estimaciones. Existen dudas razonables sobre cuánto podrá extraerse finalmente, la calidad de los hallazgos y los plazos de extracción.

Una de las mayores polémicas con respecto al gas surge por la oposición de Turquía a su extracción si Chipre no se reunifica. La isla está dividida de facto en dos estados, uno grecochipriota, al sur, y uno turcochipriota, al norte, desde 1974, cuando el ejército turco invadió el lugar como respuesta a un golpe de Estado que pretendía unificar a Chipre con Grecia.

Ankara cree que los turcochipriotas del norte tienen derecho a disfrutar de los beneficios de ese gas y ha amenazado con enviar barcos de guerra a la zona si comienzan las extracciones. “Chipre es un país independiente reconocido por Naciones Unidas y los pozos descubiertos están en la zona sur de la isla. Turquía no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, el gas sería un incentivo positivo para reunificar la isla”, comenta Jaris Papacharalambous, director general de la Agencia para la Promoción de la Inversión en Chipre.

El proyecto gasístico chipriota incluye la construcción de una planta de tratamiento y transformación del gas en suelo isleño. Se haría en cooperación con Israel, país rico en gas y socio de Chipre en el mercado energético. También está cercana la finalización de un cable submarino que conectará a la isla con Grecia e Israel para transportar electricidad barata.

Por primera vez desde 1974 se han visto colas en los comedores de la beneficencia. Todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo y muchos graduados no dudan en salir del paísOtro de los grandes retos chipriotas es la construcción de casinos para atraer más turistas. Esas atracciones habían estado prohibidas en el país hasta hace unos meses. Ahora, son parte importante del plan para recuperar la isla. “Estamos buscando inversiones para crear un gran complejo de ocio”, explica el ministro de Energía, Comercio, Industria y Turismo, Yorgos Lakkotrypis.

El objetivo del Gobierno es, en definitiva, atraer a los inversores. “Las compañías no se han ido de Chipre, es el capital lo que se ha marchado pero las empresas internacionales siguen aquí. Hay que basar el país en cuatro pilares. El sector naval (supone actualmente el 7% del PIB), el turismo, los servicios financieros y el nuevo aporte que dará la energía”, comenta el presidente Anastasiadis.

A muchos les preocupa que la mayoría de los proyectos del llamado ‘nuevo modelo’ económico sean costosos, inciertos y a largo plazo “Tardarán años en ser terminados. El gas, por ejemplo, puede ser una maldición si no tomamos ya las medidas estructurales que debemos tomar”, explica Mijalis Attalides, rector de la Universidad de Nicosia.

La fuga de capitales: el golpe de gracia

Otro de los obstáculos para Chipre es la existencia de medidas de control de capitales ocho meses después del corralito. La mayoría se ha levantado, pero otras perviven, como la imposibilidad de retirar más de 300 euros al día de los cajeros. El Gobierno no planea acabar con ellas por lo menos hasta la próxima primavera.

Aun así, muchos chipriotas no están sacando el dinero de sus cuentas: saben que una fuga de capitales podría suponer el golpe de gracia para el país. “Si todo el mundo saca su dinero del BdC, la entidad caerá y lo perderán todo”, reflexiona el periodista Persianis. También podría haber un motivo económico: el Banco de Chipre sigue dando un rendimiento del 3% anual en sus depósitos. La confianza en las entidades financieras, eso sí, no pasa por su mejor momento.

La corrupción y el blanqueo

Poco se comenta ahora sobre ello, pero una de las razones para pedir la reforma económica de Chipre el pasado marzo fue la aparente laxitud en la regulación e inspección de las operaciones financieras de esos bancos y las empresas. La isla fue acusada de ser un centro de lavado de dinero internacional, especialmente tras la publicación en la prensa de Alemania de un informe elaborado por la inteligencia teutona apuntando ese extremo. Se señaló especialmente a la comunidad rusa de la isla por negocios fraudulentos.

“Lo que se contó fueron mentiras e infamias. Hay pruebas de ello porque, antes de que se firmase el memorando, la Unión Europea había venido con una compañía privada y demostró que no había nada de eso”, explica el presidente Anastasiadis. Las conocidas auditoras Deloitte y Moneyball habían realizado varios exámenes a las finanzas de la isla sin encontrar graves casos de malversación.

Si el objetivo era la mafia rusa, a quien urdió el plan le podría haber salido el tiro por la culata. Seis rusos fueron elegidos como miembros de la mesa directiva del BdC tras la reconversión de parte de los depósitos de la entidad en acciones. Uno de ellos es un posible exagente del KGB aliado de Vladimir Putin.

