Brasil: El gobierno busca expulsar comunidad Munduruku para construir represa hidroeléctrica

13/08/2013

PIA.- El Estado brasileño arremetió una vez más contra poblaciones indígenas del Estado de Pará que se oponen a la construcción de represas hidroeléctricas en sus territorios. Ayer la fuerza nacional y los técnicos del Ministerio de Minería y Energía arribaron a la región de manera prepotente para forzar los trabajos previos que posibiliten la implantación de estas represas, cuya construcción inundaría las aldeas y las tierras habitadas por sus comunidades.

Aviones y tropas de la Fuerza Nacional se movilizaron a Jacareacanga municipio al sur de Pará, con el fin de garantizar el ingreso de 130 técnicos al territorio indígena Munduruku cuya tarea es realizar los estudios previos para la realización de dos usinas hidroeléctricas. Miembros de esta comunidad denunciaron ejercicios de guerra como vuelos rasantes y el movimiento de tropas en puntos estratégicos de la ciudad.

La movilización de semejante aparato militar radica en la férrea defensa que los Munduruku hicieron de sus territorios. En junio de este año 150 personas del pueblo secuestraron a 25 técnicos enviados por el gobierno, los cuales fueron puestos en libertad a la brevedad y expulsados del lugar.

Maria Leusa, miembro de la comunidad Munduruku denunció que “el gobierno quebró el acuerdo y quiere imponer el proyecto contra nosotros. Pero vamos a resistir. Si esas usinas entrasen, nuestras aldeas serán inundadas. Nuestros lugares sagrados serán inundados. Entonces es hasta absurdo que tengamos que escuchar decir que los técnicos no están ingresando al territorio.”

El gobierno local que también forma parte del PT combina esta represión con la infiltración dentro de las organizaciones Munduruku con el objetivo de desarticularlas. El día 3 de agosto la asociación Pusuru llamó a una reunión para apoyar el movimiento de resistencia contra los proyectos de la usina. De la misma participaron cerca de 83 caciques que se movilizaron hasta Jacareacanga. Sin embargo el prefecto de la ciudad, Raulien Querioz, irrumpió en el lugar acompañado de policías fuertemente armados junto con representantes vecinales y asesores políticos. El gobernante y sus allegados prohibieron la discusión sobre la usina y operaron sobre la asamblea para forzar la destitución de la mayoría de los representantes que se oponían a las construcciones promovidas por el gobierno de Dilma.

 No es la primera vez que el gobierno de Dilma envía a sus tropas armadas a atacar a las comunidades indígenas y de descendientes de los quilombolas, esclavos africanos y nativos que huyeron de sus cadenas y se organizaron en los quilombos. Las grandes corporaciones del agronegocio autóctono y foráneo intentan imponer la voracidad del lucro frente al derecho soberano de estos pueblos y el gobierno de Dilma ha sido su brazo ejecutor. En todos estos enfrentamientos siempre hubo intereses económicos como bandera como la extensión de la frontera agrícola y la concentración de las tierras productivas, el aumento de la tala indiscriminada en el Amazonas y la extracción compulsiva de los recursos naturales mediante la implantación de grandes infraestructuras mineras, petroleras, hidroléctricas, etc. En todos estos casos los pueblos originarios se verían condenados a la pobreza, al exilio o al exterminio.

El año pasado la policía federal invadió las comunidades Munduruku, destruyó sus viviendas, la escuela, el puesto de salud, los barcos, el sistema de comunicación y todos los instrumentos de trabajo de los indígenas. Durante estas acciones el joven Adenilson acabó asesinado, ejecutado con un tiro en la cabeza. La excusa policial para tamaña violencia fue que los pobladores estaban practicando la minería en forma ilegal. A  estas provocaciones se suma la impunidad con que obran los terratenientes –fazendeiros– que acostumbran asesinar a los indígenas que se resisten a abandonar sus tierras y defender sus derechos. En 2012 hubo más de 60 miembros de pueblos originarios muertos en enfrentamientos con el Estado o con los fazendeiros.

Según explica la periodista Elaine Tavares, el poder político modificó las leyes brasileras para acomodarlas en beneficio del agronegocio. “En 2012 la Comisión Constitucional y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la Enmienda Constitucional 215, un tremendo retroceso legal articulado por las bancadas de los ruralistas y de los evangélicos. Con esa enmienda queda en manos de los diputados la decisión sobre la titulación de las tierras, no sólo de los indígenas sino también de los quilombolas. Esas bancadas son representaciones del capital internacional concretizado en empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Cargill y otras, todas ligas al agronegocio, que vienen abriendo nuevas fronteras agrícolas en estados como Mato Grosso do Sul y Amazônia, espacios donde todavía habitan muchos indios.”

Tavares señala a su vez cuáles son las consecuencias para las comunidades locales que viven en territorios codiciados por estas corporaciones. “El hecho es que los indígenas brasileños están colocados en el medio de un proceso algunos economistas llaman neo-desarrollismo y que los medios denominan progreso. En ese universo están las hidroeléctricas –son 40 sólo en la región amazónica-, el crecimiento de la frontera agrícola, la elección del monocultivo predatorio, la explotación de materias primas como los minerales. Todo eso exige la desocupación de las tierras donde viven los indígenas. El argumenot para eso es que ellos están trabando el proceso de crecimiento y que es preciso que se sacrifiquen por la nación. O podría ser más cínico. Y en esa guerra de intereses el Estado ya demostró que esta de rodillas ante los latifundistas.”

Fuente: http://www.noticiaspia.org/brasil-el-gobierno-busca-expulsar-comunidad-munduruku-para-construir-represa-hidroelectrica/

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