Dos hombres de negocios rusos fuman en un restaurante en Limassol (Reuters).

Dos hombres de negocios rusos fuman en un restaurante en Limassol (Reuters).

Sin disturbios… por el momento

Todos estos problemas inquietan a los chipriotas, pero, por ahora, no les animan a tomar las calles. Los políticos isleños no han visto disturbios ni protestas, a pesar de la aprobación de grandes medidas de austeridad y el surgimiento de una gran recesión en el país. “Hay una gran aversión a la violencia desde la invasión de 1974. La gente sabe que, aunque las cosas están mal ahora, pueden ir todavía peor”, explica Attalides.

“Nosotros somos griegos, pero vivimos en Chipre, y tenemos distintas mentalidades”, comenta Anastasiadis. Eso no evita que muchos piensen que su país ha sido parte de un experimento internacional. También el presidente lo cree. “Les hemos dado la oportunidad de utilizarnos. Nos pusimos en una condición en que pudieron usarnos como un experimento”, lamenta.

ElConfidencial

 

El “gobierno oculto sin control” de EU, según The Washington Post. Por Alfredo Jalife-Rahme

Posted in Alfredo Jalife-Rahme, Economía, EEUU, Geopolítica, Internet, Manipulación, Opinión, Sociedad, Tecnología on 27/11/2013 by athelvok

Alfredo Jalife-Rahme
Foto

Una mujer se cubre con una máscara con el rostro de Edward Snowden, durante una manifestación ante la embajada estadunidense en Berlín, en julio pasado. Foto Reuters

Dios no juega a los dados, como en alguna ocasión profirió el astrofísico Einstein. Pero tal parece que el Estado ciberpoliciaco global de Estados Unidos se empeña en jugar a los dados y en pretender su ascendencia divina para arrogarse el derecho transcendental de espiar a tirios y troyanos bajo la coartada preventiva del hollywoodense 11-S.

Antes de ser colocado al frente de la Inteligencia Nacional presidencial, James Clapper rechazó mediante una metáfora divina las críticas sobre los enormes puntos ciegos y la falta de coordinación del mastodonte cibernético creado para administrar el Sistema de Análisis y Programación (SAP): Solamente existe una entidad en el universo entero que tiene la visibilidad en todo el SAP: Dios.

Con el destape heroico por Edward Snowden de la cloaca del ciberespionaje de la NSA y su insoportable pestilencia (adscrito al Cibercomando de Estados Unidos), Tim Shorrock y Pepe Escobar (Ver Bajo la Lupa, 26/6/13) han citado profusamente la célebre investigación seriada, que tomó dos años, de The Washington Post sobre el organigrama ominoso del mundo del espionaje responsable de la seguridad de Estados Unidos (18, 19, 20 y 21/7/12 y 20/12/12), realizada por Dana Priest –ganadora de dos premios Pulitzer– y el experto militar William M. Arkin, con la colaboración de dos docenas de investigadores.

The Washington Post creó un blog ex profeso para actualizar la cobertura periodística.

El rotativo, portavoz del establishment, “exploró la redundancia y el difícil manejo de las agencias top secret del gobierno” que fueron creadas en reacción al paradigmático 11-S debido a su gigantismo, inasibilidad y esoterismo (sic): nadie (sic) conoce cuánto dinero cuesta, cuántas personas emplea o si hace más seguro a Estados Unidos. ¡Uf!

Entre los hallazgos culminantes destaca que “alrededor (sic) de mil 271 organizaciones gubernamentales y mil 931 empresas privadas trabajan en los programas top secret relacionados con contraterrorismo, Seguridad del Hogar, y espionaje en más de 10 mil (sic) locaciones en todo Estados Unidos”.

Más de 850 mil estadunidenses (1.5 veces la población de la capital federal) cuentan con la acreditación top secret.

La redundancia y el traslape constituyen sus principales problemas: síntoma de la falta de coordinación entre las agencias.

En el área de Washington solamente se construyen 33 complejos de edificios o han sido construidos desde el 11-S: ocupan en su totalidad el equivalente de casi tres Pentágonos o 22 Capitolios.

Cada una de las casi 2 mil empresas (con más de 750 millones de dólares de ingresos), y 45 organizaciones gubernamentales tienen una página de perfil con información básica sobre su papel en Top Secret America.

La segunda parte de la serie aborda la dependencia del gobierno en los contratistas privados (sic), lo cual está degradando la calidad de la fuerza laboral federal. Los directivos de las agencias de espionaje no conocen necesariamente cuántos contratistas (sic) trabajan para ellos, pero The Washington Post conjetura que ascienden a 265 mil (¡supersic!).

La tercera parte de la serie se enfoca en el impacto económico y cultural de una elevada concentración del trabajo top secret en una comunidad contigua a NSA, donde la expansión continúa con una baja tasa de desempleo, mientras el resto del país lucha con la recesión, cuando NSA contempla expandir en dos terceras partes su presente tamaño en los próximos 15 años.

La primera parte de la serie, Un mundo oculto que crece más allá del control, trata de una geografía alternativa alejada del escrutinio público y carente de supervisión cuidadosa.

Después de nueve años de gasto excesivo, ¿cómo se puede determinar su efectividad?

La duplicidad de funciones: muchas agencias de espionaje y seguridad realizan el mismo trabajo, lo cual crea redundancia y despilfarro. Así, 51 organizaciones federales y mandos militares, que operan en 15 ciudades de Estados Unidos, rastrean el flujo de dinero de las redes terroristas.

Se publican alrededor de 50 mil reportes (¡supersic!) de espionaje por año: un volumen tan amplio que muchos son ignorados rutinariamente.

En el Departamento de Defensa, “donde se encuentran más de dos tercera partes de los programas de espionaje, sólo un puñado de funcionarios de alto rango –los súper usarios (sic)– tienen la facultad de conocer todas las actividades”.

El teniente general retirado John R.Vines diagnostica que la complejidad del sistema desafía la descripción, debido a que carece de sincronización, lo cual resulta en disonancia de mensajes. Lo peor: no se puede garantizar que Estados Unidos sea más seguro. ¿Entonces?

Antes de retirarse, Bob Gates, ex secretario del Pentágono, afirmó que obtener datos precisos (sic) es algo difícil.

El organigrama se sobrextendió nueve años después del 11-S.

El Cruce Libertad es el apodo donde se encuentran las dos matrices de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional (que depende del presidente) y su Centro de Contraterrorismo Nacional. Allí trabajan mil 700 empleados federales y mil 200 contratistas privados. Su misión es derrotar a los violentos extremistas trasnacionales.

El presupuesto de espionaje en Estados Unidos es del orden de 75 mil millones de dólares: 2.5 veces el tamaño antes del 11-S.

El personal también se ha duplicado. Con tantos empleados, unidades y organizaciones se decidió crear la agencia Oficina del Director de la Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) –cuyo primer director fue John Dimitri Negroponte, ex embajador de Estados Unidos en México–, con responsabilidades supremas y para controlar al monstruo burocrático.

La región de Washington es la capital de Top Secret America, donde se ubica la matriz de la Agencia Nacional de Espionaje Geoespacial, con 8 mil 500 empleados que analizan las imágenes y el mapeo de la geografía terrestre.

En las entrañas de la megalópolis del espionaje se ubica el Centro de Análisis de Servicio Subterráneo, que identifica los centros de comando subterráneos foráneos asociados con armas de destrucción masiva y grupos terroristas; aconseja a los militares cómo destruirlos.

Los analistas, de entre 20 y 30 años de edad (la edad de Snowden), ganan entre 41 mil y 65 mil dólares al año, pero su grave problema es jerarquizar y compartamentalizar la colosal base de datos, ya que la falta de compartir la información ha sido la causa principal para frustrar ataques.

Entre las principales agencias de inteligencia, por lo menos dos grandes comandos militares reclaman un papel fundamental en la ciberguerra, que es muy difícil de coordinar, según Leon Panetta, anterior director de la CIA.

Cada día los sistemas colectores de la NSA interceptan y almacenan mil 700 millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas y otro tipo de comunicaciones, una de cuyas fracciones es asignada en 70 bases de datos separadas. El problema es que no existen suficientes analistas y traductores para tanta información capturada. Este es el mundo donde se movía Eduard Snowden y que dio a conocer en forma explosiva.

¿Cuál será la reacción de los ciudadanos del mundo, ya no se diga la sociedad estadunidense, enjaulada en la virtual cárcel cibernética del orwelliano Estado Google (Bajo la Lupa, 23/6/13) que busca aniquilar la privacidad de los individuos?

LaJornada

¡Peligro en Botsuana!: ahora no es el Rey, es la fracturación hidráulica

Posted in Estafa, Fracking, Gas esquisto, Medio ambiente on 27/11/2013 by athelvok

El fracking también amenaza la reserva del Kalahari

A la ya sabida extracción de diamantes iniciada en los años ochenta en Botsuana, se ha impulsado la fracturación hidráulica, que afectaría a la reserva del corazón del país

GuinGuinBali – Javier Domínguez Reguero (Malaui)

26/11/2013 – 20:03h

Imagen de archivo de la reserva de la Reserva de Caza del Kalahari Central./ Chris Merwe

Imagen de archivo de la Reserva de Caza del Kalahari Central. / Chris Merwe

La fracturación hidráulica amenaza a la Reserva de Caza del Kalahari Central. A la ya sabida extracción de diamantes iniciada en los años ochenta en Botsuana, se une el impulso de una nueva actividad conocida como fracking, que afectaría a la reserva del corazón del país y puede provocar la disminución de los ya de por sí escasos recursos de agua con los que cuentan los bosquimanos, la comunidad que habita en este desierto africano.

La organización  OSISA (Open Society Iniciative for Southern Africa)  desveló el pasado lunes los planes del Gobierno botsuano con un mapa de las concesiones realizadas en la Reserva de Caza del  Kalahari Central. En esta publicación, de la que también se ha hecho eco  el periódico inglés The Guardian, se explica cómo se han otorgado licencias comerciales para la extracción de gas que pueden poner en peligro la segunda reserva más extensa del mundo.

El fracking es la fracturación hidráulica de la roca para extraer gas natural. Para la consecución del gas, es necesario excavar pozos en los que se inyectan millones de litros de agua combinados con diversos productos químicos. El proceso contamina las aguas subterráneas, lo que puede provocar la pérdida de los limitados recursos de agua de que disponen los bosquimanos. Además, esta práctica aumenta la emisión de gases perjudiciales a la superficie y puede ser causa de temblor sísmico.

Activistas y organizaciones ecologistas ya se han pronunciado contra estas concesiones e incluso existe un documental,  The High Cost of Cheap Gas, que informa sobre las graves consecuencias que la fracturación hidráulica puede tener en el medio ambiente.

Ante estas acusaciones, el Gobierno de Botsuana negaba cualquier tipo de fracturación hidráulica en la Reserva de Caza de Kalahari Central el pasado martes. “Actualmente no existen operaciones de fracking en el país, con excepción de distintas perforaciones de exploración de varias compañías”, mantenía el ministro de Minerales, Energía y Recursos Hídricos, Onkokame Kitso Mokaila.

Sin embargo, la compañía sudafricana Sasol hacía público en su página la participación conjunta en tierras botsuanas con la multinacional energética australiana Origin Energy. Esta noticia desvela que las empresas han obtenido tres licencias para “determinar la cantidad de gas natural disponible y su  viabilidad para su futuro desarrollo comercial”. Su duración es de dos años y permiten estas actividades a lo largo de aproximadamente 3000 km2 en la región central de Botsuana.

Incluso el propio director de desarrollo de gas de Sasol, Steve Boden, comunicó que no se les requirió ningún tipo de plan de gestión ambiental para la obtención de las licencias. Con el Gobierno local intentando desmentir estas afirmaciones, los bosquimanos desconocen estas intenciones que ponen en peligro su hábitat. El pueblo indígena puede ahora ser testigo de la verdad de sus expulsiones de la reserva. Las intenciones del Gobierno de mejorar la vida de los bosquimanos y la excusa de que su estilo de vida de caza y recolección daña el ecosistema se convierten en pretextos que esconden intereses económicos y políticos.

Con los problemas derivados de la fracturación hidráulica, serán los propios bosquimanos los que no tengan más remedio que abandonar sus tierras. El uso de compuestos químicos para facilitar la degradación de la roca es necesario en la extracción del gas. Este vertido contamina las aguas subterráneas, por lo que pozos de agua potable utilizados por los bosquimanos pueden quedar obsoletos. Otra de las consecuencias directas del fracking es la contaminación del aire. Entre un 20% y un 50% del agua empleada en la extracción vuelve a la superficie trayendo gas metano, entre otros metales pesados, muy perjudicial para la atmósfera y que aumenta el calentamiento global.

Además, la proliferación de multinacionales interesadas en la extracción de gas ha provocado que el propio Gobierno de Botsuana ponga en peligro uno de sus atractivos turísticos. El impacto medioambiental que puede sufrir la región central del país es un revés para la Reserva de Caza del Kalahari Central. El parque nacional puede verse invadido por plantas energéticas, pozos y tuberías, y animado por el ir y venir de camiones de gran tonelaje necesarios para transportar el gas extraído.

A la vez que el Gobierno botsuano arremete contra la organización Survival Internacional por boicotear su sector turístico con la campaña en defensa de los bosquimanos “Yo no voy a Botsuana”, es el propio Ejecutivo quien paradójicamente puede ser el responsable de la caída de esta industria.

eldiario.es

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